Según las estadísticas, el
98% son de nacionalidad colombiana y de estos al menos el 70% son mujeres y
niños. En Imbabura, considerada una provincia con alto índice de refugiados,
habitan aproximadamente 5.000 ciudadanos colombianos, de los cuales 1.120
tienen el refugio reconocido, 2.759 han presentado solicitudes de refugio y más
de mil permanecen ilegales.
El 60% de los asilados vive en áreas urbanas y que la mayoría
del 40% restante permanece cerca de la frontera con Colombia, en regiones poco
desarrolladas y aisladas, con limitados servicios básicos e infraestructura. Huyen
del conflicto armado interno en su país, principalmente de los departamentos limítrofes
de Nariño y Putumayo.
Existe la necesidad y el
interés de que los dos gobiernos trabajen, de forma conjunta para mejorar las
políticas de refugio, máxime cuando se estima que 1.300 desplazados colombianos
ingresan mensualmente a Ecuador.
Según la Acnur "muchos
refugiados van a partir de Ecuador hacia Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda,
Brasil y Chile", es por lo que la Acnur siempre aspira a que el gobierno
colombiano también ofrezca condiciones de seguridad y dignidad para el retorno
de refugiados a su país.
Hay que señalar que
"prácticamente no existe" un plan de retorno de los refugiados
colombianos, asi que es urgente que la situación mejore en Colombia para el
retorno y se hace imperativo avances en esta materia y un compromiso del
gobierno colombiano en apoyo a las víctimas para que sea posible el regreso
significativo de refugiados.
A pesar de la existencia de
fuertes leyes regionales y nacionales y regulaciones sobre los derechos de
refugiados y desplazados internos en América, ciertas tendencias en la región
podrían afectar al espacio de protección para los agentes de protección de los
refugiados.
Las dificultades para
acceder al territorio, el establecimiento de procedimientos previos de admisión
y las bajas tasas de reconocimiento hacen más difícil que aquellos que merecen
el asilo puedan disfrutar de sus derechos. La preocupación de los Estados por
la seguridad nacional ha cerrado parcialmente la puerta a aquellos que han
tenido que huir de sus hogares. En algunos países, la violencia asociada al
tráfico de drogas, la pobreza y la desigualdad plantean retos adicionales.
María Elsa Lara, oriunda de
Tuluá, Valle del Cauca, llegó a la ciudad de Ibarra con cinco de sus 10 hijos,
hace tres años. Ella explica que diariamente recorre las calles de la urbe
ofertando jugos naturales de fruta en un coche para mantener a su familia.
“La situación de refugiado
es bien difícil porque a pesar de tener los documentos en regla, los
propietarios de las viviendas no nos arriendan una pieza por el hecho de ser
colombianos”, explicó María y agrega que hace cinco meses fue atropellada por
un camión mientras trabajaba y que por esa razón dejó de enviar a su hijo de 5
años a la escuela. Ahora el pequeño ya no estudia porque la maestra le dijo que
había perdido el año escolar por numerosas faltas.
Sin embargo, pese a las
adversidades, María dice que “toca trabajar pa' poder comer y siempre hay que
estar alegres”. Ella vive en una vecindad de refugiados donde habitan 12
familias en habitaciones de cuatro metros cuadrados y espera que muy pronto
alguien le pueda rentar una vivienda para poder dar una mejor vida a sus hijos.
Por su parte, otro
refugiado, Javier Martínez, explica que hace artesanías o que esporádicamente,
cuando tiene oportunidad, realiza trabajos de construcción para poder
sobrevivir. El recordó con lágrimas que hace cuatro años llegó la guerrilla a
su parcela ubicada en Corinto, Cauca y lo desalojó mientras se llevó a su
esposa y dos hijas. Sentado en una colchoneta que tiene en su reducida
habitación comentó que tiene que enfrentar cada día la discriminación, ya que
siempre escucha frases como “colombianos guerrilleros, sicarios,
narcotraficantes”.
Pese a la incomodidad en la
que vive, aduce que ni por todo el oro del mundo volvería a su país. “Volver a
Colombia sería a buscar la muerte. Mi casa estaba ubicada en una zona de
conflicto y un día a medianoche llegaron armados y me dijeron que me vaya o que
me mataban. Se llevaron a mi familia y hace cuatro años no sé nada de ellas”,
lamentó.
Cabe recordar que la
situación de los desplazados colombianos, desde los años 1950 suman unos 3,5
millones de personas. Es por esto que se hace urgente mejorar los procedimientos
de determinación del Estatuto de
refugiado (RSD por sus siglas en inglés); mejorar la protección de mujeres y niños;
intensificar la búsqueda de soluciones duraderas y reducir la incidencia de la
apatridia mediante la ratificación de las convenciones de apatridia.
Principalmente es necesario trabajar con los gobiernos receptores para
encontrar alternativas a los arrestos y promover la adopción de leyes
nacionales y prácticas que prevengan y/o reduzcan la apatridia y para poder
incrementar el acceso efectivo de la protección y el respeto por los derechos
de los refugiados.
Especial debe ser el apoyo
a la monitorización de ONGs y mejorar la evaluación de necesidades, al tiempo
que se debe aumentar los materiales de asistencia directa para los refugiados.
Es necesario continuar realizando la evaluación de tendencias y patrones de
violencia, así como vacíos de desplazamiento y protección causados por las
denominadas “nuevas formas de violencia”. el incremento de la inseguridad y el
desplazamiento de las actividades de organizaciones criminales transnacionales
y de tráfico y trata de seres humanos elevará las necesidades de protección de
las poblaciones afectadas, además de hacer más difícil el trabajo de
protección.
