Así desvió en Colombia la EPS SaludCoop los recursos de la salud - Política Nacional - Reeditor.com

. Después de dos años logró sacar el histórico fallo.

El expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, y su equipo directivo desviaron 1,4 billones de pesos de la salud y de los colombianos para construir la EPS más grande y poderosa del país, según la Contraloría.

La entidad tiene embargados bienes y activos de de Palacino, la EPS y sus socios activos por cerca de 900.000 millones de pesos.

Saludcoop: el desfalco de la historia

En menos de diez años, Carlos Palacino, un desconocido corredor de seguros, construyó la empresa más grande de la salud en Colombia. Muchas de sus ideas eran seguidas y copiadas por EPS, hospitales y empresas del sector por su forma de ahorrar costos y ganar dinero. Pocos se atrevían a enfrentarse con él o con Saludcoop, pues podían terminar sin trabajo o arruinados.

La meteórica carrera de este tolimense, que comenzó en 1975 como cobrador de seguros en La Equidad, terminó en 2011 cuando el gobierno decidió intervenir Saludcoop por desviar recursos de la salud. La semana pasada, tras dos años de investigaciones, la Contraloría lo sancionó a él y otros 14 directivos a devolver los 1,4 billones de pesos que habrían desviado de la salud entre 2002 y 2010.

Se trata de una decisión que, en caso de quedar en firme, se convertiría en el juicio fiscal más grande de la historia moderna del país.

¿Cómo hicieron para desviar semejante fortuna y en qué se la gastaron? Las 378 páginas del fallo de la Contraloría permiten reconstruir todas las figuras y movidas que Palacino y su círculo cercano –conformado por María Carolina Lamus, Alberto Castro Cantillo, Javier Mauricio Sabogal, Luis Albeiro Medina, Jaime Chávez y Claudia López Ochoa– crearon o usaron para “apropiarse de manera dolosa y gravemente culposa” de los recursos públicos, y que finalmente, según la Contraloría, contaron con la aprobación u omisión de directivos de la empresa como René Cavanzo, Eugenio Mejía, Gabriel Franco, Ana María Piñeros, José Enrique Corrales, José Tobías Correa, Rubi Hernández y Carlos Antonio Paz.

Además, es claro que Palacino y su equipo tuvieron el soporte de toda una red de empleados, contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados.

Usando estados contables, actas de la junta directiva y la plata que entraba y salía del grupo, la Contraloría determinó que en 1998 iniciaron los desvíos de los parafiscales. Gracias a la bonanza de la salud y a los buenos resultados de la empresa, Saludcoop tomó la decisión de ampliar su red de oficinas, clínicas y centros médicos.

El problema, como lo indica la entidad de control, es que esto no lo hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando, primero, de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturados los proveedores y, después, apropiándose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad. Entre 1998 y 2010, Saludcoop, según el fallo, habría desviado 1,05 billones de pesos para construir, ampliar y dotar sus clínicas y hospitales.

A la vez que Palacino y Saludcoop construían su propia red de hospitales y clínicas, con su fachada blanca distintiva, dejaban en el camino a decenas de IPS y personas quebradas. También compraron EPS para tomar una posición dominante en el mercado. En 2001, con autorización de la junta y en asocio con Cafesalud, compraron en Chile la EPS Cruz Blanca.

Dos años después, adquirieron Cafesalud por 25 millones de dólares y la participación que tenía en Esimed, Epsipharma, Epsiclínicas y Promotora las Américas. A estas compras se sumaron inversiones en empresas de salud en Ecuador, México, República Dominicana y Panamá, que hoy son un verdadero fracaso pero que nada le costaron a Saludcoop, pues fueron financiadas por los colombianos.

Al tener un poderoso grupo de EPS con su red de hospitales, Saludcoop empezó –por iniciativa de Palacino– a crear todo tipo de empresas de medicamentos, auditoría contable, diálisis renal, software, ropa, vigilancia, entre otras, que en su mayoría dependían de la EPS para sobrevivir. Y en medio de esa fiesta, hubo plata para todo: patrocinio a equipos y torneos de fútbol, baloncesto y golf, construcción de colegios, compra de carros de alta gama, soporte para construir condominios campestres, entre otros.

Palacino y su equipo realizaron numerosos viajes a encuentros mundiales o regionales de salud, educación y cooperativismo, a cargo de la empresa y que Contraloría considera salieron de la salud. Incluso, en algunos viajes los ejecutivos de la empresa podían ir acompañados por sus cónyuges. Otras veces, según el acta 95 de 2002, la junta le reconoció a Palacino el reembolso del dinero que gastó en llevar a su esposa en su viaje de trabajo a Lisboa (Portugal).

