El Caso Penta y la Transparencia

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06/01/2015

El caso Penta, que ha derivado en querellas a connotados personeros ligados principalmente a la UDI, es la constatación de dineros que no se usaron en gastos de campañas y que se justificaron con facturas por servicios ficticios, justificando dineros que habrían quedado en un limbo, generando probablemente un enriquecimiento ilícito para los beneficiarios...

El sistema político chileno es consecuencia de una serie de acuerdos entre la Concertación y un gobierno de facto,  saliente en 1990, que generó toda su institucionalidad a través de una Constitución a la medida, la misma que consagraba un sistema económico neoliberal que ha tenido pilares fundacionales: el Estado con un rol subsidiario, que lo limita a aquello que no es negocio atender para los privados; los ahorros previsionales de la mayoría en manos privadas como nutriente financiera blanda para la expansión económica;  un sistema presidencialista que deja al poder legislativo una función muy débil; y una serie de amarres a través de leyes constitucionales de quorum especial que han asegurado el mantenimiento del sistema en el tiempo. En ese contexto, la transición democrática ha funcionado con dos grandes bloques mediante un sistema binominal que subsidiaba a la minoría en materia de representación en el Congreso. El poder lo ejercía principalmente el gobierno, pero para realizar reformas de fondo se requiere contar con quorum especiales. La Nueva Mayoría logró  con la elección de Michelle Bachelet esa correlación de fuerzas como para cumplir con su programa de reformas, siendo la madre de ellas, la reforma a la Constitución.

En las campañas políticas, la institucionalidad funciona a través de SERVEL que tiene a su cargo la organización de las elecciones. Para financiar las campañas políticas los partidos tienen que asumir los costos de publicidad, palomas, rayados, pintura, transporte, operadores que hagan promoción puerta a puerta, etc. Nadie se mueve por ideales y cada partido o coalición tiene que poner las lucas para que sus candidatos se posicionen, igual que si fueran detergentes. Los aportes pueden hacerlo personas naturales o empresas. Son donaciones que desde el punto de vista tributario deben declararse ante SII. Terminada una elección cada candidato debe dar cuenta de lo que gastó y, de acuerdo a los votos que haya sacado, se le reintegra un valor por voto. Si el candidato sacó una gran mayoría le devolverá el Estado una suma importante que cubriría lo que gastó efectivamente en su campaña. Si le va mal, queda debiendo a los proveedores de los servicios que haya contratado. Hay aspectos perversos en este sistema y son, principalmente, el que mande el dinero y que exista la figura de “aportes reservados” cuyo donante no se transparenta, y que se admita que empresas, o sea personas jurídicas, pongan dinero en campañas, generándose una relación impropia, de influencia, entre el financista y el candidato. No hay acá cuestiones ideológicas, porque los grupos económicos le apuestan a candidatos de todo el espectro, obviamente favoreciendo a los que están en su línea ideológica. Y lo último en cuanto a este sistema soterrado es que el SERVEL no tiene atribuciones para fiscalizar efectivamente las rendiciones de cuentas que le presentan los partidos políticos. El caso Penta ha sido fruto de una investigación profunda del SII en orden a comprobar la veracidad de las boletas y facturas que justificaban los gastos atingentes a las campañas políticas. Rendiciones de cuentas fraudulentas que significaban que el Estado colocaba los dineros en función de ellas. Antes de salir electo un candidato ya habría percibido dineros que se quedaban a medio camino y que nunca se gastaron en campañas reales.

El caso Penta, que ha derivado en querellas a connotados personeros ligados principalmente a la UDI, es la constatación de dineros que no se usaron en gastos de campañas y que se justificaron con facturas por servicios ficticios, justificando dineros que habrían quedado en un limbo, generando probablemente un enriquecimiento ilícito para los beneficiarios, algunos de los cuales habrían enviado los dineros a paraísos fiscales para que no los alcanzara el Impuesto a la Renta, cuestión que también ahora ha cambiado gracias a la Reforma Tributaria. En definitiva, con la excusa de gastar en campañas, se daba un tráfico de influencias con pagos que, justificados con facturas y boletas ideológicamente falsas, habrían ido a parar a los bolsillos de los “honorables” parlamentarios, si es que lograron ocupar un sillón. Tal es el mecanismo fraudulento que ha perseguido el SII y que ha investigado la Fiscalía. Las consecuencias de una malversación o de un fraude tributario están establecidas en la ley. La inhabilitación de su cargo a parlamentarios involucrados, pasa por su desafuero y suspensión mientras se sustancie el proceso. El terremoto es mayúsculo y deberá significar que, desnudo el rey frente al pueblo, haya que cambiar urgentemente este sistema que invita a la corrupción, para generar uno sano e igualitario, que permita que la política recupere credibilidad, de una vez por todas.



Periodismo Independiente, 6 de enero de 2015    @hnarbona en Twitter.

 

 

 

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