Las
libertades económicas, un concepto con cierto sentido esotérico para la cultura
económica y política del venezolano, han recibido del gobierno y sus agentes
legislativos un zarpazo casi definitivo. Más allá de la retórica oficial
expuesta en la Ley, el régimen crea mecanismos legales para penar y culpar al
empresario de la persistente inflación producida por el mismo gobierno por
indisciplina fiscal e inutilidad institucional del Banco Central de Venezuela.
Ese marco legal, pero inconstitucional, coloca al gobierno en un campo fértil,
políticamente hablando, para una cacería de brujas dirigida a mutilar
definitivamente lo que queda de propiedad privada con alguna rentabilidad
económica.
La
Ley de Costos y Precios destruye cualquier rasgo de marco jurídico, fulmina los
derechos de propiedad y crea los mecanismos para ir directamente contra la
mediana y pequeña propiedad tanto de artesanos, PROFESIONALES, industriales,
comerciantes. Acotemos que estos pequeños y medianos empresarios contra quienes
esta Ley esta directamente dirigida constituyen al mismo tiempo el eslabón de
rentabilidad más precario del sistema económico conformado por la propiedad
privada en Venezuela.
ii. La red que funde derechos de
propiedad y libertades económicas
BCV,
SENIAT, INDEPABIS,CADIVI, Superintendencia Nacional par Costos y Precios,
organismo credo por la Ley Costos y Salarios, constituyen de esta manera la red
donde quedan atrapadas las libertades económicas, ellas administraran la arbitrariedad
político-institucional que inhabilitaría la propiedad privada del precario
régimen de libertades económicas que existe y que sobrevive a duras penas ese
régimen económico e institucional hostil y contra natura -e
inconstitucional- para establecer el régimen socialista comunitario, léase
comunismo puro y simple.
De
esa nueva ley no podemos discutir de efectos perversos, no intencionados, los
objetivos de esa Ley habían sido trazados en el 2003 cuando el gobierno decidió
destruir el régimen de la libre empresa, así que no debe haber sorpresas,
probablemente mala memoria, esa Ley haba sido anunciada por Chávez varias veces
en estos años, similar a la estatización de la educación y la salud, cuyos
tiempos aun no terminado de madurar.
iii. Objetivos de la Ley Costos y Salarios
De
manera que los objetivos de esa Ley son los mismos que subyacen al cambio del
régimen económico; a saber, destruir y eliminar el principio de subsidiariedad
-en lo económico y político- para destruir lo que queda de propiedad privada
rentable, es decir, lo que queda de capitalismo. En otras palabras, eliminar
las competencias del mercado y de la propiedad privada en el proceso de
formación de precios, el cual está en el corazón de las libertades individuales
(libertades
económicas y derechos de propiedad) para relegarlas a la autoridad
central; el socialismo, una vía de expropiación y muerte lenta.
Esa
es la razón por la cual el gobierno impulsó su cruzada para eliminar la
propiedad privada, que en boca de unos de los diputados del gobierno, Dip.
Farías (dixit), recientemente afirmó, y cito, “…..si vamos
hacia el comunismo…”. Aprendimos entonces hace años , lo que
hoy se establece como objetivo político de la Ley de Costos y Precios como el
instrumento político que, en adelante, como una guadaña, -como aquella
que la mal recordada Corte Suprema de Justicia le dio a Chávez para acabar con
los poderes establecidos, al aprobarle el carácter originario a su solicitud de
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente-, para mutilar
la propiedad privada, esta vez en cacería de la empresa pequeña y mediana, y
del ejercicio profesional.
iv. Impactos perversos de la Ley
Costos/Salarios
En
corto plazo, los efectos de una Ley como esa son típicos, caída de la
inversión, no solo por inseguridad jurídica, sino por los elevados costos de
inventarios y empobrecimiento de los sistemas de información, almacenamiento y
administración, reacciones del empresario para reducir los grados de exposición
ante la Ley. La ciada de la inversión trae desempleo, los costos traerán cierre
de empresas por caída de los rendimientos y ganancias, el mercado se contrae, y
aparecen la escasez de bienes y servicios, en otras palabras, el sistema
económico impuesto a los golpes de la revolución trae la pobreza conocida del
socialismo. Es importante destacar que esos efectos, no son inesperados, por el
contrario están en el cálculo político del gobierno, y esa es la razón de la
legislación que hizo posible la Ley de Costos y Salarios.
Finalmente,
es importante aprender que los procesos políticos y económicos tienen
consecuencias inducidas y no intencionadas, en el caso de la legislación en
estos años de revolución, las consecuencias no intencionadas de leyes y
políticas públicas no son el causal dominante. Actos de gobierno, cientos de
leyes, y una buena dosis de violencia política, han estado sellados de
inconstitucionalidad por depredar los derechos de propiedad y libertades
económicas. Al término de este proceso político, habrá que devolver en resoluciones
legislativas y de justicia por inconstitucionalidad todo ese entramado cuasi
legal dirigido a destruir el régimen de propiedad privada y libertades
económicas.