Para la Contraloría, uno de los viajes más polémicos fue el que realizaron los ocho miembros del consejo de administración a un evento a Singapur, por cuenta de Saludcoop. Allí, en el Swiss Hotel The Stamford, Palacino convocó una reunión en donde se decidió adquirir la torre 3 del centro empresarial Paralelo 108, en Bogotá, por 72.000 millones de pesos. Algo que terminó haciéndose.

Según la Contraloría, solo entre 2005 y 2010, se pagaron 6.000 millones de pesos en bonificaciones a los directivos, de los cuales 3.541 millones fueron a parar a un solo bolsillo, el del presidente de Saludcoop, Carlos Palacino. En medio de la crisis y de la incertidumbre derivadas de los controles de la Superintendencia de Salud y las altas deudas, en 2008 un miembro de junta exaltó la labor adelantada por Palacino y propuso una bonificación de tres salarios, que fue aprobada por unanimidad.

Entre otras perlas halladas por la Contraloría está que, frente a la primera investigación que le hizo la Superintendencia de Salud en 2004 y que les prohibió usar recursos de la salud para fines distintos, Palacino le informó a la junta que fue a la oficina del ministro de Salud, en compañía de varios congresistas, para explicar la posición de la entidad frente al informe.

Y para defenderse, la empresa contrató un poderoso equipo de abogados conformado por José Joaquín Bernal, Marcela Monroy, Jaime Lombana, Hernán Jiménez y el actual fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Meses después, Palacino le informó a la junta directiva que los abogados externos se reunieron en la Casa de Nariño con el presidente, el ministro de Salud y otros ministros. Al final, según la Contraloría, se diseñó un plan de actividades que terminó por diluir el caso.

La misma superintendencia, siete años después, con otro informe, desencadenó la intervención de la EPS.

En su defensa, Palacino y todos los implicados han dicho que la plata usada no era de la salud, sino que fueron los excedentes y utilidades que quedaron de la operación, algo que estaba permitido por la ley. Sin embargo, la Contraloría determinó que eso no era cierto y determinó que Palacino y su equipo devuelvan 1,4 billones de pesos.

La Procuraduría de la Nación, en marzo pasado sancionó a Palacino –y a 11 directivos más– a una inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos y a pagar 56 millones de pesos por estafa e incremento injustificado de patrimonio. Desde hace dos años, ambas entidades le han enviado copias de sus hallazgos a la Fiscalía, a la cual han llegado, además, otras denuncias. Un fallo está aún pendiente

Galería de un desplomePara varios de sus colaboradores en Saludcoop, Palacino no es el hombre perverso que pintan los expedientes, sino un destacado gestor empresarial.

Una decisión en ciernes de la Contraloría vuelve a poner en primer plano el caso de la intervención de Saludcoop y las maniobras de su expresidente, Carlos Palacino. Dinero revela detalles inéditos.

Este BMW 750, vendido recientemente en $330 millones, estuvo destinado al uso exclusivo de Carlos Palacino Antía mientras presidió el Grupo Saludcoop, cuya EPS fue intervenida por el Gobierno el 11 de mayo de 2011. Al ejecutivo le fascinaba conducirlo para ir varios fines de semana a un exclusivo club residencial construido por iniciativa suya en el Meta y lo hizo hasta aquel día en que decidió que para él y sus invitados resultaba más cómodo viajar en vuelos chárter.

