Más sobre la deuda de las entidades federativas - Economía - Reeditor.com

Mucho se ha discutido recientemente sobre la deuda que los estados y municipios del país adquieren sin reportarlo a las autoridades hacendarias, o bien, a sus congresos locales y órganos de fiscalización regionales. Lo anterior ha repercutido en un aumento creciente de la deuda de dichas entidades, volviéndose un tema complicad – y quizá explosivo en algunos casos – porque las deudas contratadas no son aquellas que tienen una mejor calidad, sino a las que tienen acceso, incluso cuando eso signifique pedir prestado a la banca comercial a corto y mediano plazo con tasas de interés sumamente elevadas.

Este fenómeno se deriva de los compromisos que los gobiernos locales tienen que enfrentar en el cortísimo plazo y por tanto recurren a otros instrumentos de deuda con un plazo mayor, para no incumplir sus obligaciones. Generalmente este tipo de deudas no cubren necesidades de largo plazo como puede ser la generación de infraestructura o de inversión social, sino que se utiliza para cubrir los huecos fiscales derivados de la deficiente recaudación, del sistema de pensiones que enfrenta crisis de liquidez, o bien, se destina para gasto corriente.

Es evidente que los gobiernos de dichas entidades a veces privilegian el gasto corriente, sindical, de pensiones, o suplen impuestos como el de la tenencia vehicular con fines meramente políticos o electorales, y por dicha razón acuden a las instituciones crediticias para liquidar sus pasivos, adquiriendo otros. Esta cadena se puede volver un círculo vicioso y no hay manera de saber cuál es el nivel de deuda en muchos casos, porque mientras ésta sea saldada en el tiempo correspondiente antes del corte mensual o anual en las finanzas públicas. Luego entonces, tanto la Secretaría de Hacienda o el Banco de México carecen de instrumentos para conocer el nivel real de la deuda estatal y municipal, convirtiéndose en un factor de riesgo.

Otra problemática que enfrentan dichas deudas locales es que la mayoría de ellas, especialmente las contraídas con la banca comercial, son garantizas con las participaciones y aportaciones federales que la Secretaría de Hacienda hace periódicamente. Incluso hay cifras que se tienen comprometidos los presupuestos públicos hasta en un 87% como garantía de deuda.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ha reportado que cerca del 60% de los ingresos de municipios y estados proviene de los ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 68% de los ingresos tributarios es el equivalente de lo que reciben. Si a ello le sumamos que la Secretaría de Hacienda reportó que de enero a mayo de 2011, 23 de las 32 entidades federativas del país recibieron menor ingreso por participaciones (-3.4% en promedio nacional), la situación se vuelve más complicada.

La misma dependencia federal informa que actualmente la deuda con la banca comercial de las entidades hasta el mes de abril de 2011 ascendió a $315,000 millones de pesos y la deuda con la banca de fomento llegó a $69,100 millones de pesos en pasivos.

En conclusión, se podría afirmar que dada la situación fiscal y financiera de los estados y municipios se requieren mecanismos para que la situación no ponga en riesgo a las finanzas públicas.

Dos de ellas para comenzar:

a) Crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los estados y municipios que no los tengan y fortalecer a aquellos que ya existen.

b) Establecer candados para la solicitud de deuda de las entidades federativas: que dichos recursos se utilicen para inversión en infraestructura, salud, o vivienda, por ejemplo, y no en gasto corriente.

Si las condiciones de deuda de las entidades mejoran, también lo harán las finanzas públicas en general. De esta manera México fortalecerá su vocación de recipiendario de inversiones de capitales (nacionales y extranjeros) y podrá activar los motores propios de su economía, dependiendo menos de Estados Unidos.

Fuentes:

Periódico Excélsior

www.excelsior.com.mx/dinero

Periódico Milenio