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Carlos Fabra y la judicatura


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02/12/2013


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Volvemos a jugar a ese escondite imaginario en donde nadie quiere parecer lo que realmente es, tan practicado en este país. Una vez más lo acabamos de ver y oír en la sentencia condenatoria a Carlos Fabra y en las declaraciones posteriores de aquellos que lo ensalzaron y encumbraron al Olimpo de cacique provincial. Realmente resulta bochornoso escuchar a M.D. de Cospedal decir que todavía el proceso no está terminado, sólo para justificar que el Partido del que ella es Secretaria General ha estado protegiendo durante años a Carlos Fabra, sin que sepamos (no lo sabremos nunca) por qué tanto interés en defender a alguien que se ha convertido en el paradigma de la corrupción en toda España. Interés que llevó a Mariano Rajoy a presentarle como “un político ejemplar” que “siempre ha contado con el apoyo de su Partido”; o a Alberto Fabra, cuando todavía era alcalde de Castellón, calificarle como Ricardo Corazón de León, “un rey muy querido y muy temido por sus adversarios”. No se quedó atrás el florentino Francisco Camps cuando dijo que “en 200 años de historia, nunca un líder político ha hecho tanto por la provincia de Castellón”, dejándose “la vida por su tierra” a pesar de que sufría “ataques absurdos y bárbaros” y “seis años de linchamiento mediático”. Podíamos seguir con un sinfín de frases aduladoras de todo tipo de líderes populares hacia el hombre que gobernaba con mano de hierro la provincia mientras acumulaba riquezas, pero que tenía el don de hacerse imprescindible a los intereses de gran cantidad de dirigentes del Partido Popular. Todos los que le abandonaron en su calvario durante el juicio y ahora tratan de justificar su comportamiento ante una sentencia condenatoria que le puede enviar a la cárcel.


                Pero lo más patético han sido las declaraciones del propio Carlos Fabra, mostrando su alegría y desprecio por la condena que le ha caído. Lo que nos hace creer, a lo mal pensados, que él se habría juzgado de forma mucho más severa por los delitos que se le acusaba. Claro, esto en su fuero interno. No pensemos que estamos ante superhombre. Quizá él, en algún momento, lo haya pensado, cuando su poder en Castellón rebasaba todas la fronteras de un poder democrático, y le convertía en el todopoderoso político capaz de quitar y poner, comprar voluntades de directores de periódicos ávidos de beneficios, destruir enemigos y construir una política de vasallaje ciudadano a base de favores personales que se traducían en peajes electorales y sometimiento a la voluntad del jefe; golpear a la prensa no afín a su universo político hasta el ridículo, y un largo etcétera que ha hecho de Carlos Fabra un político irrepetible, al modo que lo fue Fernando VII, pero prescindible en un sistema democrático sin tutelas caciquiles. Incluso capaz de imponer un aeropuerto a la sociedad castellonense con el único fin de enaltecer su ego, a pesar de ser un proyecto ruinoso para la provincia y sus ciudadanos.

Sin embargo, más allá del ridículo que uno y otros están haciendo, cabría preguntarse qué esconde la sentencia ante cualquier ciudadano honesto. Sospecha, una gran sospecha. Un recelo de que algo se está cocinando entre bastidores. Al igual que se pudo cocer para hacer que Francisco Camps saliera inocente de haber recibido trajes regalados por la mayor trama corrupta de este país. Acatar las decisiones de los tribunales no significa compartir, ni siquiera olvidarse del derecho a la crítica que todo ciudadano en democracia tiene la potestad de hacer. Y esta sentencia, sin menoscabo de la buena voluntad de los juzgadores, produce un poco de bochorno. Que después de diez años de instrucción, cierto que de una instrucción zancadilleada por el imputado, y torpedeada por el poder político conservador que gobierna la Comunidad Valenciana, la conclusión del Tribunal es que no han quedado demostrados suficientemente los delitos de cohecho y tráfico de influencias, nos tienen que perdonar, puede producir un poco de risa nerviosa, al pensar que estamos ante otra sentencia tan absurda como la del Prestige. ¿Dónde han quedado los paseos por los pasillos de Moncloa y Ministerios de Carlos Fabra y su ahora arrepentido amigo Vicente Vilar? ¿Nos tenemos que creer que eran visitas turísticas? ¿Dónde han quedado las falsificaciones de documentos y sellos, para que se autorizaran fitosanitarios de dudosa seguridad para la salud pública? ¿Si no hay cohecho por haber cobrado Carlos Fabra comisiones por sus gestiones de cicerone ministerial, de dónde procede su incremento patrimonial desmedido? ¿Quizá de la lotería, como se interroga absurdamente el Tribunal? Demasiadas preguntas quedan en el aire, para una sentencia que suena a broma, y que levanta muchas dudas. No siendo la menor, a tenor de la sentencia exculpatoria de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, el interés que tenía la audiencia Provincial de Castellón para que los delitos de fraude fiscal se consideraran prescritos. No podemos dejar de pensar que si hubiera sido así, hoy el ciudadano Fabra habría quedado absuelto.

Como última reflexión cabe preguntarse sobre el papel que está jugando la judicatura contra esta lacra de corrupción y mal gobierno que estamos sufriendo en España. No es sólo la sentencia contra Carlos Fabra dejando vacíos diez años de instrucción, está también la sentencia vergonzosa del Prestige, la permisividad de jueces y fiscales ante los “supuestos” delitos de corrupción de importantes dirigentes conservadores del país, la lentitud de los procesos que tienen que ver con banqueros y políticos de la derecha, el impedimento para que miembros de la Casa Real respondan de su faltas y delitos, la rapidez con se saca de la cárcel a determinados banqueros, y el enmarañamiento de los procesos de corrupción que están afectando al Partido Popular. Todo esto contrasta con la velocidad que se desahucia, se usa la prisión preventiva contra los más débiles o se manda a la cárcel a personas reinsertadas, años después de haber cometido delitos tan graves como haber robado un móvil.

El ciudadano Fabra estará contento, pero no así el resto de la ciudadanía al ver cómo una vez más la derecha sociológica, entre la que se encuentra la judicatura, se confabula para que las élites conservadores del país no paguen por sus delitos con la misma moneda que el resto de los ciudadanos. Porque al final, nos queda la sensación de que todos los corruptos de este país iban en el Prestige, y así serán juzgados.



Etiquetas:   Corrupción

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