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De minorías y consultas.


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28/07/2015

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Las intervenciones de los asistentes el  pasado viernes al foro realizado  en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá  cuyo objetivo era brindar a los  cabildantes capitalinos de argumentos para decidir si se aprueba   la consulta popular denominada anti taurina, reflejaron un escenario marcado por la polarización y la controversia.


Más allá de procurar abonar un terreno harto fértil para la polémica, o de abordar el agudo y espinoso tema de los derechos de los animales o del carácter cultural o no de la práctica taurina,  mi objetivo en estas líneas es realizar un análisis somero de los elementos discursivos presentes en el debate, particularmente el relacionado con el concepto de Minoría, tratando de mostrar que al interior de esta  pugna, este concepto no solo es  un elemento semántico que presenta diferentes interpretaciones y usos, sino que resulta ser otro de los  elementos centrales (como el carácter cultural del toreo o los derechos de los animales) alrededor de los cuales se validan y refutan los discursos pro y anti taurinos a nivel jurídico y de opinión pública nacional.

En efecto, la posibilidad de realizar una consulta antitaurina en Bogotá ha permitido poner en evidencia las  diversas interpretaciones que este concepto tiene para cada una de las partes involucradas. Las personas que defienden la práctica del toreo afirman que como grupo social organizado  constituyen una Minoría (no en el sentido electoral) y que como tal, someter a una consulta popular esta actividad resulta una violación flagrante a sus derechos. Antonio Caballero, uno de los más respetados columnistas del país  se refirió al tema afirmando que: “En el tema de los gustos personales no deben intervenir las mayorías. Las cosas en las que debe decidir toda la ciudadanía son los temas que los afectan a todos ellos, no las que atañen a las Minorías; es una convocatoria para aplastar a unas pocas personas amantes de los toros”. Por su parte Alfredo Molano, otro ilustre periodista y Sociólogo plantea en su última columna del diario El Espectador que  “La consulta popular, como mecanismo democrático, se vicia si se usa para aplastar a una Minoría. Se sentaría un peligroso precedente si se atropella una tradición cultural, reconocida como tal por la historia, la literatura, la pintura, la música, por las costumbres populares y, sobre todo, por la Corte Constitucional. Sería abrir un boquete para que el día de mañana se ataque a otras Minorías: homosexuales, lesbianas, travestis, prostitutas. Por esa vía, pasito a pasito, llegó Hitler a matar a los judíos y a los gitanos.”

Los partidarios e impulsadores de la consulta popular  entre los que se encuentra, la  secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, plantean por el contrario, que este grupo  no puede ser considerado una Minoría  debido a que  “No se evidencia que tengan una vulnerabilidad frente al resto de la población y no ostentan características que los hagan diferentes a la ciudadanía en general, con excepción de su gusto a la fiesta brava”.

Las diversas interpretaciones del término  Minoría evidenciadas en el debate nacional pueden ser comprendidas por el carácter difuso y hasta etéreo del concepto. Este carácter se pone en evidencia al procurar encontrar una definición universal que dé cuenta de su significado.

Uno de los escenarios que dimensionan la naturaleza compleja del concepto se puede encontrar en los diferentes esfuerzos que desde organismos como la ONU, el consejo europeo  y las cortes internacionales se han hecho con el objetivo de brindar una definición clara del concepto de Minoría.

En el  escenario normativo internacional se puede encontrar  diversos referentes históricos que intentaron generar una definición precisa del concepto. Durante los años sesenta diversas instituciones  jurídicas procuraron establecer una acepción  de carácter universal, un ejemplo puede encontrarse  en el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966  en donde se plantea que  por Minoría se debe entender “aquel grupo de personas que comparten en común una cultura, una religión o un idioma”.  Otra definición un poco anterior se puede encontrar en el  Report on the Rights of National Minorities del  26 Abril  de 1961 elaborado por, Comisión Jurídica del Consejo de Europa, en este documento se plantea que  las Minorías son “grupos separados o distintos, bien definidos y establecidos desde hace mucho tiempo en el territorio de un Estado”.

