En febrero de este año, el gobierno mexicano respondió a las recomendaciones que le formuló el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas sobre el “alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria” y la exigencia de “enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de tortura”.