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Los primeros cien días de un presidente.
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30/08/2014
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Y es que es muy simple. Para que el enfermo sane, tienes que cortar el miembro "gangrenoso".
No tienes que ser médico para llegar a esa conclusión y nuestro flamante presidente D. Luis Guillermo Solis aplico en Costa Rica esa "cura" al encontrarse en sus primeros 100 días de gobierno en nuestro país, que antes que un plan de gobierno para sacar adelante al "desangrado" país , víctima de los políticos y funcionarios públicos corruptos, era denunciarlos, cosa que hizo en un teatro público alquilado ya que en la asamblea legislativa no lo dejaron, sin que esto no signifique que el plan completo tendrá que comunicarlo en las próximas semanas.
Y como muestra de su valiente actitud, que debería ser copiada por otros flamantes gobernantes, les acompaño copia literal de algunos párrafos de su histórica denuncia para que Uds. opinen.
Nótese que los acusa también de violar la constitución en su artículo 11, hecho que ya causo "pataleo" de algunos ex políticos, pero dejo a Uds. repito la final opinión y para eso leamos algunos párrafos literales de su intervención.
. Gobernar en Democracia es, ante todo y sobre todo, dar cuentas al pueblo y cumplir con lo que la Constitución y la Ley mandan.
. Es imperativo un cambio real y efectivo en la forma de administrar el país, que restituya la confianza de la ciudadanía en el destino nacional. De no lograrlo, habremos fracasado y eso no lo voy a permitir.
. En otras palabras, todo cambio político profundo depende del concepto que tengamos de la Ley y del compromiso de cumplirla por gobernantes y gobernados.
. Lo digo sin rodeos: en las últimas décadas, hemos sido gobernados con irresponsabilidad.
Muchas veces, y de muy distintas maneras, quienes recibieron del pueblo el mandato de gobernar violaron la Constitución y la Ley.
Esta no es una afirmación gratuita. La estadística judicial lo demuestra: en los últimos ochos años, del 2006 al 2013, solo la Sala Constitucional condenó todos los días, repito: todos los días, a un promedio de diez instituciones o funcionarios públicos, por incumplir sus deberes o atropellar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
. Así es como el país se nos fue hundiendo en una espiral de corrupción e ineficiencia, que hoy a casi todos nos asfixia y nos irrita.
. • Hemos encontrado, por ejemplo, que en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) se destinaban 2.4 millones de colones mensuales a pagar el mantenimiento de una casa de lujo en la playa, para uso discrecional de su Presidente Ejecutivo.
. En el Ministerio de Educación Pública encontramos que un círculo de asesores del Ministro, siendo personal de confianza que no marcaba hora de entrada y salida, prácticamente duplicaban su salario con el cobro de horas extras. Esto ocurría mientras miles de maestros no recibían puntualmente sus salarios y el caos en la planilla del Magisterio Nacional encubría un sobrepago de 30 mil millones de colones.
. Los pagos abusivos de horas extras también se daban en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de la Presidencia, entre otros.
. En el Ministerio de Trabajo nos damos cuenta de que, por muchos años, se han pagado pensiones a personas muertas. Esto ha ocurrido mientras miles de costarricenses viven un calvario para que les aprueben la pensión que sí les corresponde en procura de un retiro digno.
. En el Ministerio de Cultura comprobamos que un altísimo porcentaje de las contrataciones realizadas en los últimos años, por montos multimillonarios, para organizar festivales y ferias, las acaparaba una sola empresa. Es decir, topamos con una “cultura” de arbitrariedad y privilegio que ahora tendrá que ser investigada por el Ministerio Público.
. En el INVU encontramos un desastre organizacional. Ahí no funcionan ni los teléfonos, como lo reportó la nueva presidenta ejecutiva. La institución tiene cuentas por cobrar por más de 10 mil millones de
colones, algunas de las cuales las arrastra desde hace 27 años.
. En la mayoría de las oficinas públicas, el desorden es inimaginable; la ineficiencia, intolerable; la irresponsabilidad, insospechada.
. Empero, basta con estos hallazgos para advertir que el problema de la corrupción y de la ineficiencia en las entidades del Estado puede ser mayor de lo que hasta ahora imaginaron los más pesimistas.
. En medio de tantas irregularidades e ineficiencias, sé que en la Administración Pública afortunadamente también existen miles de funcionarias y funcionarios honestos y abnegados, que tienen claro el compromiso y la relevancia de su tarea.
. El saqueo y el desperdicio de los fondos públicos tienen que acabar ya. Si no lo logramos, la corrupción y la ineficiencia seguirán socavando al Estado y sus instituciones.
. Hace ya 14 años, el artículo 11 de la Constitución fue reformado con el afán de resolver el problema de la falta de rendición de cuentas en la Administración Pública, del que se nutren la corrupción y la ineficiencia estatal.
La norma es impresionantemente clara y precisa: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas”.
Sí, costarricenses, eso dice y manda nuestra Constitución Política; pero, tristemente, no se aplica. El solo cumplimiento de esta norma constitucional crearía un Estado y una sociedad mejores.
. Pero tampoco se vale resignarnos. En ese entendido anuncio que el Poder Ejecutivo remitirá en el más breve plazo posible, un proyecto de ley de que puntualice la rendición de cuentas y la responsabilidad política en la Administración Pública, para fortalecer la voluntad política y el coraje de nuestra administración de cumplir y hacer cumplir las disposiciones ya contenidas en la Ley de Control Interno y la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito.
Solicito a la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República que se sumen a este esfuerzo frente a la Asamblea Legislativa.
El objetivo de la nueva legislación tiene que ser solo uno, pero uno muy claro: que el Estado costarricense y todas sus instituciones se gobiernen con apego estricto a lo que manda el Artículo 11 de nuestra Constitución Política. Su finalidad ha de ser reglamentar este mandato constitucional, para garantizar su puntual cumplimiento.
NOTA: Un dolar equivale a 545 colones.
Etiquetas: Costa Rica
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