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Existe la falaz idea de que el derecho es la ley, es
decir, que es lo que se le antoja al gobierno redactar y sancionar; pero no es
así. El derecho es un sistema de normas que surge evolutivamente de la
interacción personal, y de la correlativa modificación de las pautas morales y
las costumbres de una comunidad.-
Imaginemos que en 1900 al gobierno se le hubiera ocurrido
sancionar una ley que admitiera el matrimonio entre homosexuales.
Automáticamente el escándalo que se hubiera armado hubiera hecho a esa norma
desaparecer. Porqué? Porque para la moral y costumbres del momento eso no era
admisible. Es decir, el derecho no es la ley. Supongamos ahora que hoy se
establezca (como lo hace el nuevo código) que todos (absolutamente todos) los
contratos están pendientes de revisión judicial por un “abuso de posición
dominante”, o que una persona puede armar “sociedades unipersonales” para sacar
ciertos bienes de su patrimonio. La cadena de fraudes y picardías podría subir
a niveles astronómicos. Porqué? Porque la regla comúnmente aceptada de que los
contratos se hacen para cumplirlos ha sido descartada por el gobierno.-
El Código Civil y el Código Comercial de mediados del
siglo XIX redactados por Vélez Sarfield motivó una discusión entre Alberdi y
Sarmiento sobre la conveniencia de armar un cuerpo normativo. El primero se
oponía por suponer que era una arbitrariedad estatal, Sarmiento en cambio
propiciaba un derecho nuevo para un país nuevo (el genial sanjuanino siempre
fue un poco exagerado); la experiencia ulterior le dio la razón finalmente a
Alberdi ya que no fue sino tras muchas décadas de interpretación y debate que
el código adquirió sustancia vital.-
Los Códigos Civil y Comercial, si bien al principio eran
solo texto, sin costumbre ni interpretación que los enriqueciera, tras 150 años
de vigencia, de reformas parciales, de cientos de miles de opiniones jurídicas
interpretándolos, y de millones de fallos aplicándolos, hoy poseen una
actualidad y una vitalidad absoluta. Todos los profesionales, técnicos, jueces
y profesores de derecho, lo conocen a la perfección; así como todos los
ciudadanos ya han interiorizado sus normas y pueden prever y anticipar las
eventualidades de cualquier relación jurídica en base a la normativa de aquellos
códigos. Todo eso con este nuevo código se termina.-
Es tal la envergadura del cambio que todos los abogados,
absolutamente todos, incluidos jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales,
deberíamos revalidar nuestros títulos; ya que se deroga el 70% de los que nos
han enseñado en la facultad, se eliminan todos los contenidos sobre los que
hemos rendido, y se arroja a la basura todos los conocimientos que según
nuestros títulos poseemos. Es como si pretendiésemos empezar a trabajar en otro
país, en donde las leyes que nos enseñaron no rigen.-
En el siglo XVIII surgió la idea de la codificación como
expresión de dos fantasías: que la ley sea obra de los representantes del
pueblo en el congreso; y de que todo el derecho no sea más que esa ley.-
Pues bien, como se dijo, ni el derecho es solo la ley, ni
es obra de las circunstanciales mayorías legislativas. Después de 200 años uno podría
aspirado a que algo se hubiera aprendido, pero en Argentina eso parece no ocurrir.-
Para tener una idea del caos al que nos están llevando,
cabe recordar la experiencia que tuvimos en el país cuando en 1968 se realiza
la reforma mas amplia que haya tenido el código civil; tras lo cual jueces y
doctrinarios debatieron al menos 15 años para definir si las reglas nuevas se
aplicaban a las relaciones nacidas antes; para armonizar las nuevas reglas con
las reglas que quedaron; y para
desentrañar cómo esos textos legales, surgidos del capricho de un legislador se
aplicaban a la realidad. Pues bien, en esa ocasión se modificaron o derogaron
cerca del 10% del código. Hoy es eliminada la totalidad de ambos códigos y sus
leyes complementarias. Más de 8000 artículos borrados de un plumazo. Por lo que
la anomia que se avecina será absoluta durante mucho, mucho tiempo.-
Este código si bien ha sido promulgado ahora, entrará en
vigencia a principios del 2016. Seria un acto de absoluta prudencia del nuevo
gobierno que lo derogue y salve al país de ese caos jurídico.-
