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¿Y de las recomendaciones de la CRES qué?


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25/07/2011


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http://www.zonacero.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8407:iy-de-las-recomendaciones-de-la-cres-que&catid=103:columnista&Itemid=130






















A finales del año pasado, cuando la Comisión de Regulación de Salud (CRES), mediante el Acuerdo 19 del 29 de diciembre de 2010, fijó el incremento del  valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el sector salud correspondiente al año 2011 en un 4,25% con respecto a la del año 2010, lo hizo en medio de unas circunstancias que no pueden olvidarse.

Primero, que los estudios que sirvieron para determinar ese incremento de la unidad moduladora financiera del sistema (UPC) – que precisamente es el referente para el multimillonario gasto del sistema de salud representado en la plata que se le da a las EPS para que la operen y le garanticen servicios de salud a sus afiliados-, evidenciaron “(…) inconsistencias en la información que reportaron las EPS sobre frecuencias de uso y gasto médico, especialmente en lo referente a medicamentos, que afectan la confiabilidad de las cifras y, por lo tanto, no permiten tomar una decisión definitiva con base en ellos (…).

De otra parte, ante esas inconsistencias informativas de las EPS, la CRES decidió “(…) aplicar lo previsto en el numeral 3 del artículo 7º de la Ley 1122 de 2007 y fijar el incremento en el valor de la UPC con base en la inflación causada para el sector salud con corte a noviembre de 2010, certificada por el DANE, equivalente al 4.25% (…)”. Por eso, en esa misma decisión, se estableció que ese porcentaje “(…) se ajustará a la variación anual del índice general de precios al consumidor con corte al 31 de diciembre de 2010 certificada por el DANE, en el evento en que a 31 de marzo de 2011 no hayan sido absueltas las inconsistencias y se puedan revisar los estudios técnicos nuevamente permitiendo fijar una UPC definitiva para ese año (…)”. De forma simultánea a estas decisiones, la CRES planteó dos recomendaciones muy precisas.

La primera dirigida a las EPS, a las que les sugirió que el valor del incremento incluyendo el efecto real de los ponderadores de riesgo, se refleje en modificaciones e incrementos a los contratos con sus respectivas redes de prestadores de servicios de salud, de tal modo que ese incremento reconocido por el sistema a las agencias del aseguramiento tanto del contributivo como del subsidiado, se le trasladara vía tarifas a las clínicas y hospitales en la contratación que se suscribiera desde el mismo primer día del año 2011. Este incremento así trasladado a los prestadores, permitiría que tanto clínicas privadas como hospitales públicos, se lo trasladara a su vez al recurso humano que labora en estos centros asistenciales, así como a los proveedores de insumos y medicamentos, lográndose un pacto social entre los diferentes actores del sector salud.

La segunda recomendación que hizo la CRES en ese Acuerdo 19 del 29 de diciembre del 2010, fue dirigida al Ministerio de la Protección Social, al que le requirió que adelantase las acciones pertinentes respecto de las inconsistencias encontradas en la información reportada por las EPS.

Hoy, en curso ya el mes de marzo de 2011, una cosa es cierta con respecto a las recomendaciones hechas por la CRES, y es que por lo menos en lo referente a las EPS, estas entidades no le trasladaron a las IPS, ni privadas ni públicas, el incremento del 4,25% que el sistema les hizo para este nuevo año con respecto a la UPC del año 2010. Las propuestas tarifarias que las EPS han presentado a los prestadores no contemplan el incremento en mención, sino que ha sido muchos menor, llegando inclusive en algunos casos a la indecente propuesta  de “incremento cero”. Y lo que es peor, todavía la mayoría de ellas siguen tomado como referencia para proponer los acuerdos comerciales con los prestadores, el Manuel de Tarifas del Instituto de los Seguros Sociales del año 2001, es decir, el referente es el de una entidad que está en liquidación y cuyo contenido es de 10 años de antigüedad y por lo tanto de desactualización y pérdida de vigencia en términos de costos y precios.

Con respecto a la segunda recomendación, la hecha al Ministerio de la Protección Social, para que esta cartera desarrollara las acciones pertinentes respecto de las inconsistencias encontradas en la información reportada por las EPS, poco o nada se conoce, o por lo menos, no ha sido informada la opinión pública al respecto.

Si bien las recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento por parte de quienes reciben esas sugerencias, tanto las EPS como el Ministerio de Protección Social deben reconocer la autoridad que como máxima entidad reguladora del sector salud tiene la CRES, por lo que el comportamiento que se debería observar hacia dichas recomendaciones debería ser otro. Pero como Colombia es un país donde quienes quieren infringen las leyes y no les pasa nada, es de esperarse que recomendaciones de este tipo, aunque bien intencionadas y debidamente fundamentadas con el ánimo de darle equidad y sostenibilidad financiera al sistema de salud, no serán acogidas y serán simple complemento documental.

Por eso, ¿qué dirán los entes de control ante estos hechos? ¿Qué pasará finalmente con las recomendaciones de la CRES?







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Etiquetas:   Salud

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