Chile: ¿Donde están los criterios de Defensa en las políticas públicas?

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11/07/2011

Chile: ¿donde están los criterios de Defensa en las políticas públicas?

Chile: ¿donde están los criterios de Defensa en las políticas públicas?

Hernán Narbona Véliz

¿Frente a una hipótesis de conflicto, cuán vulnerables somos y qué capacidad de respuesta tiene el Estado amarrado por una Constitución que tiende reducirlo a su mínima expresión?





Viajando desde la región de Atacama a la capital, mientras conducía por la carretera Panamericana, pensaba en la fragilidad que tiene Chile en materia de energía, conectividad y transportes. Un país extenso que ha levantado las vía férreas para optar por la carretera y el transporte rodoviario, queda inexorablemente en situación dependiente del abastecimiento de combustibles, de eventuales cortes de caminos.





En materia de conectividad, hay extensos territorios donde no existe señal para los celulares, lo cual obedece a la baja densidad poblacional que hace poco rentable la inversión en repetidoras, las que, dadas las condiciones climáticas extremas de desierto y cordillera en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, no resulta atractivo para las compañías que en un oligopolio controlan el mercado de las telecomunicaciones. Queda por tanto, en esa variable, un enorme territorio, la parte más ancha de Chile, sin esa plataforma necesaria de conectividad.





El sistema energético, con un diseño de red central, es también altamente vulnerable. Cuando en situaciones de contingencia colapsa el Sistema Interconectado central  se corta la energía a nivel nacional. El país está organizado en un Sistema Interconectado del Norte Grande, que cubre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta;, el Sistema Interconectado Central , que cubre desde Atacama a la Región de Los Lagos; el Sistema Eléctrico de Aysén y el Sistema Eléctrico de Magallanes. En proyectos como Hidroaysén el gran obstáculo es la necesidad de subir la energía al SIC y ya se habla de una carretera de transmisión eléctrica para vertebrar las fuentes con los centros de consumo.





Volviendo a la reflexión que motiva esta nota, esos sistemas interconectados centrales ¿en qué medida son vulnerables en caso de una emergencia nacional, de guerra o catástrofe? ¿No sería más seguro, bajo un criterio geopolítico, lograr que las fuentes generadoras pudieran ser centrales de paso, producción de energías adecuadas a la realidad de las regiones, provincias o comunas, para alcanzar una mayor autonomía en caso de conflicto?

Pienso que el modelo que Chile ha construido a partir de la visión dogmática del neoliberalismo, a partir de 1977, cuando el Estado es reformado de manera profunda hasta consolidar esas restricciones en la Constitución de 1980, ha significado, desde el punto de vista geopolítico, haber perdido seguridad en materia de soberanía territorial, ya que las decisiones comentadas, tomadas con un criterio eminentemente economicista, transferido del mundo privado al estatal, ha significado debilitar la función esencial del Estado Nación, cual es la seguridad de su territorio y la protección de su población.





En emergencias de carácter natural, ya se ha demostrado la ineficacia del Estado para asumir las crisis, toda vez que sus directivos vienen imbuidos de una visión libremercadista lo que les dificulta la toma de decisiones agresivas y oportunas que se requiere en manejos de crisis. Está fresco e imborrable en la retina, la imagen de saqueos en el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. Saqueos, vandalismo, robos a propiedad pública y privada, indefensión de la población a merced del lumpen, la delincuencia e inmorales oportunistas, todo porque al gobierno de turno le tembló la mano y tuvo una actitud dubitativa imperdonable para reaccionar como Estado, sacando a las fuerzas armadas a hacerse cargo de la emergencia. La excusa de que faltaba información agravó la falta, ya que Chile tenía registros históricos del rol que el Estado debe asumir en esos episodios, por encima del color o ideolología del gobierno.







Ahora bien ¿qué pasaría con nuestro país si enfrentásemos un conflicto armado? 





¿Se ha tomado en cuenta la opinión de los cuerpos armados encargados de la Defensa Nacional al diseñarse planes públicos en áreas estratégicas como transportes, energía y telecomunicaciones? ¿No ha habido una irresponsabilidad enorme al dejar esas decisiones de Estado a merced de la conveniencia o inconveniencia de los privados que sólo persiguen el lucro máximo para sus proyectos?





En el necesario diseño de una matriz energética nacional, con un litoral de más de 4 mil km, ese mar es una fuente generosa de energía que desaprovechamos. Es fuente de agua que, tecnología mediante, podría resolver los problemas de abastecimiento industrial, especialmente minero, que el país requiere. Si el Estado no estuviese atado por perversas leyes orgánicas constitucionales que le coartan la capacidad de emprendimiento directo, el país bien podría reducir su dependencia energética a combustibles fósiles generando en espacios locales a escala razonable como para abastecer las necesidades de centros rurales, empresas instaladas en regiones, logrando bajar la vulnerabilidad en caso de conflicto.

Recuperar las vías férreas es a mi juicio una tarea urgente. Y. por favor, hacer el ejercicio de plantearnos escenarios en que debamos defender el país y cerrar filas detrás de nuestras fuerzas armadas. En cuyo caso, para tender un puente, reconstruir un muelle o transportar armamentos, no podríamos estar restringidos por el Mercado Público, sometiendo esas tareas a “concesiones “ o “licitaciones”, el propio Estado debería articular sus maestranzas, reconvertir industria actualmente en manos privadas para hacer funcionar el país en una emergencia de fondo, cual sería un conflicto armado.





La geopolítica no es un asunto teórico que queda confinado a las aulas o academias militares. Es una forma de prevenir, de identificar debilidades y solucionarlas preventivamente. Es una visión de Estado necesaria, que creo hoy ausente,  tal como lo estuvo en los gobiernos de la Concertación, los que adicional y justificadamente, arrastraron por 20 años prejuicios de una relación dolorosa entre civiles y militares durante el régimen militar, a partir del golpe de Estado de 1973. La tecnocracia abordando la gestión pública con criterios de empresa privada genera distorsiones alarmantes, en aras de las ganancias empresariales. Recuperar un sano sentido de las prioridades nacionales debe ser materia de consenso por encima de coyunturas político partidarias. La probabilidad de un conflicto crece cuando se percibe un Estado débil, sin capacidad de conducción, sin capacidad de sentar las bases de una economía que apunte al desarrollo equilibrado a nivel territorial, sin esa concentración poblacional que se da hoy en el centro del país, en desmedro de la escasa población asentada en zonas sensibles de nuestro territorio.





Una reflexión mirando a Chile en situación constante de emergencias por largos años, desde el terremoto de Tocopilla, el mega terremoto y el tsunami del 2010, las erupciones volcánicas en Chaitén, ahora en Puyehue, suma y sigue. Además en un escenario complicado de relaciones internacionales, con una vecindad que nos ausculta al trasluz de sus intereses; presiones de Perú y Bolivia, nuevos planteamientos que hay que enfrentar desde una diplomacia inteligente de integración regional, pero también fortaleciendo nuestra soberanía, solucionando los flancos débiles que ha provocado un modelo que no encaja con una sana visión de Estado.



Periodismo Independiente 11 de junio de 2011.

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