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El sistema político chileno es consecuencia de una serie de
acuerdos entre la Concertación y un gobierno de facto, saliente en 1990, que generó toda su
institucionalidad a través de una Constitución a la medida, la misma que
consagraba un sistema económico neoliberal que ha tenido pilares fundacionales:
el Estado con un rol subsidiario, que lo limita a aquello que no es negocio
atender para los privados; los ahorros previsionales de la mayoría en manos
privadas como nutriente financiera blanda para la expansión económica; un sistema presidencialista que deja al poder
legislativo una función muy débil; y una serie de amarres a través de leyes constitucionales
de quorum especial que han asegurado el mantenimiento del sistema en el tiempo.
En ese contexto, la transición democrática ha funcionado con dos grandes
bloques mediante un sistema binominal que subsidiaba a la minoría en materia de
representación en el Congreso. El poder lo ejercía principalmente el gobierno,
pero para realizar reformas de fondo se requiere contar con quorum especiales.
La Nueva Mayoría logró con la elección
de Michelle Bachelet esa correlación de fuerzas como para cumplir con su
programa de reformas, siendo la madre de ellas, la reforma a la Constitución.
En las campañas políticas, la institucionalidad funciona a
través de SERVEL que tiene a su cargo la organización de las elecciones. Para
financiar las campañas políticas los partidos tienen que asumir los costos de
publicidad, palomas, rayados, pintura, transporte, operadores que hagan
promoción puerta a puerta, etc. Nadie se mueve por ideales y cada partido o
coalición tiene que poner las lucas para que sus candidatos se posicionen,
igual que si fueran detergentes. Los aportes pueden hacerlo personas naturales
o empresas. Son donaciones que desde el punto de vista tributario deben
declararse ante SII. Terminada una elección cada candidato debe dar cuenta de
lo que gastó y, de acuerdo a los votos que haya sacado, se le reintegra un
valor por voto. Si el candidato sacó una gran mayoría le devolverá el Estado
una suma importante que cubriría lo que gastó efectivamente en su campaña. Si
le va mal, queda debiendo a los proveedores de los servicios que haya
contratado. Hay aspectos perversos en este sistema y son, principalmente, el
que mande el dinero y que exista la figura de “aportes reservados” cuyo donante
no se transparenta, y que se admita que empresas, o sea personas jurídicas,
pongan dinero en campañas, generándose una relación impropia, de influencia,
entre el financista y el candidato. No hay acá cuestiones ideológicas, porque
los grupos económicos le apuestan a candidatos de todo el espectro, obviamente
favoreciendo a los que están en su línea ideológica. Y lo último en cuanto a
este sistema soterrado es que el SERVEL no tiene atribuciones para fiscalizar
efectivamente las rendiciones de cuentas que le presentan los partidos
políticos. El caso Penta ha sido fruto de una investigación profunda del SII en
orden a comprobar la veracidad de las boletas y facturas que justificaban los
gastos atingentes a las campañas políticas. Rendiciones de cuentas fraudulentas
que significaban que el Estado colocaba los dineros en función de ellas. Antes
de salir electo un candidato ya habría percibido dineros que se quedaban a
medio camino y que nunca se gastaron en campañas reales.
El caso Penta, que ha derivado en querellas a connotados
personeros ligados principalmente a la UDI, es la constatación de dineros que
no se usaron en gastos de campañas y que se justificaron con facturas por
servicios ficticios, justificando dineros que habrían quedado en un limbo,
generando probablemente un enriquecimiento ilícito para los beneficiarios,
algunos de los cuales habrían enviado los dineros a paraísos fiscales para que
no los alcanzara el Impuesto a la Renta, cuestión que también ahora ha cambiado
gracias a la Reforma Tributaria. En definitiva, con la excusa de gastar en
campañas, se daba un tráfico de influencias con pagos que, justificados con
facturas y boletas ideológicamente falsas, habrían ido a parar a los bolsillos
de los “honorables” parlamentarios, si es que lograron ocupar un sillón. Tal es
el mecanismo fraudulento que ha perseguido el SII y que ha investigado la
Fiscalía. Las consecuencias de una malversación o de un fraude tributario están
establecidas en la ley. La inhabilitación de su cargo a parlamentarios
involucrados, pasa por su desafuero y suspensión mientras se sustancie el
proceso. El terremoto es mayúsculo y deberá significar que, desnudo el rey
frente al pueblo, haya que cambiar urgentemente este sistema que invita a la
corrupción, para generar uno sano e igualitario, que permita que la política
recupere credibilidad, de una vez por todas.
Periodismo Independiente, 6 de enero de 2015 @hnarbona en Twitter.