Las definiciones originadas durante esta década sufrieron diversas críticas debido a que tal definición normativa carece de dos  elementos que resultaban comunes a muchos de los grupos sociales que en Europa reivindicaban su pertenencia a una Minoría, esto es:  la vulnerabilidad del grupo ante el resto de la población y la voluntad del colectivo de preservar sus características propias.

Más de una década después en 1977, Francesco Capotorti, relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de Naciones Unidas, en su Estudio sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Étnicas, Religiosas o Lingüísticas, planteó que Minoría  es: “Un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y manifiestan, aunque sólo sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su idioma”.

Durante la  década de los noventa fueron formuladas otras definiciones que procuraban acotar  de manera más precisa a los grupos sociales que podían catalogarse como Minorías, es así como en la Recomendación 1134, de 1 de octubre de 1990, formulada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se define a las Minorías como “grupos separados o distintos, bien definidos y establecidos en el territorio de un Estado, cuyos miembros son nacionales de ese Estado y presentan ciertas características religiosas, lingüísticas, culturales u otras que los distinguen de la mayoría de la población”. Posteriormente en de la Propuesta de Convención sobre la Protección de las Minorías, elaborada en 1991 por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, se realizan unas modificaciones  y se concluye que  “[...] el término Minoría designa un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, cuyos miembros, que tienen la nacionalidad de ese Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y están animadas por una voluntad de preservar su cultura, sus tradiciones, su religión o su lengua”. El último intento  realizado por esa  corporación europea durante los años noventa tendiente a definir un concepto universal de Minoría  acorde con las criticas previamente expuestas se puede encontrar en la Recomendación 1201 del 1 de febrero de 1993 en el marco del Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, confirmada el 31 de enero de 1995 mediante  la Recomendación 1255, referente a  la Protección de los Derechos de las Minorías Nacionales. En este documento se realiza una definición aún más concreta del término, planteando en su  artículo 1 que el concepto  Minoría  corresponde a  “Un grupo de personas en un Estado que: I)  Residen sobre el territorio de ese Estado y son ciudadanos suyos; II) Mantienen con ese Estado vínculos antiguos, firmes y estrechos; III) Muestran caracteres diferenciales étnicos, culturales, religiosos o lingüísticos; IV) Son suficientemente representativas, aunque en menor número que el resto de la población de ese Estado o de una región de ese Estado; y, V)  Están motivadas por la preocupación de preservar conjuntamente lo que constituye su identidad común, incluyendo su cultura, sus tradiciones, su religión o su lenguaje”.

Un pequeño análisis de las definiciones hasta aquí ofrecidas nos permita concluir varios elementos que resultan de especial interés para el debate taurino en la capital de la república.

Al tratar de buscar los factores comunes a las definiciones expresadas desde estos estamentos internacionales, se pueden observar algunos elementos que resultan comunes a todas ellas. Las características étnicas, lingüísticas, religiosas  y culturales de una comunidad y  su relación numérica con el resto de la población dominante resaltan como los criterios utilizados en mayor o menor medida para tratar de definir el concepto de  Minoría. Pese a esto, al tratar de buscar una definición formal internacionalmente aceptada queda en evidencia que no existe una acepción universal o una definición internacional que permita clarificar el concepto de Minoría, al menos en el escenario jurídico de la ONU y de las cortes internacionales.

Un ejemplo que ilustra lo contradictorias que resultan estas características en el manejo del término se evidencia con claridad en el caso del “Aparthaid” sudafricano, en donde el 21% de la población blanca mantenía en condiciones de opresión al 79% de la población negra, confinándola a una posición de minoría no en términos cuantitativos sino sociales, de segregación y limitación de derechos.

Esta incapacidad de definir claramente en el escenario jurídico internacional  un concepto que muchos suponían  claro y concreto, contrasta con el despliegue realizado durante los últimos 70 años  por los organismos internacionales y diversos estados nacionales por proporcionar herramientas jurídicas de defensa de estas comunidades pese a no contar con una acepción internacional común.

