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Y entonces...¿a quién le creemos?


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25/07/2011


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Siempre se ha sostenido que el sistema de salud colombiano  carece de un adecuado sistema de inspección, vigilancia y control y que por esa razón a los infractores de la normatividad nunca se les aplican las sanciones que deberían recibir, a tal punto que en la recientemente sancionada Ley 1438 de 2011 que reforma el sistema general de seguridad social en salud, se definieron nuevas herramientas para que la Superintendencia Nacional de Salud pueda ahora cumplir de la debida forma con sus funciones como la instancia controladora de este sensible sector.

Sin embargo, si bien antes de la sanción de la citada Ley se decía que ante la falta de suficientes herramientas jurídicas dicha Superintendencia requería de su fortalecimiento para poder garantizarle a los colombianos un adecuado esquema de vigilancia sobre los diferentes del sector, tanto la comunidad en general como algunos actores del sector salud habían visto con expectativa el inicio de unos procesos investigativos que se habían gestado contra supuestos infractores del sistema por parte del pasado Superintendente Nacional de Salud, Mario Mejía y que en primera instancia habían terminado en sanciones multimillonarias para dichos infractores.

Dichas multimillonarias sanciones resultaban de procesos iniciados en contra de una EPS del régimen contributivo y contra diferentes entes territoriales, que de acuerdo con la Superintendencia, supuestamente habían incumplido con algunos aspectos de la normatividad que esos actores debían cumplir. En otras palabras, con estas sanciones llegaban días tormentosos para quienes desde hace tiempo supuestamente venían infringiendo las normas.

Sin embargo y para sorpresa de todos, en los últimos dias al país se le ha anunciado por el actual Superintendente Nacional de Salud, Conrado Adolfo Gómez, la suspensión de las resoluciones 293 y 986 de 2010 que le ordenaban a la EPS SaludCoop la conversión de más de $318 mil millones de pesos, invertidos en activos fijos e infraestructura como clínicas, en dinero líquido para ser usados dentro de SaludCoop y para la atención en salud de sus afiliados. Las razones para la suspensión de dichas resoluciones se fundamentan en la salvaguardia de los recursos de la nación, evitando detrimento patrimonial que indexado podría llegar a varios billones de pesos en el futuro, evitando indemnizar por más de $650 mil millones a la EPS en mención.

En otras palabras, se podría producir una demanda a la Superintendencia Nacional de Salud por parte del actor sancionado, ante supuestas fallas de nulidad en las órdenes impartidas por ese ente de control, al quebrantarse el debido proceso.

Y días después la misma Superintendencia le anuncia al país que ha decidido revocar 1118 investigaciones administrativas que se habían adelantado contra algunos entes territoriales por presunto incumplimiento en la identificación, selección y priorización de los beneficiarios del régimen subsidiado y la gestión y supervisión al acceso a la prestación de servicios de salud para esta población, entre otras razones.

La justificación para dicha revocatoria se basa también en el deseo de este ente de control de evitar futuras demandas a la nación ante supuestas fallas legales y vicios presentados en dichas investigaciones adelantadas contra los entes territoriales, procurando así garantizar el debido proceso y evitar el cobro de millonarias demandas contra el estado.

Así las cosas, tanto la suspensión de las resoluciones sancionatorias en contra de la EPS como la revocatoria  de las 1118 investigaciones en contra de entes territoriales, argumentando que no se observó el debido proceso por parte del ente de control en dichos casos y evitar así multimillonarias demandas en contra de la nación, deja un sabor agridulce tanto en la ciudadanía en general como en los actores del sector que creían que de una vez por todas se aplicarían sanciones a quienes le hacen trampa al sistema o que no cumplen con la ley. Y para los supuestos infractores de la normatividad, estas nuevas medidas tomadas ahora por el ente de control del sector de salud, convirtió las tormentas que les venían encima en inocentes vasos con agua levemente agitados.

Definitivamente, este tipo de contraórdenes por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, suspendiendo y revocando medidas administrativas tomadas por esa misma Superintendencia unos meses atrás, genera la pregunta que por ahora no tiene respuesta: “Y entonces… ¿a quién le creemos?”.

 









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Etiquetas:   Salud

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