Regionalización y Ombudsman, promesas pendientes. - Ciudadanía - Reeditor.com

. quizás por ser ambos proyectos estructuralmente opuestos a la concentración de la riqueza y el poder.

Descentralizar el poder en términos territoriales significa entregar capacidad real de gestión a las regiones, asignarles recursos materiales y humanos para poder planificar una cartera de inversiones, con equipos técnicos y políticos que no tengan que consultarlo todo a la Moneda. Desarrollar capacidad de gestión en las regiones, provincias y comunas toma años y por ello los equipos que se formen deben ser de carrera, para que puedan mantener políticas públicas por encima de la alternancia política.

Que los Gobiernos Regionales elijan su Intendente por votación popular no asegura un proyecto descentralizador, es necesario que exista un soporte técnico que le dé continuidad a los proyectos regionales y la participación ciudadana debe ser el soporte para que realmente cada territorio cobre una relativa autonomía. Y no estamos hablando de federalismo sino de un estilo diferente de gestión pública, sin los feudos que han funcionado por décadas y en los cuales los políticos que asumían senaturías o diputaciones actuaban cual caudillos, designando a dedo a los funcionarios y demás autoridades, seremis, candidatos a cualquier cargo, lo que distorsionó siempre la coherencia de los planteles técnicos y políticos de los territorios. Descentralizar es quitarle poder a los partidos y sus cúpulas, reducir el presidencialismo actual, lo cual explica el retardo no casual que ha existido y que ha postergado decisiones para una regionalización efectiva.

Generar un Defensor del Pueblo, Ombudsman, significa incorporar en la institucionalidad un organismo con capacidad legal para defender a las personas. En las democracias maduras los Ombudsman tienen especialidades, el común denominador es tratar de denunciar e impedir los abusos, pero hay Defensores en el ámbito financiero, otros en el ámbito inmobiliario, otros que actúan enfrentando al retail. En Chile, tímidamente, se ha generado un proyecto de Defensor que tenga facultades para fiscalizar el trabajo de otros organismos del Estado, en orden a velar por un servicio que no afecte los derechos de las personas. Este proyecto ha sido impulsado por un grupo de personas con conciencia cívica que formaron un Capítulo, bregando denodadamente para que el poder les diera un espacio. Allí sigue envuelto el proyecto, en palabras de buena crianza.

Pongo en paralelo estas dos aspiraciones ciudadanas que formaron parte de la primeras agendas de los años 90, archivadas o postergadas por estas tres décadas, para demostrar cuán lejano está el sistema que se ha impuesto en Chile, de asegurar un mínimo equilibrio de poder que desconcentre la riqueza y la política. Ambas variables se han unido en propósitos comunes que es mantener el statu quo. La civilidad debe entender que lograr un sistema más equitativo pasa por privilegiar con una discriminación positiva a las regiones extremas, hay factores geopolíticos urgentes que han sido descuidados en tal sentido. Es necesario que territorialmente se vertebre Chile con un sistema ferroviario moderno, que lo rodoviario empalme con lo ferroviario y no que sean modos que viajen en paralelo.

Frenar el desangre del Trasantiago es parte de lo medular que se debe corregir para que las regiones puedan aportar desarrollo al país. Las regiones pueden dar calidad de vida a sus habitantes, Santiago está saturado. Planificar fue una mala palabra para el neoliberalismo imperante. Retomar la planificación indicativa en las regiones, con proyectos público privados que sean diseñados y gestionados en las regiones, con alianzas fuertes entre el Estado, universidades, CFT e Institutos Profesionales, cámaras empresarias, sindicatos regionales, es un camino para refundar la República. Regionalización y Protección de las personas frente a cualquier clase de abusos, son pilares para un rediseño cívico y ético de nuestra sociedad.