Ley de Asociaciones Público Privadas

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Ley de Asociaciones Público Privadas

 

I.- Contexto general

 

El 10 de noviembre de 2009, el Ejecutivo Federal presentó una Iniciativa de Ley, cuyo nombre se denominó “Ley de Asociaciones Público Privadas”. Esta norma busca la creación de un marco jurídico para formalizar las asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público.

 

Se pretende que la iniciativa privada se convierta en un proveedor de servicios de la APF, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos.

 

El esquema en general pretende impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil.

 

Esta iniciativa pretende crear un esquema normativo general para el mejor desarrollo de estas asociaciones.

 

Los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer necesidades colectivas con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles que se traducen en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto.

 

Es así como el sector privado se convierte en un proveedor de servicios de la APF, con la obligación indirecta de construir la infraestructura necesaria para la prestación de tales servicios en los casos que así se requiera. La novedad de enfoque de estos esquemas es que el Estado celebrará un contrato para recibir del sector privado la prestación de un servicio y no la adquisición de activos fijos.

 

La nueva Ley propiciaría también mayor seguridad y certeza jurídicas tanto para los particulares interesados como para los servidores públicos que intervengan en el desarrollo de estos proyectos que, por su naturaleza, requieren de largos períodos de maduración y desarrollo.

 

La Iniciativa de Ley fue aprobada en la Cámara de Senadores, pero no así en la Cámara de Diputados, donde por falta de tiempo y discusión, a finales del mes de abril de 2011, cuando terminó el Periodo Ordinario de Sesiones, quedó “pendiente”.

 

II.- Capítulos. La ley vista a grandes rasgos.

 

Capítulo Primero.- La nueva Ley establece, entre otros temas, la preparación de los proyectos; los proyectos no solicitados que el sector privado proponga al sector público federal; el concurso y adjudicación de los proyectos; la adquisición de los bienes necesarios y los requisitos que deben cumplir los contratos, permisos, autorizaciones y concesiones necesarios para cada proyecto en particular.

 

Capítulo Segundo.- Aborda la preparación e inicio de los proyectos. Destacando que, entre los estudios previos, se incluye el relativo a la rentabilidad social del proyecto así como a la conveniencia de llevarlo a cabo mediante un esquema de asociación público – privada en el que se comprenda un análisis respecto de las otras opciones existentes. Los análisis previos serán los únicos necesarios y el Reglamento no deberá exigir requisitos adicionales. La dependencia o entidad interesada podrá contratar los estudios previos mediante invitación a cuando menos tres postores o a través de adjudicación directa.

 

Capítulo tercero.- Regula la presentación de las denominadas “propuestas no solicitadas”. Prevé que los particulares interesados en desarrollar un proyecto de asociación público-privada, podrán presentar sus propuestas, sin que se hayan solicitado o hayan convocado a concurso por la APF.

 

Capítulo cuarto.- Se refiere a la adjudicación de los proyectos, estableciendo que se adjudicarán mediante concurso público en el que puede participar cualquier interesado que cumpla los requisitos de la convocatoria y las bases correspondientes. No se establece la necesidad de distinguir entre concursos nacionales e internacionales.

 

Capítulo quinto.- Regula la adquisición de los bienes para desarrollar los proyectos. Se prevén distintas formas que podrán seguirse para adquirir los inmuebles, derechos y demás bienes necesarios. Se propone que la adquisición pueda realizarse por la dependencia o entidad que participe en el proyecto, por los particulares, o por ambas partes con la mayor flexibilidad.

 

Capítulo sexto.- Se refiere a los elementos que configuran un esquema de asociación público-privada, en particular a los contenidos mínimos de los contratos correspondientes así como a los derechos y obligaciones de los desarrolladores, los términos de los contratos y a los permisos, concesiones y otras autorizaciones que se requieran para la ejecución de un proyecto.

 

Capítulo séptimo.- Se hace referencia a la ejecución de los proyectos, reconociendo que en estos, es la sociedad desarrolladora la responsable primaria de aportar los recursos necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura. Ello no excluye que el sector público federal también aporte recursos, en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos presupuestarios y de las disposiciones aplicables.

 

Capítulo octavo.- Se regula la posibilidad de modificar los contratos durante el periodo de ejecución de los mismos. Se prevé la posibilidad de modificar estos contratos para mejorar las características de la infraestructura, incluyendo obras adicionales, incrementar el nivel de desempeño de los servicios o bien reconocer la existencia de circunstancias supervenientes que obliguen a ajustar el alcance el proyecto, de los servicios contratados, o de ambos.

