Ya a fines del primer gobierno de Bachelet se comienza a exigir por
parte de los estudiantes secundarios y universitarios una educación de calidad
y gratuita. Durante el gobierno de Piñera, la presión en ese sentido fue en
aumento y hoy en día ha quedado instalado en la sociedad la necesidad imperiosa
de implementar por parte del estado una educación gratuita y también de
calidad, pero no necesariamente en ese orden. Sin lugar a dudas, Michele
Bachelet se verá enfrentada a fuertes presiones estudiantiles y sociales por
imponer un modelo de financiamiento de la educación, que en otros países ha
demostrado su ineficacia y que lejos de mejorar los estándares, ha deteriorado
progresivamente el tejido educacional.
Días atrás el Ex –Ministro de Hacienda del primer gobierno de Bachelet ,
Nicolás Eyzaguirre hizo una fuerte defensa de la gratuidad en la educación,
siendo su eje central el de financiar este programa mediante mayores impuestos
a las empresas y personas que gana más. Su discurso es concordante con las
posiciones de la “Nueva Mayoría” y que literalmente ha “comprado” este
paradigma educacional, haciéndolo suyo y buscando implementarlo, a como dé
lugar y que se supone con un profundo análisis y estudio. Nuevamente el de que “Moya”
paga la fiesta. ¿Sera así?
Indudablemente el actual escenario de la educación superior no es para
nada halagüeño, un ejemplo lo constituye la misma Universidad de Chile y que
presenta ostensibles déficits económicos en sus cuentas (caso hospital clínico).
En otros casos y tras un desarrollo académico a partir de 1981, numerosas
universidades privadas han demostrado su inoperancia y el caso más notorio es
la Universidad del Mar, que dejo una cantidad de personas endeudadas y con títulos
que carecen de credibilidad ante el mercado.
En otros casos universidades tradicionales y privadas han desarrollado
un modelo exitoso de universidad, creciendo hacia áreas como la investigación y
extensión, generando un vínculo virtuoso con la sociedad donde se ubica.
Pero el gran impulsor de la exigencia de una educación gratuita, es los
altos costos por adquirir un título profesional y que en la mayoría de los
casos no asegura un desarrollo profesional sustentable en el tiempo. Un ejemplo
de ello son las denominadas profesiones “de pizarra”, que entregan año a año
profesionales que deben recién ahí buscar en el mercado un contrato y que
producto de la competencia, ofrece sueldos y remuneraciones “paupérrimas”. Hay
casos de profesionales que han debido cargar con una pesada mochila al
solventar con sus sueldos futuros, los créditos asumidos en su oportunidad para
estudiar. En otros casos, padres arruinados por entregar a sus hijos una
supuesta herramienta y que no asegura una real subsistencia en el tiempo.
Otro escenario que se aprecia es el paulatino crecimiento y desarrollo
de carreras técnicas- profesionales, por parte de institutos profesionales de
calidad, ofreciendo vertientes de desarrollo profesional a personas entusiasmadas
por aprender y entregar a sus clientes servicios de calidad y alejados del
modelo “maestro chasquilla”. Con ello hemos aprendido que haciendo bien las
cosas, trae como resultado la recomendación cliente a cliente y por ende el círculo
virtuoso de mayores ingresos empresariales. Hemos aprendido que solo dependemos
de nosotros mismos y que la política solo engendra falta de iniciativa empresarial,
al pretender obtener beneficios tras beneficios, tal como sucede en países como
Argentina y Venezuela.
En suma un escenario diverso, donde no se aprecia al menos una dirección
superior por parte del Estado en orientar el quehacer de la educación superior,
con un modelo económico agobiante para las familias de escasos recursos, y con títulos
profesionales que no aseguran el futuro de las personas que ingresan al mercado
laboral. Con universidades, institutos y centros técnicos ya consolidados en el
mercado educacional y en otros casos con centros superiores y técnicos que han
errado el camino y han debido cerrar ante su inoperancia.
