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Salarios míseros y cotizaciones sociales


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05/02/2014


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A escondidas, con premeditación navideña y alevosía, el Partido Popular nos ha vuelto a colar otra reforma laboral (Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores). Para conocer todas las tropelías a las que nos somete la mayoría absoluta y absolutista gubernamental, hay que leerse diariamente, con la ayuda de una lupa de gran aumento, el Boletín Oficial del Estado. No se fíen del rimbombante nombre del decreto ley, continuista del lenguaje perverso a que nos tiene acostumbrados el Gobierno: acciones y efectos antagónicos al enunciado.


Ha levantado mucha polémica la eliminación, casi absoluta, de la exención de cotización en las retribuciones en especie (con efectos en diciembre). Pagos en especie, como los vales/cheques de comida (antes exentos de cotizar hasta los 9 euros por día); la previsión social complementaria (como los planes de pensiones), salvo la incapacidad temporal; beneficios sociales, como las ayudas de guardería; 'stock options' (retribución en acciones), antes exenta hasta 12.000 euros anuales; compensación por transporte y distancia, como el plus de transporte (antes no integrado en la base de cotización si no superaba el 20% del IPREM, cifrado para 2014 en 532,51 euros/mes). Y no nos olvidemos de los coches de empresa, habitualmente empleados para uso particular y no (o no sólo) profesional.

Lo primero que cabe decir al respecto, es que ya era hora de cotizar por unas retribuciones que, habitualmente, constituyen realmente un salario encubierto. Lo segundo, que el relativo impacto negativo en los bolsillos de los trabajadores (menor salario neto, cuantificado en un tipo de cotización mensual general del 6,35%, sobre la base de cotización incrementada) se transvasa a futuro; mejorando la base de cotización (para quien no la tenga topada, la inmensa mayoría) de cara a prestaciones sociales por incapacidad, desempleo y pensiones.

Pero no se piensen que esta es una medida "revolucionaria" del "Partido (Popular) de los Trabajadores" —como autodenominaba al PP su secretaria general, María Dolores de Cospedal—. Un 4% de los 16,3 millones de asalariados ya están cotizando por el máximo (tienen su base de cotización topada). Base de cotización máxima que este año se sitúa en los 3.597 euros mensuales (bastante más de un sueldo "mileurista"). Quiere decirse que esta disposición se centra en el 96% restante de los trabajadores, incluidos aquellos con salarios míseros o de subsistencia.

La gran patronal CEOE, como era de esperar, ha puesto el grito en el cielo. La cotización empresarial general es de un 29,90%. Evidentemente el impacto no será éste, ya que estamos hablando de una parte de las retribuciones. Pero han tomado esta "provocación" como casus belli. Una excusa más para amenazar con despidos, debido al incremento de los costes laborales, y con menores contrataciones. Despidos, por otra parte, muy baratos y fáciles de ejecutar para los empresarios, gracias a las potentes herramientas legales que les ha regalado el Gobierno "rojo" del PP.

A los patronos no les basta con tener un despido fácil, rápido y barato. También necesitan unas cotizaciones sociales de saldo, o nulas. Hay que pagarles (bonificaciones y subvenciones) por crear empleo, aunque sean puestos de trabajo de usar y tirar, y en fraude de ley; con tiempo de trabajo sin retribuir (horas extraordinarias, contratos a tiempo parcial con jornadas reales a tiempo completo), o pagado en dinero "b". Se acompañan de algunas voces, expertas económicas, que piden cotización "cero" a cambio de crear empleo. La menor recaudación social dicen que se compensaría con el ahorro en prestaciones por desempleo —prestaciones que, por cierto, también cotizan—. 

El resultado de la ecuación no está tan claro. Por cada empleo estable —privilegiado lo llaman— destruido, se generan varios precarios: eliminando un empleo indefinido a tiempo completo, a cambio de crear dos temporales a tiempo parcial, estadísticamente se ha creado un puesto de trabajo. Ergo, en este ejemplo, tendríamos un perceptor de la prestación de desempleo, a cambio de dos contratos que no cotizan a la seguridad social —en términos netos no hemos reducido en dos personas las listas del paro y de perceptores de desempleo, sino en una—. El asunto se puede complicar aún más, ya que el contrato a tiempo parcial es compatible con una prestación parcial de desempleo. Y luego, para continuar con la rueda del miedo, nos vendrán otra vez con las amenazas de quiebra de la Seguridad Social y el sistema de pensiones, para justificar mayores recortes.

Esta nueva regulación casi "comunista" de las cotización de la retribución en especie, ha venido compensada por otra medida, menos roja y más azul. Otro regalo a las grandes empresas y corporaciones. Y en el mismo real decreto ley. Modifican la Ley 27/2011 (que contenía la denominada "enmienda Telefónica", que compensaba el coste público del macro-ERE de esta compañía), introduciendo la siguiente previsión: las multinacionales que empleen a 100 o más trabajadores en España y planteen un ERE o prejubilen trabajadores, invocando pérdidas en nuestro país aunque hayan obtenido beneficios a nivel global, ya no estarán obligadas a realizar la aportación equivalente a la prestación por desempleo de los trabajadores mayores de 50 años afectados por dichas medidas. 

Desde el 23 de diciembre, fecha en la que entró en vigor, las multinacionales con filiales en España tienen mucho más barato despedir objetivamente y prejubilar a un colectivo abocado a quedar fuera del mercado de trabajo. Nos vienen a la cabeza varias de estas multinacionales que, además de declarar pérdidas o pagar cantidades irrisorias a la hacienda pública española (con beneficios globales de cientos o miles de millones de dólares), también podrán despedir mucho más barato en nuestro país. Y que, en este caso, no nos vengan con el cuento de la complejidad de atacar y atajar la ingeniería fiscal internacional: es evidente que se trata de voluntad política, nula en ambos casos.

Estas son las políticas del partido que vela por los trabajadores, por los autónomos y las microempresas y pymes. Del Gobierno que renuncia a recaudar más de quien más tiene. Que amnistía a los grandes defraudadores. Que, con una mano, tolera la ingeniería fiscal de las grandes empresas, de los banqueros y financieros, de los poderosos y miembros de la familia real. Y, con la otra, golpea fuertemente al pequeño contribuyente. De un Gobierno-decreto-ley al que nunca le urge corregir que la tributación efectiva por sociedades (IS) pueda ser hasta cuatro veces inferior que la de las personas físicas (IRPF). ¿Cómo nos va a extrañar que la economía sumergida, según Gestha, alcance el 24,6% del PIB (2012), con toneladas de billetes de 500 euros en forma de ladrillo; hasta alcanzar los 253.000 millones de euros? ¿Cómo pretenden que el ciudadano de a pie, ante tanta corrupción y latrocinio de guante blanco, deje de preguntar "con IVA o sin IVA"?



Etiquetas:   Economía   ·   Política   ·   Legislación laboral   ·   Seguridad Social   ·   Sociedad   ·   Política Fiscal   ·   Reforma Laboral   ·   Derecho   ·   España

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