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Aprobada la Ley de Ordenamiento Civico


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01/05/2014

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Finalmente el día de ayer, las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano de la XIV Legislatura del Estado, aprobaron la Ley de Ordenamiento Cívico.


Después del debate respecto de su contenido y esencia y gracias a las valiosas aportaciones de diversas instancias, gracias a la apertura para la discusión respectiva.

Promovida esta por el Presidente de la Gran Comisión, José Luis Toledo Medina, se logra una Ley integral y trascendente que va a permitir y ordenar adecuadamente la libre manifestación, sin que esta perjudique a terceros.

Porque de eso se trata el sentido del ordenamiento, que cada ciudadano o grupo, pueda expresar sus ideas públicamente, incluso su descontento hacia los actos de la autoridad, como corresponde en un ejercicio pleno de la democracia.

Una Ley que garantiza los derechos constitucionales, pero que no hace excepciones, el marco legal tiene que ser general y su acatamiento por tanto también debe observarse de la misma forma.

Es decir, que no se puede pensar que en el ejercicio de un derecho consagrado, se pueda burlar a la propia Ley aduciendo el respeto de otro de sus fundamentos.

Sin embargo, quienes usan ese privilegio no pueden por ello, establecer que una marcha o un plantón, como método de esa expresión, necesariamente impliquen acompañarse de actos de violencia.

Una queja no es mas solida o mas fuerte, si de por medio tiene que causar el caos, detener la dinámica normal de una sociedad pretendiendo chantajear a la autoridad, bloqueando las vías o destruyendo instalaciones publicas por ejemplo, porque eso es un secuestro.

En todo caso, el mayor peso de una manifestación, se supone proviene de los conceptos, los argumentos que sostienen un determinado descontento o insatisfacción.

De otra forma, si la libertad de expresión se confunde con una autorización tacita para permitir el vandalismo, lo que se favorece es el desorden y es obligación de la autoridad mantener las condiciones de convivencia social.

Porque si un grupo ve afectados sus intereses y hace uso de su potestad para defenderlos, no es posible por un simple principio de justicia que a causa de ello, se lesione a los demás integrantes de la comunidad.

Mas aun cuando a través de estas manifestaciones, se atenta contra la seguridad de los habitantes, se limita el transito y con ello por añadidura, se afecta el proceso económico del que dependen las familias.

Visto así, quienes en su momento mostraron oposición a esta Ley, lo único que demuestran es su proclividad a la coacción y la presion, con el pretexto de que el ordenamiento tendría un tinte represor.

La Ley no prohíbe la libertad de expresión, por el contrario la respeta en toda su dimensión, al grado incluso de que genera condiciones para ella, solo que y eso es lo que tal vez no les guste a los radicales, limita adecuadamente el margen para delinquir.

La sociedad en su gran mayoría rechaza abiertamente los efectos negativos de este tipo de eventos, no por su origen sino simplemente por el carácter que últimamente han venido tomando, en un abierto abuso precisamente de la libertad.

Como lo hemos visto en otras entidades del país, donde las marchas se han transformado en actos vandálicos solapados implícitamente, que han secuestrado materialmente a ciudades enteras.

En esos casos lo que ha sucedido es un engaño, porque mientras se hace uso de la libertad de expresión, se delinque en nombre de ella, generando un escenario de excepción total y absolutamente ilegal.

En una sociedad moderna, sobre todo ahora con las enormes posibilidades de comunicación que permite la tecnología, la libre expresión esta garantizada, independientemente del fondo y el tono de la misma, partiendo de la base que no todo el que plantea una queja, tenga la razón.

Sin embargo aun así, cada ciudadano tiene el derecho de establecer su postura respecto del tema que sea de su elección, eso es un avance trascendental y que por supuesto debe consagrarse como un derecho inalienable.

La divergencia en los conceptos enriquece, nos permite observar y analizar la percepción de la sociedad, es un elemento fundamental de juicio, que por supuesto debe influir en las decisiones de la autoridad.

Pero eso no autoriza a nadie a perjudicar a los demás, porque entonces lo que se estaría estableciendo sería una especie de mecanismo, mediante el cual se favorece la venganza, es decir un estado en el que se permite tomar la Ley por propia mano.

De hecho, quienes apuestan por la expresión violenta, desconocen de facto el valor de las instituciones, lo que significa la ausencia total del estado de derecho, de las normas de convivencia que deben regir para garantizar el respeto.

No se construye sociedad alentando la desobediencia, mucho menos si esta infiere como ya apuntamos actos delictivos, sobre todo si estos además implican la afectación de otros miembros de la comunidad.

Para llegar a ser verdaderamente una sociedad democrática moderna, habría que apostar mas por el debate de las ideas, a cambio de el uso de la violencia como herramienta para dirimir las diferencias, porque de lo contrario estaríamos encaminándonos a una regresión a la época medieval.

Lamentablemente pareciera que hoy, la violencia y sus diversas vertientes son la ruta que los grupos de presión y de choque han escogido para hacer sentir su presencia, en defensa de sus muy particulares y exclusivos intereses, que hay que decirlo nada tienen que ver con los de las mayorías que resultan afectadas.

Visto así, esta Ley es no solo oportuna incluso representa un gran avance, sobre todo en una entidad como la nuestra, tan sensible a la mirada del exterior, de la que tanto depende nuestro proceso económico.

Indudablemente los integrantes de la XIV Legislatura han actuado con responsabilidad, no solo por la aprobación de la Ley por si misma, sino por la apertura al dialogo para conformarla, mas allá de tintes partidistas.

En el proceso sobresale por supuesto la excelente conducción del tramite legislativo y político del Presidente de la Gran Comisión del Congreso, Diputado José Luis Toledo Medina, quien confirma una vez mas su madurez,  visión de futuro y habilidades.

Porque en el transito de la aprobación, Toledo Medina personalmente atendió  las diferentes posturas en torno al proyecto, estableció un dialogo constructivo con las demás fracciones representadas en el Congreso y finalmente, el gran logro del consenso necesario para su aprobación.

 

twitter@vazquezhandall





Etiquetas:   Política   ·   Leyes   ·   Gobierno   ·   Sociedad   ·   Quintana Roo   ·   Congreso

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