Lo reprochable de sus gustos, según los organismos de control, es que eran pagados con recursos cuyo manejo al estilo de una caja menor le estaba vedado por ley. El BMW fue comprado con recursos de los afiliados a la cooperativa Epsifarma, una de las cuatro entidades del sector solidario asociadas a su conglomerado de 43 empresas. En la construcción del club y en la contratación de los chárter estuvieron en juego recursos de las UPC (Unidades de Pago por Capitación) indispensables para atender cuentas de alto costo: pacientes de oncología o con VIH.El vehículo, uno de los cuatro de la única edición que llegó a Colombia, ejercía tanta atracción ante quienes lo veían, que el interventor, Wilson Sánchez Hernández, no resistió la tentación de conducirlo antes de su venta.A comienzos de mes, cuando la Contraloría preparaba su fallo de responsabilidad fiscal que declararía perjuicios superiores los $2 billones provocados por manejos de este tipo al sector de la salud, sus investigadores recibieron información según la cual Palacino –libre por ahora de requerimientos judiciales– se encontraba en Miami y dedicaba buena parte de su tiempo al golf, otro de sus placeres favoritos.Aquí, en el Villa Valeria Country Club, el entonces presidente de Saludcoop solía atender a sus amigos, a los que además asesoraba en la compra de casas de recreo contiguas a los campos de golf. Auditores de la firma KPMG comprobaron que el club fue levantado por Palacino a través de la Sociedad Edificadora Restrepo S.A., en cuya junta directiva estaba uno de sus mejores amigos: el laureado arquitecto Jaime Eduardo Barrero Fandiño.Los nexos entre los dos eran de vieja data. Se conocieron en 1998, cuando Barrero, premiado por la Unesco en Japón en el concurso mundial de jóvenes arquitectos, le otorgó, a través de la Curaduría Número 4 de Bogotá, las licencias de construcción de las clínicas de Saludcoop que funcionan sobre la Autopista Norte entre calles 100 y 106 de Bogotá.Barrero volvió a entrar en escena cuando, en calidad de representante de Construclínicas, firmó con Palacino los acuerdos de compraventa de la clínica Materno Infantil de Bogotá, Clínica Neiva y Clínica Tunja, operación en la que los autores hallaron evidencias de un sobrecosto por $44.751 millones. El 15 de marzo de 2006, cuando Palacino constituyó la Sociedad Medisalud, se hizo acompañar en la junta directiva por Barrero y por su hijo Carlos Santiago Palacino Puerto.Hubo un momento en que el conglomerado empresarial y la familia Palacino se confundieron. Se volvió común encontrar en puestos directivos los nombres de Edgar y Gabriel Enrique Palacino (hermanos de Carlos Gustavo), de su esposa María Cristina Puerto Vallejo; de Laura Ospina Palacino, su sobrina, y de Mauricio Sabogal, a quien muchos consideraban un “hijo adoptivo” del presidente de la holding. Entre ellos decidieron algún día no contratar ningún de tipo de servicios con externos, sino con sus propias empresas. De esa idea surgieron, por ejemplo, Work & Fashion que se encargaba de confeccionar los uniformes de todo el personal hospitalario; la lavandería Impecable y hasta la firma encargada del reparto de los tintos: Health Food.De su incubadora empresarial surgieron también IAC Gestión Administrativa, encargada de los procesos contables; IAC Jurisalud, proveedora de Servicios Jurídicos y CTA Empresa de Seguridad. Esta última era dirigida por el mayor (r) Gilberto Espitia, responsable de la seguridad de Palacino.La construcción del centro comercial y empresarial, denominado Paralelo 108, es uno de los íconos de los negocios que el personaje de esta historia montó al margen de la naturaleza y la misión de una EPS. Para apalancar financieramente su inversión usó de nuevo recursos de la cooperativa Epsifarma, la misma que le pagó su BMW e importó las losas de porcelana utilizadas en los acabados del condominio Villa Valeria.Tanto los auditores de KPMG como los investigadores de la Contraloría encontraron que Epsifarma realizó millonarios pagos a través de fideicomisos autónomos para cubrir los gastos generados por la inversión inmobiliaria en Paralelo 108. En general, están documentados 23 pagos hechos por Epsifarma a nombre de Saludcoop por $41.999 millones.?Dentro de los hallazgos hay de todo como en botica. Saludcoop gestionó ante el Fosyga recobros a los que no tenía derecho por cerca de $17.000 millones. Los recobros estaban ‘respaldados’ en facturas que en realidad nunca fueron pagadas y en cuentas aparentemente canceladas con cheques que eran anulados antes de que llegaran al beneficiario.Pese a que Palacino lo ha negado reiteradamente y se ha limitado a aceptar que se trató solo de “una práctica administrativa desprovista de mala fe”, los investigadores encontraron que los estados contables eran maquillados para mantener los indicadores de solvencia y liquidez. ¿Cómo lo hacían? Para ocultar el rezago de cartera con sus proveedores, a los que casi todo el tiempo tuvo a sus pies, Saludcoop giró a 31 de diciembre de 2010 un total de 8.021 cheques por $266.988 millones que, sin embargo, nunca llegaron a su destino. Por eso, en marzo de 2012 ya enfrentaba embargos por $7.037 millones promovidos por catorce de sus acreedores.La