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El respeto a la persona humana
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05/03/2015
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Acontecimientos de la realidad internacional del último año nos muestran cómo la persona humana es sometida, en diversos lugares del mundo, a violentas expresiones de odio y de revanchismo, fundadas en motivaciones políticas, raciales, militares o religiosas. Cada día la comunidad internacional se sobrecoge ante las expresiones de agravio o escarnio ilimitado contra seres humanos indefensos, que expresaron una opinión u opción de conciencia y que por ello han sido vejados, humillados, agredidos o asesinados. Hay miles y miles de encarcelados sin juicio, sometidos a torturas y a tratos inhumanos. Hay millones de perseguidos.
Falta indignación en la cotidianidad de las personas que sea capaz de sumar, de modo categórico, en la realidad mundial, el rechazo indignado de las personas de paz y de buena voluntad contra la seguidilla de acciones criminales de grupos, organizaciones, movimientos políticos o gobiernos, que dejan una vasta secuela de dolor y/o sangre.
Ello nos lleva en esta reflexión - luego de haber analizado en anteriormente el respeto a las religiones, y a los liderazgos e investiduras -, a que consideremos como elemento reivindicativo fundamental el respeto a la persona humana.
Y si las ideas de cualquier naturaleza pueden ser objeto de la crítica y hasta de la ironía y la sátira, como legítimas formas de opinión, y los liderazgos e investiduras pueden ser objeto del análisis implacable y la opinión más descarnada, el respeto a la persona humana es fundamental para construir una sociedad en que imperen los derechos humanos y la dignidad de la vida y el vivir.
Sobre cómo y hasta donde la persona humana debe ser protegida y objeto de garantías fundamentales, inexcusables para los demás seres humanos, para los Estados y para la sociedad toda en sus más variadas expresiones civiles, basta tener como principios rectores de toda acción y convicción los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y todas las convenciones y acuerdos emanados por la ONU desde entonces hasta el día de hoy.
Tales convenciones establecen con claridad cuáles son las obligaciones a las que nos debemos los seres humanos en relación a los demás seres humanos. En 1948, se proclamó taxativamente el respeto a la vida, a la libertad, a la integridad y dignidad humana, a la personería jurídica, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la privacidad, a la protección de la honra personal, a la ciudadanía y la nacionalidad, a tener familia y a contraer matrimonio con quien libremente se acepte, a la propiedad, a tener participación política y a elegir autoridades, a la igualdad en el trabajo y en las actividades económicas, a la protección social, al derecho a la educación, al disfrute de condiciones de vida adecuadas y similares para todos.
Tales derechos, fruto de convenciones posteriores, son considerados hoy como seguridades humanas, esto es, no se trata solo de enunciados rectores de conductas de los Estados, sino que deben ser entendidos por estos como obligaciones que se deben garantizar a través de la implementación por los gobiernos de modo absoluto y sin excepciones.
Premeditadamente, no hice mención a los derechos contenidos desde los arts. 18 al 21 de la Declaración Universal, de modo de destacarlos especialmente, ya que están relacionados a las anteriores reflexiones sobre el respeto a las ideas, a las creencias y a los liderazgos e investiduras. Toda persona tiene derechos de conciencia, a la libertad de pensar, a profesar y hacer culto a la creencia que desee, o a no profesar ninguna, a tener las opiniones que desee – políticas, religiosas, económicas, morales, filosóficas, etc. - , a proponerlas y divulgarlas y asociarse en torno a ellas.
Nadie puede ser reprimido – legal o físicamente – por sustentar o divulgar ideas, y si ellas excedieran los ámbitos del bien común o la integridad de otras personas, si afectaren el patrimonio o la libertad de otro, el trasgresor podrá ser imputado y sometido al juicio, dentro de condiciones de administración de justicia que garanticen su condición humana y el debido proceso. Nadie puede ser degradado o vejado en su condición humana por el Estado o el sistema legal, y ningún grupo, organización o institución, puede exigir un castigo que conculque lo fundamental de la integridad humana, a causa o en razón de las convicciones o ideas sostenidas por las personas.
Por lo mismo, en respeto a la condición humana, nadie puede obligar o pretender imponer sus convicciones a los demás, haciendo uso del poder de la ley o de la fuerza. Las ideas políticas, los preceptos religiosos, las convicciones morales o filosóficas no pueden ser impuestas por ley ni por decisiones administrativas de los Estados o gobiernos, ni pueden ser aceptadas como impositivas debido al interés de grupos, organizaciones o instituciones, que proclamen ese privilegio sustentándose en criterios de mayoría.
En el respeto y las seguridades que merece la persona humana, independientemente de cualquier factor de diferenciación local, la universalidad es un principio que debe incidir y obligar a las legislaciones, legisladores y gobernantes, para construir factores de garantía y efectiva seguridad para la condición humana. Así, toda legislación, norma administrativa y administración de justicia, debe ser homologable en lo sustancial a los tratados y convenciones internacionales, y en congruencia con los principios proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las conferencias y tratados que la complementan.
Así, ninguna legislación, ninguna sentencia judicial, ningún mandato administrativo, puede dejar de considerar los principios que protegen la condición humana, aun cuando ellos tengan un arraigado fundamento tradicional o representen una particularidad cultural de antigua data. Tal pues que, si una tradición antigua considera que determinada conducta solo se paga con la vida, ella no puede ser validada por ninguna legislación actual, aun cuando exista fundamento tradicional para ello.
En el mismo contexto, si la práctica consuetudinaria considera la prisión inmediata, a la espera de un juicio, para quien discrepara con un gobierno, tal prisión preventiva no puede exceder lo que las legislaciones más modernas contemplan para esos efectos, y el debido proceso debe ocurrir dentro de los plazos más inmediatos, a fin de preservar los derechos del acusado, quien solo puede ser considerado culpable una vez que se ha emitido una sentencia.
En la vigencia de los derechos humanos, nadie puede ser condenado por tener determinadas creencias o por renegar de ella; nadie puede ser castigado mediante suplicios o torturas, nadie puede sufrir amputación o desmembración en su corporalidad, ni pueden haber castigos que no ocurran dentro de un proceso legal o que sean determinados por autoridades distintas a la de un juez calificado e instituido dentro de un sistema de administración de justicia formal y universalmente reconocible.
En suma, en la medida que imperen los derechos y las seguridades humanas, los eventos que marcan la agenda noticiosa del día a día, dejarán de conmocionarnos, y no habrá aberraciones contra la persona humana, expresadas en decapitaciones, ablación, azotes, torturas, prisión indefinida, lapidaciones, o asesinatos a mansalva por órdenes de clérigos o de líderes políticos corruptos o fanatizados de cualquier denominación. El imperio del respeto a la persona humana es la única manera de dejar atrás la secuela de crímenes promovidos por el fundamentalismo y el integrismo, por regímenes autoritarios y por el fanatismo y sus propósitos exclusivistas.
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