. En su tiempo, las fuerzas que
luchaban por la restauración democrática lo denunciaron, lo vapulearon y hasta
lo caricaturizaron.
Era incomprensible y repudiable para esas fuerzas políticas
opositoras al régimen dictatorial, que la democracia fuera tutelada por sector
alguno de la sociedad, y que hubieran poderes extraconstitucionales que se
convirtieran en un freno, tamiz o garante de las decisiones que emanan y son
mandatadas por el pueblo a través de los procesos legítimos que considera la
institucionalidad democrática, partiendo por aquellos de carácter electoral.
En la mente de quienes proponían la idea
de democracia protegida, estaba el rol protector que debían cumplir las Fuerzas
Armadas, dentro del concepto político que les asignó el pinochetismo, y también
estaban ciertas comprensiones corporativistas, devenidas del gremialismo
incubado en la UC, que tomaban como referencia las vindicaciones gremialistas
de las afamadas encíclicas papales de inicios del siglo XX.
Los procesos históricos demuestran que,
en la mente de muchos actores de la transición y, luego, en no pocos
protagonistas de nuestra aún incompleta democracia - muchos de ellos cumpliendo
roles en los tres procesos políticos (dictadura, transición y normalidad
democrática) -, la idea de que la democracia debía tener ciertos actores de
verificación garantista no ha estado ausente, así como la idea de que deben
haber instancias de validación extra institucionales, capaces de “proteger” a
la democracia de sus excesos.
Instancias que deben prever y actuar
cuando algo escapa de la “normalidad”, aún más allá de la decisión democrática
de la ciudadanía. De este modo, algunos grupos se han arrogado la condición de
censores de las decisiones de la ciudadanía y de actores no invitados a los
procesos de decisión democrática. Y cuando digo “actores no invitados”, apunto
a que no están considerados dentro de la institucionalidad democrática, pero
actúan con mucha eficiencia para tener un rol predeterminista en las decisiones
de los procesos políticos e institucionales. En la transición democrática
española les llamaron “poderes facticos”, lo cuales estuvieron también
presentes en la transición chilena, pero que no pueden seguir siendo validados
en la normalidad democrática, sin limitarla y coaccionarla.
La herencia que nos dejó el concepto de
democracia protegida, regresados los militares a lugar de donde nunca debieron
salir - los cuarteles que la democracia les ha asignado para cumplir con su rol
profesional inexcusable e invariable -, es que hay ahora determinados actores
corporativistas que se han transformado en los censores de toda política y de
todo el proceso democrático, y por lo tanto, en protectores de la “normalidad” existente.
Y claramente, bien lo sabemos, la idea
de “normalidad” de esos actores fácticos no se aviene con la idea de cambio que
la ciudadanía proponga, y por la cual ha optado electoralmente de manera
bastante clara y explícita. Así, el concepto de democracia protegida hoy día
viene a ser expresado por los grandes propietarios (vía la Confederación de la
Producción y el Comercio), y por la Conferencia Episcopal de la Iglesia
Católica y su presidente, Ricardo Ezzati Andrello, que además goza de la
particular condición de ser funcionario del Estado Vaticano. Dos poderes
fácticos que dan espaldas al conservadurismo para mantener los beneficios que
reporta la “normalidad”, justamente lo que la gran masa de chilenos quiere
cambiar en algunos aspectos fundamentales.
Así ocurre que tenemos a una
organización empresarial que cumple roles estelares en la política, como no
ocurre en ninguna democracia occidental bien instituida. Hace poco un analista
comentaba que, habiendo vivido varios años en Estados Unidos, no recordaba un
episodio en que las organizaciones empresariales hubieran intervenido en los
debates políticos como lo hace el gran empresariado chileno, donde - para peor
- son dueños de los principales medios de comunicación.
Conversado el tema con diversos expertos,
tampoco se da en las democracias más plenas y sanas, que quien es representante
de una Iglesia sea un consultor político sobre los temas por los cuales la
ciudadanía opta, aun cuando los intereses que represente y la feligresía que
posea sean muy importantes. Más grave aun cuando tales importantes intereses ni
siquiera expresan un sentir mayoritario o efectivos intereses de bien común.
No resulta sano para la democracia y su
institucionalidad democrática, por lo tanto, que las autoridades que representan
el Estado democrático, expresión de la voluntad de la ciudadanía, sus
autoridades electas y los mandatados por las autoridades electas, y quienes
deben representarlo en los debates que permiten la generación de las leyes,
formalicen actos simbólicos o actos institucionales que induzcan a pensar que
tenemos una democracia protegida, o validen condiciones de autoridad
equiparables a las que entrega la institucionalidad y la Constitución.
Las visitas de autoridades o de
candidatos a cargos públicos a la CPC, por ejemplo, cuando se están discutiendo
temas propios del debate democrático o se está postulando a ejercer cargos en
el Estado, resulta francamente impresentable desde el punto de vista del rol
que deben cumplir los personeros cuando deban ejercer la autoridad a nombre del
pueblo o cuando deban ejercer su representación en el parlamento, en el consejo
regional o en el concejo municipal.
Toda democracia debe tener la capacidad
de recoger las distintas opiniones o compatibilizar los distintos intereses, y
conocer la opinión de los distintos grupos de interés, pero ello debe
realizarse en los lugares que el pueblo ha entregado para el ejercicio del
cargo y para precaver la majestad que de ello se deriva. Ello es un tema
simbólico irrenunciable para la sanidad de las instituciones, desde que la
democracia fue concebida como tal por los griegos, y aún en las épocas de las
comunidades tribales.
Resulta indecoroso y atentatorio al
ejercicio de una verdadera democracia y a los fundamentos republicanos, por lo
tanto, que dos Ministros de Estado, autoridades delegadas de la Presidencia de
la República, institución máxima del Estado y de la Constitución Política,
concurran a “explicar” a un jefe de iglesia, por muy importante que ella sea,
los alcances de un proyecto de ley. Ello viola la institucionalidad democrática
devenida del pueblo y el fundamento republicano, establece un tratamiento
desigual desde el punto de la ley de cultos, y da trato discriminatorio a
diversas organizaciones e instituciones que tienen algo que aportar en el tema
a ser debatido en el parlamento, y que deben tocar la puerta de las autoridades
y pedir audiencia, muchas veces de manera infructuosa. Lo pone en evidencia, el
hecho que el presidente de los empleados fiscales ha señalado su frustración
por no haber sido recibidos para explicar sus aprehensiones al proyecto de
reforma laboral explicado de manera tan solícita a un jefe de iglesia.
Se hace imperioso que quienes alguna vez
reaccionaron con decisión frente a la pretensión de concebir una
institucionalidad democrática “protegida”, hoy consideren y analicen la
gravedad de actos que subordinan simbólica y ritualmente a las autoridades que
son mandatarios del pueblo, exponentes del ejercicio republicano, a poderes
que no representan a una instancia prevista en el ordenamiento democrático ni
en la Constitución Política, a la cual tales autoridades se deben por sobre
todas las cosas.