fórmula de lealtad aplicada por Palacino en su conglomerado empresarial tenía como base la obediencia ciega de las juntas directivas de las 12 IPS, de las 16 empresas de apoyo de gestión, de las dos compañías de aseguramiento y de las tres empresas que manejaban sus inversiones en el exterior y que hacían parte de su telaraña de compañías. “Esas juntas –le dijo a Dinero un integrante del equipo de interventores– estaban cooptadas y en su seno no era admitida la más pequeña línea de disidencia”.El fallo de la Contraloría pondrá al Gobierno y al propio Palacino ante grandes predicamentos. En primer lugar, la administración Santos tendrá que decidir si prorroga o no la intervención sobre Saludcoop en marzo próximo. También tiene la opción de ordenar la liquidación, pero en ambos escenarios surgen varios interrogantes: ¿De dónde sacará Palacino los recursos para pagar las deudas? ¿Los embargos decretados en su contra representarán las suficientes garantías? Otra pregunta sustancial es si el Gobierno podría ordenar una suerte de nacionalización indirecta de la EPS. Y, una más: ¿se decidirá el Gobierno a ordenar la liquidación, con lo cual los activos serían rematados?Cualquiera que sea su decisión, el Gobierno deberá calibrar el peso de una fuerte contraparte. Se trata de dos sindicatos surgidos de Saludccop. Uno es Sintrasalud, afiliada a la CUT, y el otro Unitracoop, asociado a la CGT. El Grupo Saludcoop tiene una fuerza laboral de no menos de 20.000 empleados de nómina.“El guía espiritual”Un miembro del equipo de interventoría cuenta que recientemente quiso parquear su vehículo en el estacionamiento que durante varios años estuvo reservado al hoy expresidente de Saludcoop. Uno de los guardas de seguridad se interpuso en su camino y le advirtió: “señor, aquí solo puede parquear el doctor Palacino. Yo sé que él va a regresar y si se entera de que yo lo dejé poner su carro aquí a lo mejor me echa”.El guarda es solo uno de los cientos de empleados de Saludcoop que aún le rinden culto a Palacino y lo reconocen como a un gran creador de empresas y generador de empleo. Como a alguien que alguna vez tuvo a su servicio en el departamento de Córdoba más funcionarios de los que trabajaban en la Gobernación.No son pocos los que se ofrecen para declarar a su favor en los escenarios judiciales. Lo reconocen como el gestor del modelo educativo que convirtió al colegio Gimnasio Los Pinos en una propuesta pedagógica de avanzada , gracias al uso de tecnología de última generación.Son antiguos colaboradores que ponderan la filosofía cooperativista basada en el principio de que las ganancias deben ser compartidas entre empleados y empleadores. Ellos no aceptan que se diga que el presidente de Saludcoop convirtió sus redes de cooperativas en su botín personal. “Él mejoró nuestras condiciones de vida y tiene derecho a producir sus propias ganancias”, responde desprevenidamente uno de ellos, que además no duda en calificar a Palacino como su “guía espiritual”. ¿Plan de retoma?El 26 de abril de 2012, cuando aún se oían los ecos de la caída del imperio de Palacino, la Asamblea de la Corporación IPS Saludcoop revocó el mandato a la junta directiva y eligió nuevos integrantes. Ese día el entonces representante legal de la entidad, Luis Felipe Cano Silva, uno de los revocados, se comprometió con el interventor de Saludcoop, Mauricio Castro Forero, a entregarle el acta de la sesión a más tardar cuatro días después.Sin embargo, el acta nunca apareció y Cano se puso al frente de una junta directiva de facto que no permitió posesionar a la nueva y que siguió sesionando inconsultamente. Cuando el interventor de Saludcoop, propietaria de 95,67% de la IPS, lo conminó para que acatara la decisión de la Asamblea, el depuesto representante legal respondió que eso no sería posible ya que el acta había sido impugnada ante la justicia civil.Revisados los documentos respectivos, el interventor se llevó una sorpresa. Cano había contratado un abogado externo para que asumiera el proceso de impugnación, con lo cual generaba un absurdo: la IPS le daba poder a alguien que se encargaría de impulsar una acción judicial en su contra.En el interregno, Cano y dos de sus antiguos compañeros de junta, Antonio Soler Saltarín Bilbao y Olga Lucía Corredor Cifuentes, siguieron sesionando por cuenta propia y radicaron ante el Ministerio de Protección Social las actas de sus propias reuniones. Luego presentaron un derecho de petición mediante el cual lograron que la secretaria jurídica encargada de esta cartera, Denisse Gisella Rivera –que ignoraba lo ocurrido– certificara que ellos tres conformaban la junta directiva de la IPS.El interventor formuló denuncia penal contra Cano y sus aliados por los delitos de falsedad en documento privado en la modalidad de ocultamiento, obtención de documento público falso y administración desleal.La actual administración de la EPS tiene razones para creer que la ‘junta de facto’ representa en realidad los intereses de Palacino y está conformada por peones de brega que quieren ayudarle a conservar el control de la IPS, una de las grandes del país. Al mismo tiempo, abrirle una compuerta que inicie el proceso de retoma de su grupo empresarial.

