Los narcocorridos y la apología del delito: la prohibición a debate - Sociología - Reeditor.com

. Es en este contexto, que el gobierno mexicano optó por una estrategia punitiva en la que se prioriza el uso de la fuerza en contra de los carteles de la droga, a pesar de que las nuevas estrategias de seguridad a nivel mundial están enfocadas en una estrategia social de prevención primaria del delito, lo cual se logra con la recuperación de la seguridad, la armonía de las comunidades y la población civil.

Primeramente tengo que decir que en general estoy en contra de las prohibiciones, como la prohibición de las droga, la criminalización del aborto, la prohibición de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, entre otras, no por un capricho militante, sino porque creo que cuando algo se prohíbe escapa a la regulación del Estado, no podemos saber cuándo y en donde esta sucediendo, además de que se orilla a la sociedad a realizar la conducta en la clandestinidad con la correspondiente fetichización que la prohibición supone, pero creo que en el caso de los narcocorridos pasa algo diferente.

La probable prohibición no solamente se reduce a una cuestión normativa, sino que se enmarca en la disputa que se libra en el terreno de la producción simbólica de las percepciones que se generan dentro del espacio público, el cual es definido por el filosofo Jürgen Habermas como el lugar donde surge la opinión pública, que puede ser manipulada y deformada, pero que constituye el eje de la cohesión social, de la construcción de legitimación (y deslegitimación) política, en donde se genera una dinámica de la que dependen las libertades individuales y políticas que se susciten en el mismo.

Es en este escenario simbólico en donde las fuerzas del gobierno y las bandas criminales chocan en el campo de batalla en que según Bourdieu se convierten los medios de comunicación. Si entendemos a los medios de comunicación y a los lugares públicos como el lugar del surgimiento de la opinión pública, es clara la disputa de ambos bandos por apropiarse de este espacio, pues resulta fundamental para determinar quien va ganando la guerra de las percepciones.

Si bien es cierto, los narcocorridos que ahora se quieren prohibir, expresan una realidad social que se caracteriza por la falta de oportunidades y seguridad que el Estado no ha sido capaz de garantizar, sus contenidos en la mayoría de las veces muestran los delitos cometidos por los narcotraficantes como proezas dignas de admiración. Los narcotraficantes son vistos como modelos a seguir en una sociedad en donde las únicas metas socialmente valoradas son el poder y el dinero, aunque esto sea a costa de la violencia y la muerte.

En las letras de los narcocorridos, se habla casi siempre de homicidios, secuestro, extorción, tráfico de drogas, abuso de poder y otros usos desarrollados por estos grupos, en las que se utilizan eufemismos como negocio, ajuste de cuentas, levantón, cuotas, ejecución, encobijado, entre otras palabras que identifican las prácticas desarrolladas por los carteles de la droga, las cuales terminan siendo clichés que despojan a los hechos delictivos del carácter dramático y trágico del suceso criminal, además de que la mayoría de las veces el narcotraficante, no importa lo inhumano de su conducta, es percibido como un héroe.

El uso cotidiano de los clichés popularizados por los narcocorridos y los medios de comunicación, lleva a que la población se habitúe a la cultura de la violencia, lo que genera una distorsión en las percepciones colectivas produciendo mitos y fantasías en donde la ausencia de respeto a la vida y la insensibilidad absoluta frente al dolor son expresiones recurrentes.

El investigador y periodista Marco Lara Klahr afirma que con este nuevo lenguaje se le arrebata el ingrediente criminal a un hecho determinado, haciendo de algo anormal en algo normal, cuando uno dice “levantado”, agrega, se infiere en el habla coloquial que esa persona tenía algo que ver con el crimen y por algo la secuestraron. El experto en comunicación explica que en la agenda de las personas ya no se habla de “ciudades”, sino de “plazas”, y tampoco se hace referencia a “ciudades violentas”, sino de “plazas calientes”. Esto quiere decir que se está normalizando lo anormal. El investigador cree que en el país se está creando una especie de “síndrome de Estocolmo”, es decir, una fascinación por nuestro secuestrador, en lugar de rechazar que la sociedad sea víctima del secuestro del espacio público, incluso por parte del Ejército, es aceptado.

Los narcocorridos son el primer indicio de violencia que se percibe cuando llegamos a un lugar público. Si bien es cierto que se trata de una violencia simbólica, es violencia al final de cuentas, ya que si lo único que se escucha es la letra de canciones que reproduce los estereotipos del machismo, que prioriza la autocomposición para arreglar las diferencias personales y promueven el uso de drogas, la violencia y la insensibilidad ante el dolor y la muerte como algo normal, es mucho más probable, y esto lo saben bien los neuro-lingüistas, que se pase del terreno de lo simbólico a la realidad.