El gobierno Colombiano en
su política pública hacia el refugiado debe imperativamente promover mecanismos
efectivos de protección, prevención, identificación y respuesta para combatir
la violencia sexual y de género (SGBV por sus siglas en inglés) y el apoyo a
las víctimas. Además de prestar atención, programas de protección específicos deberán tomar en
consideración las necesidades de los niños, adolescentes, mujeres, hombres,
afroamericanos, grupos indígenas y todas aquellas personas con necesidades
específicas, así como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales. Todas las actividades deberán ser conducidas dentro de un marco basado
en derechos comunitarios y con la ayuda de acuerdos estratégicos.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Ante esta realidad, Colombia
debe continuar garantizando que los desplazados internos (IDPs por sus siglas
en inglés), refugiados y gente en riesgo de desplazamiento disfruten de sus
derechos bajo la ley internacional y colombiana. Las soluciones duraderas
potenciales proporcionadas por la Ley de Víctimas y Restitución de la Tierra,
adoptada en junio de 2011, deben ser implementadas mientras el desplazamiento
de las comunidades en riesgo pueda prevenir y la protección de aquellos que
reclaman sus tierras se pueda asegurar en un futuro.
En Colombia, pese a la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras, continúan los desplazamientos en ciertas
regiones por la presencia ilegal de grupos armados y organizaciones criminales.
El posible retorno podría verse entorpecido por la falta de garantías efectivas
de leyes de control y seguridad.
Sin embargo, la falta de
desarrollo, la gran inseguridad y el aumento del número de refugiados plantean
una grave amenaza a la capacidad de Ecuador de proteger y atender adecuadamente
las necesidades de los refugiados.
La mayoría de los
refugiados no están registrados y su localización es incierta, lo cual
dificulta enormemente la planificación de los programas de asistencia. El
primer paso para definir las necesidades de los refugiados consistía en contar
con su intervención sistemática y la de las comunidades locales a través de diversas
evaluaciones de carácter participativo. Aunque el concepto de participación es
fácil de entender, a menudo es muy difícil de poner en práctica. Muchos de los
refugiados de Ecuador viven en lugares remotos de la jungla a los que es muy
difícil acceder.
La principal preocupación
de los refugiados es la carencia de documentación, que limita el acceso a las
ayudas materiales, la educación, el empleo o incluso la protección. La falta de
inscripción se debe, en parte, a que las personas no la solicitan, bien porque
tienen miedo de hacerlo o porque desconocen su derecho a reclamar asilo.
Los que con mayor
probabilidad carecen de documentación son los indígenas y los afrocolombianos,
mientras que las mujeres solteras y las niñas, sobre todo, corren el riesgo de
sufrir abusos y de ser explotadas. El hecho de no estar registrado implica la
ausencia de servicios estatales y la desprotección extrema.
Los grupos armados
extraoficiales son muy suspicaces con las personas que no tienen documentación
porque consideran que intentan ocultar su identidad (por el hecho de pertenecer
al “otro lado”). Muchas personas han sido asesinadas por no disponer de
documentos identificativos. Una práctica habitual es atar a un árbol a las
personas sin documentación hasta que viene alguien que presta su testimonio
sobre la identidad de la persona retenida. También el ejército y la policía
tienden a sospechar de los indocumentados.
Entre tanto de lado y lado
de la frontera, las risas resuenan. Con música de circo, familias refugiadas y
ecuatorianas comparten con "Revuelta a la Mitad del Mundo por una Cultura de Paz” de Shana Cancino y su compañía Humor y Vida*, una propuesta humanista que se encamina a fomentar el intercambio cultural, la interculturalidad, promover la participación social, la cultura de paz y contrarrestar todo tipo de discriminación y xenofobia en la frontera Colombo-Ecuatoriana a través de las artes escénicas, circenses y audiovisuales. Tambien de tiempo en tiempo encuentran una sonrisa con Payasos Sin Fronteras (PSF)** en eso escasos espacios para dejarse llevar.
“Normalmente no hay tiempo
de reír. Cuando uno viene huyendo, se preocupa de encontrar un techo, de dar de
comer a sus hijos, de los papeles. Pero es difícil recordar lo que es reírse,
como eso ayuda”, asegura Yolima, mientras sostiene un bebé que duerme. “Este
rato no importa quién es cada uno”.
Como explican los payasos, la risa no entiende de fronteras. “Las historias de las personas que han
huido del conflicto colombiano son impactantes. Muchos se ven en condiciones
muy difíciles viviendo en Ecuador como refugiados, o a veces sin haber
conseguido tramitar sus documentos. Pero hemos comprobado que todos se ríen
igual”, asegura Jordi Saban, con más de 15 años de experiencia actuando.
Una pequeña pausa en el
incesante goteo dramático de muchos colombianos que se han refugiado en países
vecinos, de Venezuela y Ecuador. En la costa del Pacífico, el departamento de
Nariño, donde se encuentran los principales grupos armados en activo, presenta
la mayor tasa de desplazados, combates y asesinatos selectivos del país. Hacia
el este, en la región amazónica, el departamento de Putumayo también sufre
especialmente la inestabilidad y la violencia.
Ante este drama, cualquier
política pública desarrollada por el estado colombiano, hasta hoy es insuficiente y vergonzante.* http://corporacionhumoryvida.com/http://vimeo.com/77030223** http://www.clowns.org/
