. La Política aglutina una
rapiña de malhechores que ensombrece el conjunto del país. No les quito razón
porque en España todo es posible para mal y no hay límite.
El caso de Rumasa, silenciado aquí, es una vergüenza a voz en grito que nunca
pasa inadvertida en los entornos empresariales y financieros de carácter
internacional. Allende las fronteras españolas, se considera que hay que saldar
una cuenta de treinta años que el país debe al empresario. Es triste y veraz decir que en España hay una cuenta
pendiente por parte de un Estado que ejerció un vil latrocinio y facilitó la
indefensión de una víctima que treinta años después sigue sin garantía
procesal. El Sistema, el sinvergüenza Sistema, procuró toda clase de
vejaciones a José María Ruiz-Mateos para encubrir un crimen no resuelto de
expolio económico contra un patrimonio legalmente establecido. Tal indefensión
se posibilitó porque los beneficiados fueron particulares que compraron la
Justicia después de adueñarse de Rumasa. Las cuentas pendientes de un Estado ladrón, como lo denominan en el exterior,
-cómo llamar a lo que oculta la evidencia del delito, pasándose por el forro de
los derechos humanos la elemental y decente Justicia que no hay en España-, no
han pasado desapercibidas en el extranjero. Fuera de este país destrozado por
politicastros se sabe del percal institucional que se gasta esta gentualla de
beneficios vitalicios, viviendo del cuento político y de la trampa permanente
de la corruptela en el caso de la delictiva expropiación de Rumasa en 1983.
Esas señorías que ahora se toman inadmisibles vacaciones de vergonzante
duración, después de explotar miserablemente a la población que los mal
aguanta, han decidido vender al mejor postor la Finca de la Almoraima robada a
D. José María y sin pretexto que valga, pues él fue declarado inocente de las
imputaciones que propiciaron la vileza estafadora de Felipe González, el
destructor del 10% del PIB cuyo 2% pertenecía al Holding. Qué fácil les resulta
especular, con el botín de un saqueo sin punición, a estos miserables
parásitos. http://laverdadocultadenuevarumasa.blogspot.com.es/2012/10/normal-0-21-false-false-false-es-x-none.html
La Almoraima es deficitaria en manos de lerdos y aprovechados que desde la
Administración Pública han desperdiciado el inmenso flujo de beneficios que
aportaban las empresas en manos de su verdadero dueño.
La Almoraima es sólo una de los centenares de propiedades
saqueadas entonces y que se pretende vender por 200 millones de euros. Un
Estado conformado por ladrones que vende al mejor postor el lucro criminal que
resultó del golpe estafador de la expropiación. Es triste decir que España es ladrona y falaz, a través de políticos sin
escrúpulos que terminaron de saquear a todo el país explotando a sus ciudadanos
para paliar los robos de la administración en manos de forajidos tras siglas
políticas. Y quien dice político incluye lo financiero, lo jurídico, lo
empresarial; en definitiva una mole pútrida de corrupción institucional que
sigue siendo dañina para el pueblo que ha de soportarla.
Sirva de ejemplo-como vergüenza internacional evidente cuando se contempla esta
España de tramposos impunes que hacen de la política una patente de corso para
estafar, matar, explotar y arruinar al pueblo- la ruin picaresca de esos
aprovechados que dejaron Rumasa como empresa de administración pública para que
fingidos directivos cobraran opíparos sueldos durante décadas, viviendo de la
sopa boba que el felipismo sirvió en bandeja a tanto parásito con carné
político. Es repugnantemente paradójico que se crucifique a José María
Ruiz-Mateos por unas circunstancias ajenas de su voluntad y con afán de
continuismo en la gran mentira estatal que convirtió a una víctima en villano,
cuando los villanos usaron al Estado para ejercer como vulgares delincuentes
con la aquiescencia de una Justicia vendida al mejor postor. La Almoraima, pese
a la trampa perpetua de los tribunales, es de José María Ruiz-Mateos, como las
700 empresas y los 23 bancos que le quitaron por mor de un decreto ley de
puro bandidaje que desde entonces se ha ejercido en España sin disimulo. Cuando el empresario y financiero cumpla con su promesa de pagar a los
Inversores, no existirá mejor evidencia para corroborar la canallada delictiva
de un Estado que vende lo que en malas manos estuvo después de la expropiación
¿Qué esperar de fulleros, tramposos y estafadores que no saben sacar provecho
ni del botín de un atraco?