 

Capítulo noveno.- Aborda con detalle las causales de terminación de los contratos de asociación público-privada con el propósito de dar certeza y seguridad jurídica a ambas partes en relación con los supuestos que motivan la terminación, entre los cuales se incluyen la cancelación, abandono o retraso en la prestación del servicio, la revocación de las autorizaciones necesarias para su prestación y las demás que deriven de la aplicación de los indicadores de desempeño previstos en el propio contrato.

 

Capítulo décimo.- Se refiere a la supervisión de los proyectos, el cual corresponderá a la Secretaría de la Función Pública desde la preparación, el inicio y la adjudicación de los proyectos. Las dependencias y entidades así como los desarrolladores conservaran toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos correspondientes durante toda la vigencia del contrato y por un plazo adicional de doce años contados a partir de la fecha de terminación del mismo.

 

Capítulo undécimo.- Establece lo relativo a las infracciones y sanciones. En lo relativo a los servidores públicos será la Secretaría de la Función Pública la que aplique las disposiciones correspondientes.

 

Capítulo duodécimo.- Se refiere a la solución de controversias, prevé la solución de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe de las diferencias técnicas o económicas entre las partes, a través de un comité de expertos que se integrará por tres expertos en la materia de que se trate designados uno por cada parte y el tercero por los dos anteriores. Este comité conocerá sólo de las divergencias técnicas o económicas y no de cuestiones jurídicas. Los dictámenes que el comité emita por unanimidad serán obligatorios para las partes.

 

III.- Reacciones de los actores involucrados.

 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE).- Reprueba la decisión de los Diputados de no aprobar la ley, afirmando que habrá cancelación de proyectos de infraestructura y afectará la generación de nuevos empleos y mejoras en los servicios.

 

Recalca también que existen en el sistema financiero mexicano recursos disponibles de inversión de $240,000 millones de pesos que serían viables a través del esquema.

 

Puntualiza además que para que México crezca por encima del 5%, la inversión anual –tanto pública como privada- debe ser equivalente al 25% del PIB. Paradójicamente, el promedio de los últimos 20 años es menor al 20%.

 

Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).- Después de la aprobación del Senado, afirma que la Ley de Asociaciones Público Privadas puede detonar el crecimiento y dar un nuevo impulso a las obras de infraestructura.

 

Poder Ejecutivo Federal.- El Presidente Felipe Calderón durante el evento de toma de protesta de la directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, hace un llamado respetuoso para que los diputados aprueben la ley.

 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).- El Presidente de dicho organimo José Eduardo Correa demandó que se generen mejores condiciones para que se pueda obtener financiamiento para invertir en infraestructura.

 

Banobras.- La directora general Georgina Kessel afirmó que la consecuencia de la aprobación de la ley por parte del Legislativo será un incremento en la inversión, desarrollo regional, crecimiento económico y generación de empleos.

 

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).- Se pronunció por implementar las alianzas público privadas para satisfacer las carencias que enfrenta el país en materia de infraestructura. Resalta que la inversión en infraestructura rompe los “cuellos de botella” que frenan el desarrollo, por lo que sería necesario entre el 4% y 6% del PIB durante los próximos 10 o 15 años.

 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).- Urge al legislativo a aprobar la Ley de Asociaciones Público Privadas y afirma que dichas asociaciones represntan una vía para alcanzar tasas de crecimiento anuales mayores al 5%.

 

IV.- Conclusiones

 

La Ley de Asociaciones Público Privadas es una herramienta que permitiría detonar el crecimiento, la inversión y la generación de empleos, constituyendo un marco regulatorio más ágil y flexible para la inversión en infraestructura que necesita el país.

 

Los actores involucrados, como la iniciativa privada, empresarios de la construcción, centros de estudios y el Ejecutivo Federal han urgido al Legislativo para que apruebe dicha ley que solamente está pendiente en la Cámara de Diputados, después de que el Senado la aprobó.

 

Se puede especular sobre los motivos que llevan a los Diputados Federales a “congelar” la minuta de la ley, pero todo apunta a un cálculo político, falta de consenso sobre los temas prioritarios y la escasa posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones para analizar temas específicos y necesarios como este, o las reformas política, laboral o electoral.

 

 

V.- Fuentes

 

Revista “Alto Nivel”

http://www.altonivel.com.mx/9704-ley-asociaciones-publico-privadas-potencia-desarrollo-kessel.html

 

Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados.

http://gaceta.diputados.gob.mx

 

Consejo Coordinador Empresarial

http://www.cce.org.mx/comunicado/ley-de-asociaciones-p%C3%BAblico-privadas

 

El Economista

http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/04/27/injustificable-congelar-ley-apps-cce

 

Sistema de Información Legislativa. Secretaría de Gobernación

www.gobernación.gob.mx

 

 

UNETE



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