El mito de la constitución del consenso.

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06/12/2013

Habitualmente tendemos a mitificar algunos personajes o acontecimientos históricos, sobre todo en contraposición con personajes o acontecimientos del presente. En España tenemos multitud de ejemplos, pero uno de los más significativos es la Constitución de 1978, y el proceso por el cual se llegó a consensuar.

Es lógico que se celebrara (y se celebre) la promulgación y aprobación de una Constitución con un alto grado de consenso, sobre todo si la ponemos en contexto.

En el contexto de nuestra historia constitucional, veníamos de una tradición de constituciones impuestas y utilizadas como arma arrojadiza entre los distintos sectores políticos. Cambiaba el signo político del gobierno, y cambiaba la constitución.

En el contexto de nuestra historia más reciente, veníamos de una dictadura de casi cuarenta años que puso fin a la constitución más progresista que ha tenido España (Constitución de 1931), dictadura en la que una parte de los que consensuaron la constitución de 1978 fue perseguida, encarcelada y torturada.

Pero del reconocimiento hemos pasado a la mitificación, casi a la sacralización de este proceso, con la finalidad de mantener (conservar) esta constitución, por la necesidad de las élites sociales y económicas de no permitir más avances en derechos y libertades de los consensuados en esta constitución.

Este proceso de mitificación de determinados hechos históricos es una de las formas de negar a la ciudadanía su “mayoría de edad” y, en última instancia, su capacidad de decisión. En el caso concreto de la Constitución española de 1978 el grupo encargado de su negociación y redacción es conocido como “Padres de la Constitución” (no hubo “madres”, ese es otro debate).

Para entender cualquier proceso histórico, primero tenemos que desmitificarlo, y después tenemos que situarlo en su contexto histórico y político.

Es cierto que hubo consenso en la redacción de la Constitución de 1978, pero no es menos cierto que se desarrolló en un contexto en el que se estaba intentando salir de una larga dictadura (todavía no se había salido, la Ley para la Reforma Política entró en vigor el 1 de enero de 1977), y la negociación de la constitución se llevó a cabo con el miedo a un golpe de estado, pues el ejército, que distaba mucho de ser democrático, y la ultraderecha (asesinatos de Atocha en enero de 1977) estaban dispuestos a recuperar el poder en cualquier momento. Por lo tanto, los partidos políticos implicados en la negociación de la constitución tenían claro que debían aprobar una constitución a toda costa para evitar una vuelta al pasado, que la mayoría de la sociedad no quería.

Otra razón por la que se consiguió el tan alabado consenso es que todos los partidos políticos consiguieron lo que querían y terminaron la negociación con la sensación de que habían ganado sobre los demás.

Felipe González buscó y propició el consenso, porque necesitaba presentarse ante la sociedad como un líder serio que representaba a un partido (el PSOE) que podía ser opción de gobierno, por su parte a Adolfo Suárez, cuyo único objetivo político era pilotar la transición a la democracia, le era más fácil lograr la mayoría parlamentaria con el apoyo del PSOE que intentar consensuar una postura común con los líderes de los distintos grupos que componían su UCD. Esta situación se prolongó durante la confección del “estado de las autonomías”, donde la figura política de Felipe González fue creciendo y, a cambio, Adolfo Suárez encontró en el grupo parlamentario socialista los apoyos que necesitaba para completar su proyecto político.

Esta situación de consenso se vio favorecida por la buena predisposición de Santiago Carrillo, que ya había conseguido la legalización del PCE (abril de 1977) y el poco peso político de la Alianza Popular de Manuel Fraga que solo consiguió el 8% de los votos en las elecciones de 1977.

Resumiendo (y simplificando), la derecha consiguió la perpetuación de la Corona y el reconocimiento de la “indisoluble unidad de la nación española”, la izquierda consiguió la mención al “estados social y de derecho”, los nacionalistas consiguieron asegurarse su cuota de poder en el nuevo ordenamiento político (no solo para sus territorios, también para sus propios partidos), y Adolfo Suárez consiguió aprobar su constitución.

Fruto de ese consenso, o “victoria de todos”, tenemos una constitución flexible en el fondo y rígida en la forma. Flexible en el fondo porque, fruto de aquella “victoria de todos”, cabe en ella la ideología de cada partido que llegue al gobierno, así permite el establecimiento de un sistema sanitario público universal, y su desmantelamiento. Rígida en la forma porque se estableció un sistema de reforma que en la práctica hacía prácticamente inviable su reforma, hasta que se reformó, claro.

Es cierto que podemos concluir que la constitución española de 1978 fue buena, pero no es menos cierto que los retos a los que se enfrentaban los españoles en 1978 no son los mismos retos a los que nos enfrentamos en 2013, y la democracia se basa en la libertad de elección y en el reconocimiento de la mayoría de edad de los ciudadanos, por lo tanto, se hace necesaria una amplia reforma de la constitución, o una nueva.



Artículo publicado en Blogueando por la Historia

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