El poder absolutista sigue vigente en España

Decía la filósofa alemana Hannah Arendt que “Nadie puede ser libre ni feliz si no puede ejercer el control del poder político”. Antiguamente, los reyes absolutistas nombraban condes o marqueses a aquellos que les eran fieles para que estos ejercieran en su nombre el control de los pueblos y hacerse cargo así de cobrar los impuestos e instaurar un orden favorable a la monarquía. Era un modo de controlar al pueblo para que los ciudadanos quedasen privados de ciertos derechos y no tuviesen muchas opciones a revelarse contra ese sistema. Han pasado ya muchos siglos desde entonces. Sin embargo –aunque nos pueda parecer lo contrario-, el modo de ostentar y controlar el poder sigue siendo muy parecido. Hoy en día –evidentemente- el poder ya no recae en el rey, pero sigue existiendo una estructura y una red de personas muy contadas que poseen el poder político, económico y judicial, y lo controlan para que éste siga estando en manos de unos pocos.

. Antiguamente, los reyes absolutistas nombraban condes o marqueses a aquellos que les eran fieles para que estos ejercieran en su nombre el control de los pueblos y hacerse cargo así de cobrar los impuestos e instaurar un orden favorable a la monarquía. Era un modo de controlar al pueblo para que los ciudadanos quedasen privados de ciertos derechos y no tuviesen muchas opciones a revelarse contra ese sistema. Han pasado ya muchos siglos desde entonces. Sin embargo –aunque nos pueda parecer lo contrario-, el modo de ostentar y controlar el poder sigue siendo muy parecido. Hoy en día –evidentemente- el poder ya no recae en el rey, pero sigue existiendo una estructura y una red de personas muy contadas que poseen el poder político, económico y judicial, y lo controlan para que éste siga estando en manos de unos pocos.
Según publicaba el diario El País esta semana pasada, J.A., un opositor al Tribunal de Cuentas, estuvo a punto de obtener un pleno de aciertos. Pero no en la oposición. Al parecer, semanas antes de iniciarse en 2010 los exámenes para cubrir las 14 plazas de auxiliares de grabación y subalternos en el órgano que se encarga de fiscalizar a todas las administraciones públicas, J. A. se presentó ante un notario y le pidió que levantase acta de un futurible. Ante el asombro del notario, J.A. le facilitó 14 nombres, de los que el hombre dio fe. Al terminar los exámenes, J.A. cotejó su lista notarial con la de aprobados que figuraban en el BOE: había conseguido ni más ni menos que la friolera de 12 aciertos. Lógicamente, J. A. no es ningún adivino; sencillamente, tenía alguien dentro del Tribunal que le alertó de que casi todas esas vacantes ya tenían dueño; familiares o amigos de los miembros del tribunal. Como era presumible, J.A. comenzó una batalla legal –una batalla que llegó incluso hasta el Tribunal Supremo- sin que obtuviera ningún resultado positivo.