. ¿Por qué lo digo?
Pues porque la Junta de Castilla y León nunca ha dado cancha al profesorado ni
a nadie en planes, proyectos y planificación y, de repente, quiere saber la
opinión de la comunidad educativa antes de elaborar una norma propia sobre la
Educación Secundaria Obligatoria. Y todo con el presunto afán de elaborar una
norma que se adapte a la LOMCE.
¿Acaso el ministro, José Ignacio Wert, no tenía claras las ideas
cuando ‘trituró’ la LOE para llegar al engendro que es la LOMCE? La bola se la
ha rodado a las comunidades autónomas, como era de esperar. Bien es verdad que
nadie esperábamos nada sensato de este ministro tan denostado por la comunidad
educativa, incluso dentro de su propio partido. Ya decía en pequeño comité un
miembro destacado de su gabinete: “Si no ha sabido ‘sujetar’ un matrimonio, es
imposible que sea capaz de afianzar todo un sistema educativo”.
El afán de la Junta de Castilla y León por hacer una norma propia
--cuando su mayoría política está en este momento muy por debajo de la que ha
mantenido esta legislatura-- me parece improcedente y un atrevido brindis al
sol. Una de dos: o no tiene ni puñetera idea de por dónde empezar o quiere dar una muestra
de transparencia que no ha dado nunca. De todos es sabido que, si por algo se
caracteriza el Gobierno de Juan Vicente Herrera, es por no tener transparencia
en ningún aspecto: no hay más que echar una mirada al HUBU, al caso Lasarte, a
la trama Gürtel en Castilla y León, al tema de dietas, coches oficiales y al
abuso de la libre designación en consejerías y órganos varios.
Para adaptar la ESO a la LOMCE, la Consejería de Educación va a
poner a disposición del profesorado de los centros sostenidos con fondos
públicos que imparten dicha etapa, una encuesta. Con ella se pretende que la
comunidad educativa aporte sus opiniones, quejas y sugerencias, partiendo de su
experiencia personal. Sin duda hubiera sido muy bien recibida en otro momento
pero ahora suena a maldad, peloteo, desconsideración y zanahoria sin palo
visible.
Pero ya verán ustedes cómo ni siquiera se preocupan de la ESPA ni
de la ESPAD. Han tenido catorce años para adaptar la educación de adultos y se
han quedado a mitad de camino, con lo que han generado un desconcierto brutal:
nadie en la Consejería de Educación ni en los Servicios periféricos conoce en
profundidad la problemática de esta variante del sistema educativo, de la que
solo se acuerdan cuando llegan las elecciones municipales, porque el alumnado
adulto acude a las urnas y vota. Lo que no han contemplado es que desde muchos
centros de EPA el alumnado ha sido puntualmente informado de la catástrofe
educativa y de la pésima organización generada por la Junta –a pesar de lo que
ellos se recrean en sus propias falsedades-- además de los asuntos visibles de
corrupción, abuso, desconsideración y desprecio a la ciudadanía. Es
suficientemente conocido que desde la propia Consejería de Educación se ha
hecho más daño que beneficio; un daño que -- en muchos casos-- se ha
incrementado al intentar ‘meter mano’ donde no deben las diferentes ‘correas de
transmisión’ de la consejería en las diversas provincias de la Comunidad.
“¡Joder, qué tropa!”, que diría Romanones.
La encuesta va a ser
anónima. No podría ser de otra forma porque, entonces, el cachondeo hubiera
sido mayúsculo. Al parecer los datos solo serán tratados de forma agregada, de
ahí que la Consejería de Educación no
haya encontrado dificultad para gastar un dinero que no tiene y ha pedido
colaboración a la empresa SIGMA DOS. Ésta será la encargada de realizar el
análisis de los resultados.
Ayer nos comentaban varios sindicalistas --de esos que llevan
liberados veintiún años en el sector docente-- que el profesorado no ve muy
clara la intención de la Consejería de Educación. Al menos espera que no se
convierta en una tropelía más de las muchas que se cometen en las diversas
consejerías. No hay más que mirar a la Consejería de Hacienda y comprobar que
no cumple ni siquiera con su propia normativa: finaliza noviembre de 2014 y no
se ha dignado en enviar la segunda parte de los gastos de funcionamiento a los
centros públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla y León. Facturas y
facturas se amontonan en los centros educativos, con lo que se puede decir que
la Junta de Castilla y León es la entidad que más daña a las empresas pequeñas
porque no paga en tiempo, forma y cantidad. ¿Entienden ustedes por qué digo
muchas veces que la propia Junta de Castilla y León fomenta el cierre de
talleres, comunidades de bienes y empresas en general?
Muchas de las consejerías de la ‘finca’ de Juan Vicente Herrera
hace tiempo que perdieron la vergüenza, de ahí que la ciudadanía reitere que
también las perdió el respeto. Ello lleva a pensar que una legislatura más del
Partido Popular al frente de la Comunidad, sería algo así como un atentado al
sentido común. Algo que no se puede consentir es la existencia de demasiada gente
profesional de la política que pretende repetir y seguir aupado en la ‘mamandurria’.
