El problema económico es político - Economía - Reeditor.com

. Quizás una especie de dicotomía etimológica haya creado una colosal confusión que nos ha podido desviar del objetivo central de lo que nos ocurre, y que tienen mecanismos políticos endógenos y propios para buscar soluciones, una acción colectiva, al estilo de las que describe Olson M.

En ese orden, las elecciones del 26 Septiembre y la constitución del nuevo poder legislativo (AN) constituyen puntos de inflexión de ese fundamental problema político-institucional que ha destrozado en buena parte la economía venezolana, no solo privada, sino pública, y también la infraestructura básica sobre la cual se sienta la vida del ciudadano venezolano, independiente de sus niveles de ingreso.

El común denominador y el impacto económico de ese proceso de desinstitucionalización política es una consolidada descapitalización de la economía. Capital y trabajo se han depreciado, parcialmente por consecuencias no intencionadas y parcialmente por consecuencias intencionadas, en quiebra y ruina para el empresario, pobreza para el trabajador, es el conocido camino a la servidumbre clientelar del gobierno del ciudadano venezolano.

La revolución bolivariana: una sociedad de iguales más pobres

Después de transcurridos algunos años de destruición –léase descapitalización- , observamos el aterrizaje quizás forzoso pero que se niega a aceptar que el camino comenzado con la ANC en el 2000 nos ha traído en directo a un cambio de nuestra forma de vida, donde propiedad privada, familia, libertad y vida, corren el mismo peligro: extinguirse después de unos años de destrucción sistémica e institucionalizada a través de normas legales, decretos de políticas publica, y hasta violencia política (expropiaciones de tierra y capital).

Todo ello, conformando un “orden revolucionario” caracterizado por un simulado rumbo institucional por parte del poder legislativo (fabrica de leyes dirigidas a liquidar propiedad y derechos) y el poder judicial (jurisprudencia llevada para fundar las bases jurídicas del nuevo sistema), ambos ideologizados y secuestrados por el poder político central. Todo transcurre de acuerdo a una agenda, la inteligentzia venezolana le ha costado conocer ese proceso, hoy reacciona sorprendido.

Descapitalización y pobreza: la agenda del poder total

Ese proceso de descapitalización y empobrecimiento global de nuestra economía toma cuerpo en el llamado “proceso revolucionario” cuyos inicios se encuentran en el proceso constituyente y en la nueva constitución que dispuso un rol monopólico y absoluto para el Estado en la economía, condicionando una posición de dominio que requiere el desmantelamiento del marco jurídico que defienda derechos de propiedad. Así, el Estado, en su propiedad y administrado por el gobierno, asume el control directo de los llamados recursos naturales, aguas, bosques, espacio electromagnético, tierras, así como actividades económicas, como comercialización, distribución naturalmente explotadas por capital privado.

El objetivo explícitamente expuesto por el propio Presidente de la República y otros poderes públicos bajo control de la ideología gobernante, poder legislativo, judicial y poder público, es la construcción del socialismo. Es decir, transferir al Estado por adquisición, compra, nacionalización, estatificación, expropiación de actividades económicas diversas. Algo similar al grito de Lenin en octubre 1917 de todo el poder para los soviets, los venezolanos no supimos comprenderlo.

Nuevas reglas e instituciones: guerra al capitalismo y sin derechos de propiedad

Ese proceso de descapitalización ha transcurrido sistemáticamente y por agenda política, demoliendo el marco jurídico, definiendo políticas públicas dirigidas a destruir el proceso de formación de precios, restricción de los mercados, cuyo efecto consolidado ha sido no solo la desinversión por parte del sector privado, sino el cierre de empresas, el empobrecimiento global de sectores económicos, tradicionalmente muy dinámicos, como agroindustria y ganadería, y petróleo.

Durante el periodo transcurrido a la aprobación de la nueva constitución en el año 2000, los poderes públicos fueron recreados –la vieja CSJ miopemente le dio a la ANC naturaleza de originaria, todo seria derrumbado y hecho como un traje a la medida del poder central- en concierto bajo control del Presidente, lo que elimino el necesario mecanismo institucional de controlabilidad de la hacienda pública y que se manifiesta básicamente por intermedio de contrabalances y contrapesos institucionales entre los poderes públicos.

Este aspecto final es vital para establecer las reglas básicas del equilibrio entre gasto público, ingresos fiscales, impuestos y endeudamiento; entre lo económico y lo políticamente posible ocurre casi siempre un equilibrio que es convertido en ley, con la nueva realidad política y constitucional, ello no fue mas así. El país se des-federalizó, y retorno al centralismo cuya expresión más notoria la encontramos en el manejo de la hacienda pública bajo el actual gobierno. Nadie pide ni da cuentas.

Hacienda pública sin controlabilidad : endeudamiento infinito con inflación

El régimen montado ha sido articulado en leyes, decretos, reglamentos con intervención presidencial demolió todo esquema de controlabilidad fiscal, esas reformas han permitido que el Presupuesto pese a ser aprobado por el poder legislativo, haya envilecido la política fiscal, a tal punto, donde todos los agentes financieros del gobierno incluido el BCV, bancos e instituciones financieras creadas ad hoc (FONDEN) participan del gasto público.