Urge un ordenamiento substantivo de la educación superior, fijar estándares
de calidad altos y sobre todo constituir a las universidades en centros de investigación
e innovación, de manera de contribuir a las empresas productoras a ofrecer
productos con valor agregado y que entreguen mayores beneficios al país.
Es imperioso delinear un sistema de gestión educacional, que este exento
de costos impositivos y que busque reducir la carga económica de las familias.
El otorgamiento de becas por mejores rendimientos escolares, debe ser el norte,
pero también debe premiar a las familias de escasos recursos y que viven en
zonas extremas. Dar oportunidades a los jóvenes, sin distinción de género y
estrato social debe ser el norte de la sociedad.
En cuanto a la gratuidad “per se” no me parece y no concuerdo en lo
absoluto. Veamos lo que paso en Chile hasta 1973, solo un escaso porcentaje de
la población escolar se beneficio de una educación gratuita y ello por su
excelencia académica. Lo concreto es que la sociedad en su conjunto financio la
educación universitaria de un porcentaje muy menor de la población y que lejos
de quedarse en Chile, emigraron a países desarrollados. ¿Quién se beneficio con
ello? ¿Por qué debo con mis impuestos financiar la educación y formación de un
medico-cirujano (por dar un ejemplo), que a futuro lucrara con su profesión?
¿Es licito y ético que el profesional beneficiado con la educación gratuita,
lucre con la misma sociedad que lo financio?
Pese a que a muchos no les guste la denominación de producto, el lograr
una acreditación profesional sea cual sea es en definitiva un producto
intangible. Un producto que es valorado o no valorado, debido al esfuerzo
desplegado, a la dedicación en internalizar conocimientos, buenas prácticas, en
adquirir herramientas de peso en el ejercicio profesional. Y lo vemos y lo
apreciamos en universidades de prestigio a nivel nacional e internacional, cuando
son contratados por empresas que valoran a ese profesional, por su formación,
sus principios, su actitud positiva frente al trabajo, que asume cada desafío
como algo propio y lo supera. Y en el otro lado de la moneda vemos a “cesantes
ilustrados” que poseen un titulo pero de un centro que no es valorado por el
mercado. Disminuidos interiormente buscan afanosamente insertarse en el
mercado, con escasos resultados. El mercado es implacable y busca a candidatos
probados en su formación.
Surge entonces la pregunta. ¿Por qué se engaña a estos jóvenes a
estudiar una carrera subvalorada o despreciada por el mercado? ¿Por qué se
obliga a sus familias a endeudarse en una carrera que en la mayoría de los
casos carece de sustento?
Y porque se quiere imponer a Moya, léase el contribuyente medio de la
sociedad chilena, a pagar más impuestos por
un paradigma que intuimos errado y que lejos de mejorar en el futuro la
calidad de la educación chilena, nos terminara por deteriorar más aun.
Copiemos e internalicemos el actual escenario de la educación gratuita
argentina y uruguaya, donde progresivamente ha ido bajando la calidad de la educación
en estos países. ¿Y sabe usted por qué? Porque no existe educación gratuita, al
final todo se paga, se pagara en el futuro con menores ingresos por una formación
precaria. La realidad es brutal, en
ambos países la calidad ha disminuido ostensiblemente y pese a la gratuidad las
familias buscan opciones pagadas, pero que ofrecen títulos acreditados y con
consistencia.
Las cifras son horrorosas, pero financiar una educación “gratuita” y
de una supuesta calidad, es fruto de
mentes afiebradas y que creen ciegamente que los productos que exporta Chile se
mantendrán en el tiempo o bien aumentaran. Lo claro es que progresivamente la
clase política que apoya este paradigma, aumentara los gastos y con una
irresponsabilidad tremenda para las futuras generaciones. Veamos el ejemplo
español, que hizo quebrar al sistema y que redundara en generaciones perdidas
de profesionales que al no tener futuro laboral, emigran a otros países como
Chile.