Durante
una charla sobre derecho penal a la que asistí hace ya algunos años, el ponente
–un abogado y profesor universitario- nos explicó que las leyes tenían principalmente
dos funciones: castigar y reinsertar. Castigar por el delito cometido y
reinsertar al individuo en la sociedad una vez que hubiese cumplido su condena.
Las dudas, por tanto, se centrarían en qué castigo debe aplicarse para cada
delito y quiénes merecen ser reinsertados y cuándo.
Durante
esta semana, tras el caso del presunto pederasta
de Ciudad Lineal, Antonio O.M., se vuelve a hablar mucho de leyes y de justicia. O de injusticia. Según parece, además de los casos
de pederastia, este hombre cuenta con un amplio historial policial
por robos con violencia, robos con fuerza, secuestros,
detenciones ilegales y violencia de género. Su primer delito fue en el año 1998, cuando obligó a
una niña de 7 años a introducirse en su vehículo para abusar sexualmente de
ella. En aquella ocasión, Antonio O.M. reconoció los hechos y la Audiencia
Provincial de Madrid le consideró culpable de agresión sexual y de
detención ilegal, delitos por los que le condenó a nueve años
de prisión y a indemnizar a la niña
con un millón de pesetas. Salió barato.
Resulta curioso que un individuo pueda cometer infinidad de
delitos y esté en la calle. Sin duda, no parece algo lógico. Sin embargo, en
España esto es algo habitual. Carteristas, ladrones, asesinos, violadores,
pederastas, conductores suicidas y demás familia entran por una puerta del
juzgado y salen por la otra. O entran en la cárcel y salen a los tres días. Existen incluso casos de delincuentes que, una
vez conducidos a los juzgados, están en la calle antes de que los propios
policías que lo han trasladado regresen al coche patrulla.
Por otra parte, la gran mayoría de los violadores, pederastas
y maltratadores –según muchos estudios psicológicos y neurológicos- no se
reinsertar. Esto también ocurre con algunos asesinos. Su carácter les conduce a
cometer el delito una y otra vez. Teniendo esto en cuenta, resulta preocupante
saber que la justicia deja en libertad a personas que son claramente peligrosas
para el resto de los ciudadanos. Esto supone un acto de absoluta
irresponsabilidad judicial, ya que gracias a estas sentencias se está poniendo
en peligro a multitud de hombres, mujeres y niños. Con tanto delincuente fuera,
las vidas de las personas agredidas, violadas, robadas o asesinadas parecen no
tener valor, ya que los jueces no los tienen en consideración a la hora de
dictar sentencia. Pero lo más grave es que ni los jueces ni las leyes tienen en
cuenta la posible prevención de delitos futuros por parte de este tipo de
delincuentes. Si el presunto pederasta de Ciudad Lineal –por ejemplo- no
estuviese en la calle, varias niñas no hubiesen sido violadas. Tal vez por
ello, cabría preguntarse qué responsabilidades legales tienen los legisladores
en este tipo de casos, ya que –de alguna manera- son responsables de los actos
delictivos que estos delincuentes realizan gracias a sus leyes.
Existen muchas personas que se escandalizan cuando escuchan
las palabras “cadena perpetua”, como si esto supusiese una degeneración social.
Sin embargo, en casos donde los delitos han sido claramente demostrados y en
los que se sabe que es prácticamente imposible la reinserción, lo incivilizado
es dejar que un delincuente pueda seguir violando a una niña de 7, 5 ó 3 años.