Es así como la delincuencia se ha ido apoderando de los espacios que alguna vez fueron de la comunidad. No sé si en el resto del país, pero en Sonora, quien no ha dejado de ir a un restaurant, asistir a un parque, club deportivo, incluso a bares y cantinas porque estos han sido invadidos por el vicio y la violencia. Poco a poco van desapareciendo los espacios en donde se puede asistir con toda la familia, cada vez más los lugares públicos son sitio de promoción de la delincuencia y la drogadicción, dígase estadios, restaurantes, cantinas y en general cualquier lugar de reunión pública.

Si la delincuencia se sigue apoderando de los espacios de la comunidad se seguirá llegando fácilmente a la conciencia de los jóvenes, a los que de por si no se les está ofreciendo el acceso a oportunidades vía los medios institucionales, lo que hace cada vez más difícil recuperar la paz y la estabilidad. Pero claro no se trata de recuperar espacios para entregárselos a las televisoras o al mercado en general, los cuales en esencia comparten los mismos valores que el narcotraficante, la cosa es no mostrar el delito como la única opción, se trata de mostrar otro mundo posible, se trata de llenar los espacios arrebatados a los narcocorridos con contenidos destinado a crear una cultura de la legalidad, valores de convivencia y participación social en las nuevas generaciones.

Por otro lado, se critica el gran número de muertos, violaciones a derechos humanos y militarización que la falta de imaginación y uso de la fuerza en el combate a la delincuencia ha generado en el país. Pero también se rechazan iniciativas, como la prohibición de los narcocorridos, que buscan combatir a la delincuencia por otros medios, cualquier iniciativa que provenga de la clase gobernante es rechazada de inmediato. La clase política sigue instalada en la lucha por el poder y aprovecha cualquier pretexto para golpear a su adversario, aun a costa de favorecer a los grupos del crimen organizado en detrimento de la sociedad.

La cuestión legal

Aun no queda claro si esta prohibición se haría mediante una nueva ley, un decreto del poder ejecutivo o solamente se hará uso de la reglamentación que ya existente para su prohibición. De cualquier manera el debate de la prohibición de los corridos se ha centrado en la pertinencia o no de prohibir esta forma de expresión popular, interpretándose su prohibición como un acto arbitrario de la autoridad que violenta la libertad de expresión de los ciudadanos.

Si bien es cierto, la libre manifestación de las ideas, consagrada en el artículo sexto constitucional, no es una libertad más sino que constituye uno de los fundamentos del orden político, un derecho vital para el mantenimiento y la consolidación de las instituciones democráticas, mismo que la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido como una de las condiciones primordiales para el progreso y el desarrollo de todos los seres humanos, pero dicha libertad no implica la facultad del ciudadano de proferir cualquier tipo de declaraciones de manera irresponsable, sino que se trata de una libertad acotada en el mismo artículo constitucional, y que debe ser objeto de la reglamentación necesaria para proteger los derechos de la ciudadanía en su conjunto y no sólo del individuo que manifiesta sus ideas con el carácter de público. Esto se encuentra claramente señalado en el artículo sexto constitucional cuando se condiciona la libre manifestación de las ideas a que no se ataque a la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito, o perturbe el orden público.

La apología del delito desplegada por quien produce los narco corridos está claramente tipificada como delito a nivel federal y estatal, cuando menos en el caso de Sonora. Esta conducta está penada por el artículo 208 del código penal federal con “diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecuta y en caso de que se ejecutare se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido” y comete el delito de “apología del delito” el “que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio” por lo que no se hace necesario crear una nueva ley o decreto para prohibir los narcocorridos, solamente se requiere aplicar la ley que ya existe o adecuarla a las necesidades de cada estado.

La prohibición de los narcocorridos no es la panacea en la lucha contra el crimen organizado, pero es un pequeño paso que se tiene que dar en muchos frentes, como en mejores condiciones de vida, equidad en la repartición de la riqueza, igualdad de oportunidades, salud, educación, respeto a derechos humanos y muchos otros rezagos que el estado tiene que atender para saldar la deuda que tiene con la sociedad, pero creemos que es una iniciativa que favorece la recuperación de espacios públicos y la imagen de la misma sociedad ante sí misma.