Barra libre en la justicia española

Hace ya muchos años, unos amigos míos tenían un hijo de unos cuatro años al que siempre que se le preguntaba qué quería ser de mayor respondía “criminal”. Lógicamente, el niño ni sabía lo que significaba aquella palabra ni lo que estaba diciendo, pero como causaba la risa en quienes le preguntaban, mantuvo esa afirmación un par de años más. Ahora que ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que aquel niño, sin saberlo, era en realidad un visionario.

. Lógicamente, el niño ni sabía lo que significaba aquella palabra ni lo que estaba diciendo, pero como causaba la risa en quienes le preguntaban, mantuvo esa afirmación un par de años más. Ahora que ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que aquel niño, sin saberlo, era en realidad un visionario.
En este último mes, se ha producido la barra libre en las cárceles españolas. Y todo ello gracias a la sentencia del Tribunal –por llamarle de algún modo- Europeo de Derechos Humanos –ni más ni menos- sobre la doctrina Parot. Así, violadores, terroristas, asesinos, ladrones, pederastas han salido a la calle sin cumplir la condena impuesta. Y eso que en España las condenas son de risa; por eso no hay mafia que se precie que no tenga su sede en nuestro indigno país. Y es que en nuestro país, unos chavales que asesinan a una chica pueden hacer bailar a toda la policía y a todos los jueces como peleles; una persona puede cometer doscientos o trescientos hurtos sin entrar en la cárcel; una persona puede ser un pederasta o un violador reconocido internacionalmente sin que se publique su nombre en una lista pública para el conocimiento de todos los ciudadanos; una persona puede tener atemorizada a toda una comunidad de vecinos sin que la policía o la justicia puedan hacer nada; un conductor kamikaze puede matar a un joven que, si tiene el bufete adecuado, Gallardón lo puede indultar; un padre puede infiltrarse en una banda criminal donde uno de sus cabecillas reconoce que ha matado a su hijo sin que el juez tome las grabaciones en consideración; una persona puede ser víctima de una injusticia que si no tiene el dinero suficiente no podrá acudir a los tribunales; una princesa puede supuestamente estar involucrada en una trama de millones de euros que no será imputada; un presidente de gobierno puede llevar a la ruina a un país sin que le pase nada; los responsables de una entidad bancaria pueden estafar a miles de clientes sin que las justicia les reclame lo más mínimo; uno jamás podrá defender su propia casa de un robo a menos que quiera ir a la cárcel. Sin embargo, uno se pasa un céntimo en la declaración de la Renta, y la justicia caerá con todo su peso sobre la nómina de ese pobre desgraciado. Esa es la justicia que tenemos. Porque, en realidad, la justicia hoy en día no es otra cosa que un gran negocio. Es lo que tiene poner la justicia en manos de personas de gran memoria pero poco sentido común. Y, sobre todo, personas con una manifiesta incapacidad de empatía. Así, se ha generado toda una estructura legal absolutamente indecente; leyes al servicio de la política, leyes cuya terminología es demencial, procuradores, notarios, abogados defensores, penalistas, laboralistas, etc., etc., etc.