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La crisis del Estado de Derecho en México


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07/10/2014


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No puede existir “Derecho” en donde no existen “derechos”, ni existe "Estado de Derecho" cuando las normas fundamentales no se cumplen






Las llamadas “reformas estructurales”, principalmente las realizadas en el texto de la Constituciòn Polìtica de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen una gran tensiòn entre los mundos del “Ser” y del “Deber Ser” que merecen obligadamente el analisis jurìdico-politico de todos los Mexicanos, y entre ellos, especialmente el de los estudiosos del Derecho.





Distintas voces se han pronunciado durante el proceso de reformas ya operado dentro de los ambitos ejecutivo y legislativo del gobierno, con la inducida e inductora ingerencia de algunos  partidos polìticos, en donde los ejecutores y operadores de tales reformas no encontraron mayor resistencia: ni polìtica, ni jurìdica para tramitarlas.





Dentro del campo de la “legalidad” y de la resoluciòn pacifica de los conflictos que es propia de un “Estado de Derecho”, queda aun el ambito de la valoracion judicial sobre la Constitucionalidad de tales reformas, en relacion con los Principios Esenciales establecidos en nuestro Pacto Social: la Constitucion Polìtica de los Estados Unidos Mexicanos; entre ellos la Forma de Gobierno y los Derechos Humanos, y dentro de estos, los Derechos Politicos de los Mexicanos, asi como las Garantìas Procesales para hacerlos valer.





El llamado “Poder Judicial”, que es parte del Gobierno, debera ejercer sus atribuciones Constitucionales para resolver los conflictos por venir dentro de esas enormes tensiones sociales y politicas que se encuentran latentes: pretensiones apoyadas en el enfoque rígido y simplista del formalismo jurídico, hoy todo un anacronismo monotemático, en contraposición con perspectivas contemporáneas complejas tales el iuspositivismo atenuado con la inclusion de los Derechos Humanos, el Iusrealismo y el Derecho Social del que nuestra Constituciòn fue pionera en el Mundo, que demandan de la Funcion Jurisdiccional un ejercicio digno, profesional e independiente en el mayor de sus niveles.





La Suprema Corte de Justicia de la Nación sera exigida al màximo en los meses por venir, por la implementación de las citadas “reformas”; y lo menos que se espera de ella es que atienda su responsabilidad con criterios eminentemente jurídicos, libre de dogmatismos ideológicos y de las ataduras legales con las que se han pretendido limitar sus atribuciones Constitucionales. Está claro que no es fácil sujetar la avasalladora fuerza del poder político y económico a las normas legales, pero es la esencia de su función como “salvaguarda de la Constitución”.





El mundo factico no puede ni debe reducir la observancia y evolución del Derecho hacia estados superiores de desarrollo social, so pena de involucionar hacia primitivos sistemas de justicia,  indeseables para todos.





Evidentemente existe una pugna de proporciones colosales entre quienes impulsan la eficacia de los Derechos Humanos y el caràcter normativo de nuestra Ley Fundamental, contra quienes pretenden ver en los primeros simples enunciados optativos y en la Constitucion un texto formal, sin obligatoriedad y observancia para los autonombrados “factores reales del poder”; si bien esta pretensión no es enteramente nueva, también lo es que ha cobrado renovados bríos en los últimos años.





Adicionalmente, en el ámbito acadèmico, se propone presentar un punto de vista que sirva como referencia para provocar el estudio y la discusión sobre la naturaleza y circunstancia de las condiciones jurìdicas en que estamos inmersos.





Ante cambios de esta envergadura en México, del paradigma del Derecho Social al formalismo jurídico exacerbado, los integrantes de la  “Academia Jurídica Nacional” debemos estar presentes, desde nuestras más diversas perspectivas, a fin de aportar opciones explicativas sobre la relación entre los mundos del “Ser” y del “Deber Ser” existentes que articulen las dimensiones: normativa, doctrinaria y filosófica de la información jurídica disponible en conceptos comprensibles y tendencias interpretativas que puedan servir a la formación de los futuros profesionales del Derecho con márgenes razonables de conciencia disciplinaria y contextual para el ejercicio de su profesión.





Lo más grave que nos podría ocurrir, es que las normas jurídicas, su análisis académico, la praxis jurídica y el discurso jurídico-político, se desvinculen entre sí en tal medida que terminemos inmersos en una especie de “esquizofrenia jurídica” en la que independientemente de los textos legales y de su hermenéutica jurídica, la única norma que nos termine rigiendo sea la del más fuerte, y los egresados de las Instituciones de Educación Superior con nivel de Licenciatura en Derecho, sean en realidad solo “técnicos jurídicos”, acríticos, simples tramitadores de algoritmos de gestión burocrática, ajenos a los diversos conceptos de Justicia que subyacen en las complejas relaciones sociales y al ejercicio dialectico que permite dirimir pacíficamente las diferencias en el marco de la mayor “civilidad” posible.   





Como se puede observar, la dimension del tema es inmenso, y no puede ser desarrollado en toda su amplitud y profundidad, como lo demanda su relevancia, dentro de un plazo muy breve y un texto muy corto; pero en contrapartida, su trascendencia exige oportunidad y esfuerzo responsable para enfocar y abordar los puntos axiales, a reserva de profundizarlos y ampliarlos con posterioridad.





Sin el imperio del Derecho, democrático como producto de la Polis, del Pueblo, estamos a merced de los que Luigi Ferrajoli llama “los poderes salvajes”, la “ley de la selva”. Las preguntas son: ¿Estará hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la altura de las circunstancias para resolver en forma consistente con los principios fundamentales todos los conflictos?; ¿asumirá su rol de protectora de los Derechos Humanos de las personas de los Mexicanos?; ¿aplicara jurídicamente el principio pro persona?; ¿seguiran vigentes los avances dentro del Juicio de Amparo tales como el “interes legitimo” o habra una regresion simulada hacia aquel restrictivo “interes juridico”?; ¿somos una Democracia?; ¿seguiremos siendo una República?; ¿tenemos “Estado de Derecho”?.







Por si lo anterior fuera poco, los atroces crimenes cometidos por las "fuerzas del órden" en Tlatlaya y Ayotzinapa han cimbrado nuestro precario "Estado de Derecho" sometiendolo a graves tensiones entre los partidarios de los Derechos Humanos y quienes desean reducirlos a meros enunciados carentes de trascendencia, ante el estupor de un Pueblo que mira en aparente resignacion como las atrocidades e impunidad superan cada día su capacidad de asombro. 





¿Podrán las academias jurídicas de las Instituciones de Educación Superior que imparten la enseñanza del Derecho, formular oportunamente  una explicación jurídica razonable y consistente, que articule las asimetrías entre el mundo del “Ser” y del “Deber Ser”, en planes y programas de estudios actualizados y eficaces, para formar profesionales y juristas a la altura de las circunstancias que registra nuestro País y contribuir para reconstruir el clima seguridad y armonía sociales indspensables para vivir en paz?.





Demasiadas preguntas trascendentes que esperan respuestas adecuadas y oportunas. El costo de no hacerlo sera cada día mas elevado.





(Extracto del ensayo del mismo nombre que se puede consultar íntegro en http://adiazpi.blogspot.mx/2014/10/la-crisis-del-estado-de-derecho-en.html)





Antonio Díaz Piña

Twitter: @adiazpi









Etiquetas:   Política   ·   Derechos Humanos   ·   Constitución   ·   Estado de Derecho   ·   Ciencia Juridica

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