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¿Pero por qué no aplican la Ley?


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25/07/2011


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Si quiere acceder directamente a esta columna, puede hacerlo haciendo doble click en el enlace: http://www.zonacero.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9406:ipero-por-que-no-aplican-la-ley&catid=103:columnista&Itemid=130





 

Esta semana asistí en Barranquilla a una reunión convocada por la Procuraduría General de la Nación para revisar el tema del flujo de recursos del régimen  subsidiado en los municipios del Departamento del Atlántico, toda vez que una de las mayores causas de la actual crisis financiera del sector salud es precisamente la multimillonaria cartera que se le adeuda a las IPS privadas y los hospitales públicos por el no pago de las atenciones a los pacientes de dicho régimen.

Si bien a dicha reunión estaban citados los alcaldes municipales, así como los gerentes de las EPS del régimen subsidiado (EPS-S) que operan en los municipios del citado departamento y los gerentes de las empresas sociales del estado, tanto las de orden departamental como las de orden municipal, llamó la atención la inasistencia de gran parte de los alcaldes convocados (asistieron 15 de los 22 que debieron estar, es decir menos del 70%). Pareciese que los temas de la salud y específicamente los del régimen subsidiado no generaran la preocupación ni el interés de estos servidores públicos, sobre todo ahora que la Ley 1438 de 2011 les quitó el manejo de los recursos financieros del régimen a los ejecutivos municipales y ni siquiera porque el convocante hubiese sido el Ministerio Público a través de quien ejerce disciplina sobre ellos.

Si bien es cierto que la reunión de la referencia era para hacer la revisión del flujo de recursos entre los diferentes eslabones de la cadena territorial de recursos del régimen subsidiado (nación, municipio, EPS del régimen subsidiado, prestadores públicos y privados), la realidad resultante es extrapolable al escenario nacional: gran cantidad de contratos de vigencias anteriores aun sin  liquidar, recursos girados desde la nación a los municipios pero sin girarse por éstos a las EPS-S, recursos girados desde los municipios hasta las EPS-S que operan en ellos pero no girados por éstas a los prestadores públicos y privados, con las consecuentes reclamaciones de los acreedores por el no pago y las explicaciones y excusas de los deudores de esta cadena territorial de recursos del régimen subsidiado para tratar de justificar la morosidad en el pago de dichas obligaciones.

Como se conoce, una de las fuentes de financiación del régimen subsidiado son los recursos procedentes del Sistema General de Participaciones (SGP), además de los del Fosyga y otras fuentes de origen territorial. En ese sentido, es evidente que mucho de la actual problemática de cartera que existe en esta cadena territorial de recursos del régimen subsidiado, se ha originado en el desvío, retardo u obstaculización que servidores públicos han hecho de los recursos del SGP con los que se financia el régimen subsidiado, así como de los funcionarios del sector privado que manejando estos recursos públicos que son además parafiscales, han desviado, retardado u obstaculizado este flujo de recursos.

No hay que ser muy analítico para reconocer que cuando por parte de un actor del sistema de salud no se paga oportunamente una obligación teniendo en caja el recurso financiero para hacerlo, está  desviando, retardado u obstaculizado dicho flujo de recursos, generándose el perjuicio al siguiente actor de la cadena y al usuario final que es el paciente demandante de los servicios de salud.

No se entiende entonces por qué, si desde el año 2001 existe una herramienta legal en la Ley 715 de ese año para enfrentar estas actuaciones disciplinables y sancionables, a la fecha no se conozcan mayores resultados en sanciones disciplinarias a funcionarios que hayan bloqueado el flujo de los recursos del régimen subsidiado. Al respecto es muy claro lo que el artículo 96 de la citada Ley define cuando establece que “(…) Incurren en falta disciplinaria gravísima los servidores públicos que desvíen, retarden u obstaculicen el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para los fines establecidos en la presente ley o el pago de los servicios financiados con éstos. Dichos servidores serán objeto de las sanciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas por la Ley penal (…)”.

Como se puede ver, la falta está tipificada y la sanción está también definida…entonces, ¿por qué no se aplica lo definido en la Ley para quienes infringen la normatividad?

Creo no equivocarme al decir que si la Procuraduría General de la Nación hubiese sido más proactiva en este aspecto, si de manera significativa ya se hubiesen suspendido, inhabilitado y aplicado sanciones pecuniarias a alcaldes y demás funcionarios públicos por haber desviado, retardado u obstaculizado el flujo de los recursos del régimen subsidiado en Colombia, los tramposos del sistema hubiesen sido menos, el flujo de los recursos fuese definitivamente mejor, fuese mucho menor la multimillonaria cartera que hoy tienen los municipios con las EPS-S y la que las EPS-S tienen con las clínicas y hospitales, se hubiesen “embolatado” muchísimos menos recursos del régimen subsidiado (algunos ya están definitivamente perdidos), y los colombianos en condiciones de vulnerabilidad económica hubiesen recibido servicios de calidad y no se les hubiesen negado muchísimas de las atenciones que se les han negado en todos estos 10 años de estar vigente la Ley 715.

 

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Etiquetas:   Salud

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