. Los
congresos de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz aumentaron en los
últimos días los requisitos para ser candidato sin partido y competir en las
elecciones que se celebrarán en esas entidades en 2016. Se trata de una
reacción política frente al desafío de las candidaturas independientes al sistema
tradicional de partidos.
El
problema es que, como en toda reforma electoral, se trata de una revancha de
los partidos hacia el resultado que votaron los ciudadanos y, obviamente, es
una regresión política impuesta por la partidocracia que co-gobierna el INE y
los congresos locales.
En
Sinaloa se redujo el plazo de recolección de firmas para ser candidato de 90 a
40 días. En Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas se aumentó el porcentaje de firmas
de 2 a 3% de la lista nominal. En Chihuahua además se exige un mínimo de tres
años sin haber militado en algún partido político. Es probable que en los
próximos días otras entidades emulen estos ejemplos y que aquellas que aún no
reglamentan las candidaturas independientes lo hagan con requisitos elevados.
Ante
el inminente riesgo de fractura que se avecina en los partidos dominantes
(entiéndase PRI en la mayoría de las entidades), rápidamente han optado por la
contención de daños, sinceramente, antes de lo que me esperaba. Además del
oportunismo político de legislar para proteger los intereses de los partidos el
problema central de estas reformas es su inconstitucionalidad.
El
artículo primero de la Carta Magna establece que la progresividad es uno de los
principios esenciales de los derechos humanos y ello obstaculiza cualquier
intento de dar marcha atrás a cualquier derecho humano, incluido el de ser
votado en la modalidad de candidato sin partido.
El
principio de progresividad, que se enmarca a la par de los principios de
universalidad, indivisibilidad e interdependencia, tiene como característica la
no regresividad. Esto es, si un derecho ya ha adquirido una dimensión especial
ya sea por su reconocimiento legislativo o jurisdiccional, no puede disminuir
en su ámbito de tutela. Si las candidaturas independientes ya se habían legislado
en esas cuatro entidades, no se vale que después de conocido el éxito en otras
latitudes ahora se dé marcha atrás. Seguramente habrá impugnaciones y
terminarán siendo favorables hacia los ciudadanos derivado de esta naturaleza
inconstitucional, precisamente.
En
el caso de Chihuahua hay además un problema adicional porque confunde la
naturaleza o los fines de las candidaturas independientes. Se dice que: “no
podrán ser candidatos por esa modalidad aquellos que hayan militado en un
partido en los últimos tres años…” con el objetivo de evitar que militantes
despechados por no haber sido postulados por sus partidos usen la vía
independiente como una suerte de competencia desleal.
Para
bien de la incipiente democracia mexicana, las candidaturas independientes
deben ser un canal para que un ciudadano acceda a participar en política y ser
votado. Entiéndase por ciudadano: políticos profesionales, los que lo fueron de
algún partido y ya no lo son, los sin partido, los activistas, los ecologistas
e incluso los oportunistas y los chapulines.
La
nueva legislación es irracional, además, porque no contempla la violación de
los derechos de un ciudadano por parte de los partidos políticos. Ese es el
argumento del transfuguismo, por ejemplo.
Como
nunca, después de la elección del 7 de junio, los partidos ven el riesgo de una
revancha del electorado en contra del sistema de partidos. Ese sistema de
privilegiados e intocables que además de gobernarnos generan las leyes que nos
rigen. Eso es lo que ven trastocado y en riesgo; no obstante, podemos pasar de
los excesos de la partidocracia a los excesos de la anti-política y eso sí
sería el caos y una regresión total.
Lo
que debe seguir es una importante reforma interna pero en los propios partidos.
Fortalecer el sistema de partidos. Como lo hemos apuntado en anteriores
colaboraciones, esto significa que los partidos deben optar mayor rendición de
cuentas, mejores reglas de nominación, depuración de sus cuadros, fortaleza y
claridad ideológica y responsabilidad frente a los ciudadanos.
Antes
de lo esperado se tomaron decisiones regresivas en materia electoral. Los
congresos de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, optaron por generar
Leyes Anti-Bronco desde sus congresos locales. Ello demuestra su temor,
desconfianza, inseguridad e incertidumbre. No les gusta competir.
@leon_alvarez
