No cabe
duda que el actual gobierno federal esta salado. Mal y de malas, por decirlo de
forma amable. Las filtraciones conocidas como “Panamá Papers” han vuelto a
poner en el ojo del huracán al gobierno federal y cuestionar su indolencia en
el manejo del tema de la corrupción, la transparencia y el estado de derecho.
Si algo
les ha salido bien es apostarle al olvido a los asuntos “difíciles” y todo
parecía que ya habían librado el tema de la “casa blanca”, la casa de Malinalco
o el presunto conflicto de interés por mantener relaciones de preferencia con
notables empresarios afines al gobierno de Peña Nieto desde su paso por el
Estado de México.
Y es
que nuevamente saltó a la opinión pública el dueño del Grupo Higa al aparecer
en la base de datos como cliente del despacho panameño de abogados “Mossak
Fonseca”, dedicado a gestionar empresas “off shore”; es decir, bajo esquemas
que permiten la elusión fiscal en distintos países gracias a legislaciones
laxas que permiten el secreto bancario y el anonimato de quienes aparecen como
socios de aquellas “figuras jurídicas” creadas por este importante grupo de
abogados que, entre sus clientes distinguidos, lo mismo hay deportistas,
políticos, artistas de renombre
internacional y hasta delincuentes conocidos: ahí aparece Caro Quintero y una
empresa denominada Montecarlo SA de CV que operó en los años ochenta, por citar
un ejemplo.
En los
documentos se puede advertir que Grupo Higa abrió una empresa en Panamá con la
cantidad de 100 millones de dólares (mdd), en efectivo, con la intención de
“protegerlos” en un esquema propicio para, aparentemente, no declarar
impuestos. Esta suma es una cantidad bestial de dinero en efectivo. Representa
la mitad del dinero incautado al chino Zen Li Ye Gon en Lomas de Chapultepec,
por ejemplo.
No
pasaría nada si solo se tratara de “filtraciones” que de forma maliciosa
alguien realizara con el afán de perjudicar al despacho Mossak Fonseca al
estilo Wikileaks; inclusive, como declaró Aristóteles Núñez, mandamás del
Sistema de Administración Tributaria (SAT) en nuestro país, no tiene nada de
malo que cualquier persona o empresario pueda acceder a estos esquemas de
“ingeniería financiera” siempre y cuando haya pagado sus respectivos impuestos.
Pero este es el tema de fondo: ¿Cómo es posible que un empresario mexicano,
beneficiario del actual gobierno y vinculado a casos de aparente corrupción,
pueda gestionar una empresa en un paraíso fiscal con 100 mdd en efectivo? ¿Un
mes después de haber sido absuelto por Virgilio Andrade por el tema de
conflicto de interés…? El asunto no es
menor.
Paradójicamente,
otra vez con el Grupo Higa en medio, al gobierno federal se la abre otra
oportunidad para lavarse la cara si enfrenta de manera correcta el problema de
la corrupción, el conflicto de interés y el estado de derecho. Máxime, cuando
la indolencia que han mostrado en estos temas contribuye en gran medida a los
bajos niveles de aceptación, credibilidad y cuando el país se mantiene en
picada en una espiral de poco crecimiento y expectativas económicas.
Por
otro lado, también se trata de un momento clave en esta materia: justo ahora
están detenidas en el Congreso las iniciativas para el “Sistema Nacional
Anticorrupción” y la iniciativa ciudadana denominada “Ley 3 de 3” que apuntan
precisamente en ese sentido.
Mal y
de malas. En medio de este escándalo internacional se decide el futuro de la
planta armadora de autos KIA Motors, en Nuevo León, donde también el eje de la
discusión es el conflicto de interés y la corrupción.