En Colombia, la constitución de 1991 representó el esfuerzo más elocuente respecto al compromiso que asumía  el estado  por la protección de estos grupos sociales, de tal suerte que las poblaciones indígenas, los grupos de afrodescendientes, los gitanos, las comunidades religiosas no tradicionales y después de muchos avatares, la comunidad Lgbt, son reconocidos y amparados por una serie de normas elaboradas para garantizar sus derechos.

Es aquí donde el  aparente problema semántico relativo a la incapacidad de definir el concepto Minoría cobra otra dimensión; la funcionalista. Si soy/somos reconocido/s como Minoría, puedo/podemos  acceder a unas garantías de protección de derechos diferencial al del resto de la sociedad. (No a unos derechos diferenciales)

Este fenómeno se puede evidenciar en el  escenario internacional, tanto como en el panorama nacional, cuando se analizan los procesos de reconocimiento por parte de los estados y las organizaciones internacionales a nuevos grupos sociales que previamente no habían sido catalogados de Minorías. En Colombia, un ejemplo todavía en desarrollo tiene que ver con  los derechos de la comunidad Lgbt, reconocida como Minoría, pero todavía sumergida en un proceso de regulación normativa tendiente a garantizar su igualdad de disfrute de derechos frente al resto de la sociedad. Esta reivindicación solo es posible debido al reconocimiento social de este grupo como una minoría nacional, y esta es la senda que quieren transitar los seguidores de la tauromaquia en Bogotá.

Es claro entonces que tanto para los detractores como para los impulsores de la consulta anti taurina en Bogotá, el reconocimiento o no, del carácter de Minoría  al grupo social que defiende esta práctica por parte del Estado Colombiano,   resultará de estratégica importancia durante los próximos meses, no solo en el virtual  escenario electoral resultante de la aprobación de la consulta popular, sino también la batalla que se presentara en el plano Jurídico y legal, a donde sin duda acudirán los defensores de la Santa María como el escenario de practica taurina, buscando ser cobijados por una categoría y  un concepto, frente al cual el mundo no ha podido ponerse de acuerdo.

Nota Final. En un escenario tan controversial y polarizado como el desencadenado por la posibilidad de realizar una  consulta popular frente a las corridas de toros en Bogotá, en donde además de la arista expuesta referente al concepto de minoría, se pueden observar otros debates que se revisten de mucha importancia para diversos temas en nuestro país (Como se define y legitima  una práctica cultural en nuestro país?, Cual debe ser el marco normativo que cobije a los animales en Colombia),  vale la pena destacar la posición mesurada de la concejal  Angélica Lozano, cuando plantea que por sus características y conformación el círculo de  personas afines a la fiesta brava  debería ser reconocido  socialmente como “un grupo de interés”, entendido como un conjunto de personas, organizadas por un interés en común, con el fin de actuar conjuntamente en defensa de ese interés, Queriendo hacer conocer sus pretensiones,  más que como Minoría, reconociendo no obstante   que como sociedad “no podemos caer en el radicalismo de limitar los derechos de una afición”. En estos dos argumentos me declaro partidario de la Concejal.

En un mundo en donde el concepto de Minoría aún resulta difuso, puede parecer peligroso, tomar la bandera  de  las masas, transformadas en el caso bogotano en  “grupos de Presión” (entendido este como un grupo de interés al que  no bastándole con incidir en las decisiones políticas mediante actividades, busca el logro de sus intereses influyendo en la toma de decisiones de las masas para colocarlas a su favor. Particularmente incide en la clase política peticionando a su favor, dado que es ésta quien decide la conducción social) para aprobar o desaprobar las  prácticas de lo que Lozano apropiadamente denomina  “grupo de Interés”.



Resulta paradójico que los impulsores de esta  consulta, que hoy niegan el carácter de Minoría a este grupo social, puedan estar configurando un futuro escenario de persecución, discriminación y limitación de derechos que realmente desemboque en la conformación de una nueva Minoría en el escenario nacional: la Minoría pro taurina bogotana 



Etiquetas:   Políticas Públicas   ·   Derechos Humanos   ·   Tauromaquia

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