Investigación de Contraloría General muestra que Saludcoop usó $3 billones de la salud para negocios privados

Según la Contraloría General, Saludcoop gastó $23.000 millones de pesos en abogados. La EPS dice que tiene conceptos jurídicos para no devolver esos dineros al sistema.

AUDIO DE LA INFORMACION: http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/en-que-va-la-disputa-entre-la-contralora-sandra-morelli-y-el-fiscal-general-montealegre/20130711/oir/2010019.aspx

La W Radio | Noviembre 7 de 2013

En investigación periodística, La W radio conoció documentos que reposan en la Corte Suprema de Justicia, la Superintencia de Salud, la interventora de la EPS Saludcoop y la Contraloría General de la Nación que descubre la hoja de ruta del ente de control para fallar en el polémico caso de Saludcoop. La historia comienza con la Constitución de 1991, que define los recursos destinados a la salud como dineros públicos. Después de la ley 100 de 199 el sistema de salud colombiano funciona a través de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) a quienes el Estado colombiano por la prestación del servicio de cada ciudadano les reconoce una suma de dinero mensual denominada Unidad de Pago por Captación (UPC). La UPC cubre los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Aquello que no incluye el POS es considerado como un servicio adicional y se cobra a través de la figura de recobros ante el Fosyga. Uno de los hechos que llama la atención es que se hayan creado empresas dedicadas a hacer recobros ante el Fosyga, entre ellas una conocida por La W Radio llamada Multijurídicos constituida el 9 de noviembre de 2007 y presidida por la abogada Tania Hernández, esposa del fiscal general, Eduardo Montealegre, Los contratos de esta empresa tenían como objeto:“Trámite ante las instancias administrativas y judiciales con el objeto de obtener el recobro ante el consorcio Fosyga”.En un contrato firmado el 25 de julio de 2008 por Tania Marcela Malely Hernández Guzmán, con cédula de ciudadanía 52.152.307, como representante legal de Multijuridicos con una EPS, se pactó que por cada recobro realizado por la empresa está sería acreedora de una comisión de entre el 1.5 y el 6 por ciento de acuerdo con el valor del contrato. La empresa constituida por la señora Hernández tuvo contratos con diferentes Empresas Prestadoras de Salud para tramitar ante el Fosyga los recobros del sistema. Igualmente, La W radio conoció un concepto jurídico realizado el 11 de octubre de 2004 por el fiscal general y su esposa, como asesores de Saludcoop sobre los siguientes aspectos: (Documento para hacer click y ver el pantallazo) 1. Posibilidad de derivar utilidad, ganancia o excedente sobre la UPC. 2. Posibilidad de realizar inversiones con la base en la utilidad de la UPC y recursos propios. 3. Relevancia penal de la forma de contabilización de reservas patrimoniales. Ese concepto jurídico entregado por los abogados a la EPS determina que la utilización de los dineros entregados por el Estado a las EPS se convierten en dineros privados y pueden ser utilizados e invertidos libremente. Así mismo, entre los documentos encontrados, entre ellos unos provenientes de los computadores de Saludccop se encuentra la relación detallada de procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes que se encuentran en curso a Septiembre de 2012. En ella aparecen dos contratos con el fiscal Eduardo Montealegre por $950.000.000 y por $250.000.000 que estarían en estado de ejecución. (Documento para hacer click y ver el pantallazo) El próximo miércoles es la cita de la contralora Sandra Morelli ante la comisión de acusaciones en donde, según conoció la W radio, los argumentos aquí expuestos serán algunos de los que entregará para sostener que el fiscal general sostiene, presuntamente una relación vigente con la EPS Saludcoop. La contralora también descubrió que son $3 billones lo que Saludcoop destinó a negocios de privados. De esos $3 billones, cerca de $23.000 fueron usados para pagar abogados.

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http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/en-que-va-la-disputa-entre-la-contralora-sandra-morelli-y-el-fiscal-general-montealegre/20130711/oir/2010019.aspx

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