Entre endeudamiento y emisión monetaria ya no hay las requeridas diferencias institucionales que requiere un país para operar. El enorme endeudamiento en estos diez años, y que corrió en paralelo al voluminoso ingreso petrolero, muestra grotescamente que el gasto público y del Estado está gobernado por un voluntarismo político ejercido desde la Presidencia donde las restricciones básicas para su funcionamiento han desaparecido.

Mientras el ingreso fiscal se expandía ampliamente por los elevados precios del petróleo, las reglas fiscales y la controlabilidad fiscal que son básicos en el desarrollo de un país venían siendo destruidas, desapareciendo los mecanismos institucionales para el debido control político que detuviera un despliegue exuberante de la corrupción, cuya extensión alcanzo grado hipertrófico y de socialización inédito, así como impedidos de establecer parámetros para estimular la eficiencia en el gasto público.

Derroche, ineficiencia acaban con infraestructura y empresas publicas

Se han dado la mano, elevado ingreso fiscal, derroche, ineficiencia y corrupción, el denominador para todos es una total carencia de controlabilidad institucional de quienes administran la renta fiscal y los impuestos que la gente paga. Por el contrario, el derroche y la inversión dislocada de objetivos fiscales y un manejo indecoroso de fondos públicos -por in-controlabilidad- ha servido para dilapidar un enorme volumen de ingresos fiscales, los cuales no fueron invertidos y gastados de acuerdo a reglas fiscales aprobadas por el cuerpo contrapeso del poder ejecutivo.

De esta manera, un importante volumen del gasto fiscal, en lugar de efectuarse en base a criterios de federalismo fiscal o descentralización, se desvió hacia el financiamiento de proyectos de dudosa factura y fuera de nuestras fronteras. Así, las necesidades de la infraestructura vial, eléctrica, o salud, educación, no fueron atendidas en relación a sus necesidades, por lo cual y de manera acelerada nos ha mostrado simultáneamente un áspero proceso de descapitalización de los servicios públicos, los cuales han alcanzado un grotesco grado de empobrecimiento.

La descapitalización del sector eléctrico en manos del Estado que ha llevado al racionamiento en el extremo de electricidad en todo el país, la cuasi parálisis del Metro de Caracas, y la quiebra financiera de CVG (acero y aluminio), así como la ciada en la producción de petróleo y derivados de PDVSA, su descapitalización por diseño de rentismo absoluto, con un marco legal (LHC 2000) que la convirtió en un cascaron fiscal; el estado ruin de la vialidad y puertos, son apenas para nombrar quizás los más importantes

Sin mercado ni derechos de propiedad: el empobrecimiento es inminente

La destrucción de instituciones fundamentales de una economía de mercado – mercado y derechos de propiedad- culmina si se quiere con la perdida de independencia y autonomía funcional y administrativa del poder monetario -Banco Central de Venezuela-, institución que fue envilecida en cuatro consecutivas reformas a su Ley, con lo cual la inflación, un fenómeno político en Venezuela no tiene remedio por haberse perdido los mecanismos institucionales para su erradicación.

El BCV ha sido subrogado en una especie de banco de desarrollo con la capacidad de emitir dinero requerido por el fisco y a la discreción del Presidente, utilizando por vía de ley empresas del Estado, además de los caminos poco ortodoxos a través de los cuales financia el déficit fiscal, como es el caso de las transferencias de reservas internacionales a FONDEN.

En esas condiciones no hay posibilidad material de conducir una política monetaria, aunque mediatizada, que disponga de objetivos básicos para el abatimiento de la inflación, y estabilidad del sistema financiero. Por el contrario el diseño institucional del BCV es neto inflacionario, y esta se ha constituido en el mecanismo más abundante de ingreso fiscal funcionando como un impuesto que percola a través del sistema tributario y monetario, con miles de by-passes fiscales.

La inflación resultante toma cuerpo en la devaluación ha impuesto un ritmo de empobrecimiento que obviamente ha mejorado los indicadores de “igualdad” de ingresos, el régimen luce agradecido que su formulas políticas para regir lo económico va convirtiendo al venezolano en un dependiente de todas las vicisitudes fiscales, una especie de siervo del fisco. Mientras pobres más iguales; ley socioeconómica fundamental de todo régimen económico agenciado por el Estado, llámese fascismo, nazismo, comunismo o socialismo.

Qué hacer? Sencillo, se requiere voluntad política para el cambio

Venezuela se puede recuperar muy rápido, una vez que se resuelvan las formalidades políticas de la coyuntura, será necesario emprender aquellos cambios políticos e institucionales que le devuelvan la credibilidad internacional al país, porque sin la inversión nacional y extranjera el dolor de la recuperación económica será intenso, y para alcanzar esta y potencialidades hay muchas, es necesario comenzar el retejido institucional para devolverle la confianza al inversionista tanto nacional como extranjero.

La restitución de los derechos de propiedad y un marco jurídico que los proteja de terceros y fundamentalmente del Estado, su depredador en estos tiempos de revolución. Así mismo hay que instrumentar mecanismos económicos autónomos que permitan el retorno de ese enorme y rico capital natural venezolano que ha emigrado prácticamente expulsado por la revolución, que como sabemos suele devorar los hijos de la patria.

Si no hacemos eso, todo intento de relanzar la economía podría fracasar rotundamente con lo cual tampoco sería posible establecer los grados de gobernabilidad óptima para relanzar la economía nacional. Las tareas habrá que hacerlas de modo simultáneo.