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El país donde el turismo parece un delito.


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04/07/2011

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Confesiones.


 

Aun y cuando de vergüenza reconocerlo, solo en México somos capaces de atentar contra nuestro propio desarrollo, el mejor ejemplo la situación por la que atraviesa el sector turístico nacional.

A pesar de ser la tercera actividad económica más importante del país, solo atrás de las exportaciones de petróleo y las remesas que los migrantes envían a sus familias desde los Estados Unidos, dos de las principales actividades que se relacionan con el turismo hoy atraviesan por procesos legales, cuando la lógica obligaría a pensar que tendrían en contrario que estar siendo respaldadas con toda la fuerza del estado y los grupos empresariales involucrados. Procesos legales que bien podrían orientar a pensar que en vez de actividades productivas lo que se atiende más bien son delitos.

El mecanismo para designar la sede del tianguis turístico, ahora en su modalidad itinerante, detenido a causa de la controversia constitucional promovida por el ayuntamiento de Acapulco, ante la suprema corte de justicia de la nación, el evento más importante de promoción y ventas de la industria sin chimeneas depende pues de un fallo judicial y sus tiempos, aun y cuando estos no coincidan con la prioridad de esta celebración.

Millones de dólares de inversión que generan empleos y derrama en otros sectores, solo en Quintana Roo hablamos de alrededor de veinte desarrollos turísticos parados por la recategorización del mangle, que paso por acuerdo del senado, de ser una especie sujeta de protección a amenazada, lo cual convierte de facto al inversionista que pretenda realizar un complejo hotelero en un delincuente, cuando los datos de la CONABIO, el organismo oficial que vigila su comportamiento, señalan puntualmente que el inventario del mangle no solo ha venido aumentando, sino que está mucho mejor cuidado y preservado.

Argumentos que se suman a la actitud de las autoridades aduaneras y migratorias, que acosan y dificultan el tránsito de los visitantes al territorio nacional, porque según su óptica particular en la complicación esta el cumplimiento y no en la facilitación.

Independientemente de ello, el gobierno federal cede a las presiones de un poderoso grupo empresarial para suspender la licitación de la construcción y operación del aeropuerto de la Riviera Maya, precisamente cuando la industria aeronáutica nacional pasa por una de las peores crisis de su historia gracias a la quiebra de la empresa Mexicana de aviación.

Datos que de manera categórica confirman una problemática que se origina en la falta de una política de estado para impulsar realmente al turismo, recordemos que fue intención de este gobierno desaparecer la secretaria de turismo y que posteriormente en lo que hoy parece un pacto en letra muerta, se firma un acuerdo nacional por el turismo, que no ha trascendido al discurso y las buenas intenciones.

Estos aspectos nos remiten a la reflexión que hace el sector empresarial local al respecto, donde más allá de estos asuntos en particular, el problema tiene una raíz de fondo, que tiene que ver con la estructura del funcionamiento del sistema político.

Un sistema político perverso, que permite que los políticos no se preocupen y ocupen por los resultados de su gestión, porque la generosidad mal entendida de la distribución del poder, les asegura el siguiente espacio, aun y cuando el partido en el que militan no sea favorecido mayoritariamente en los procesos electorales.

Mediante un diseño en el cual, aun saliendo derrotados en las urnas, gracias a la negociación y el amparo mismo de la ley, tienen cabida en el legislativo y en el ejecutivo incluso.

Situación que la sociedad no puede juzgar o en todo caso castigar, al no existir la reelección que obligaría a la verdadera rendición de cuentas y resultados o las candidaturas ciudadanas. No habiendo pues de donde escoger, hay que limitarse a lo que hay.

De tal suerte que la clase política se orienta exclusivamente a la atención de los factores que inciden en sus privilegios, sin importar la percepción y sobre todo la satisfacción de los ciudadanos.

Un sistema político pues que en la práctica, reduce una de las más trascendentes actividades económicas nacionales en un ejercicio de alto riesgo y poca rentabilidad, un escenario mediante el cual, promover inversiones se cataloga como un delito.

Son muchos los pendientes que aquejan a la industria turística, sin embargo para resolverlos, estos como tantos otros de la agenda nacional, habría que empezar desde el origen, reformar al estado y sus instituciones, para que sus miembros estén realmente obligados a cumplir su tarea y esa es una asignatura que nos corresponde impulsar a todos, de otra forma no quedara más remedio que resignaros con lo que tenemos y con lo que alcance para ello.

 

Voluntad para frenar la impunidad.

 

A raíz de la actitud que ha asumido el contratista Luis Carrión, quien se encarga de la construcción no concluida y mantenimiento del zoológico Biouniverso de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, quien se niega rotundamente a liquidar sus adeudos con diversos proveedores de esa ciudad, aduciendo la protección que otorga la impunidad.

Los acreedores han solicitado formalmente la intervención de los presidentes de los organismos de representación empresarial a las que están afiliados, de forma que estos eleven el caso ante Mario Villanueva Tenorio, presidente municipal de Othon P. Blanco.

La intención y estrategia se fundamente en que siendo Luis Carrión, prestador de servicios del ayuntamiento, sea este quien lo obligue a responder por esos compromisos, incluso si fuera necesario, que fuera la propia autoridad municipal quien les liquidara los pagos pendientes, previa comprobación y que el municipio descontara esas cantidades de los pagos que realiza por los servicios que este le presta.

Aun y cuando no es el mecanismo más adecuado, la actitud de Carrión no está dejando margen de maniobra y el municipio no puede solapar el daño que se les está causando a estos empresarios locales.

Es un asunto de obligación moral, de responsabilidad implícita, velar por el correcto comportamiento comercial de quien, en su calidad de beneficiario de un contrato oficial, agrede las normas esenciales de convivencia de un proceso productivo.

Si bien es cierto que el ayuntamiento no tiene facultades especificas para resolver este tipo de casos, también lo es que al menos debe tener la voluntad para resolverlos, voluntad como muestra de su determinación, voluntad incluso si fuera necesario para rescindir el contrato que tanto beneficia a Luis Carrión y en contrario perjudica a empresarios capitalinos.

 

guillermovazquez991@msn.com

Twitter@vazquezhandall

 



Etiquetas:   Política

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