. Veníamos de lo peor pero aún nos esperaba la sorpresa de los populares. Los vítores antes de tiempo deberían devolverse con intereses. El pueblo es el único digno de aplausos después de soportar tanto. En sólo dos años de gobierno popular, la corrupción jurídica ha destapado lo que se había solapado durante décadas. El país se ha envilecido quitando máscaras a algunos jueces. Si se ha envilecido es por la impunidad con que siguen dictando sentencias a cara descubierta.
La democracia se ha desgastado
con un programa de desarrollo insostenible. Perder la credibilidad de las
libertades ha llegado de la mano, del
puño en otros casos, de politicastros que han convertido el país en un guirigay
de ignominia sólo al alcance de estafadores con bula política. Todo vale para
la justificación de los males si se afianza desde las siglas políticas. Pero
sin esa extraña Justicia que alienta el delito a gran escala, no sería posible
tanto enmascaramiento.
No extraña ya el otrora saqueo delictivo
de Rumasa y el encubrimiento judicial, siendo testigos ahora de tanta iniquidad
y sectarismo de algunos magistrados.
Hoy por ti, mañana por mí se ha
convertido en el pacto repugnante que los poderes se reparten mediante el
arbitrio de tramposos disfrazados de jueces.
El ciudadano de a pie encontrará
a la precisa Justicia de la imparcialidad, la insobornable y presumida de
dignidad y honradez, frente a la malsana alegoría de la ley en que se convierte
el circo de las prebendas mediante decisiones jurídicas afines al escándalo
recalcitrante y la caradura más repugnante. La política es así en España,
vomitiva. Pero siempre hay alguien en algún tribunal recogiendo los rastros
para que el hedor se disipe.
En España es difícil comprar a un
juez con dinero por lo evidente que resulta y no creo que sea por la honra y demás
virtudes bajo mínimos que se deducen periódicamente de los protagonismos
togados; al juez primero lo compra el sectarismo y es evidente que el pecunio
llega después. Entonces es otra cosa y cuela. La prevaricación es un hecho
nefasto, pero disfrazada de factores exponenciales aviados con lo político es
pura legalidad por mucho mal que suponga a la sociedad; es el modus operandi de
la estafa política para repartirse, por razón de la Justicia arrimada al
favoritismo de cada cual, las prebendas del poder y el beneficio del bocado más
suculento.
Antes se disimulaba pero ahora es
posible una operación financiera de alto calado incendiando el Windsor en pleno
centro de Madrid; también ocultar una matanza incluso destruyendo
descaradamente los vagones explosionados vulnerando le Ley de enjuiciamiento
criminal; o permitir que el brazo político de una organización terrorista
acceda a instituciones democráticas y hasta excarcelaciones de asesinos que
para disimularlas conllevan la suelta de violadores por ley, por justicia y por
vaya a saber queé causas encubiertas que conviene no conocer. Cuanto más
hermética es esa justicia rara, más
oportunidades habrá para la estafa social que se lleva practicando durante toda
la era democrática.
Ahora se cumplen dos años de
incumplimiento de programa electoral del Partido Popular. Cualquiera diría que
los populares son cómplices de esas estafas que practicó impunemente el
zapaterismo y no se equivocaría si intentara encontrar algún tipo de
congruencia en el mandato robado de Mariano Rajoy. Gobernar al margen de
programa electoral es característico de bandidaje ya perpetuado en España, pero
antes se tenía la vergüenza de disimular las intenciones.
Nunca la Justicia y la Política
habían quedado tan al descubierto con sus vergüenzas recalcitrantes, pero era impensable que se acentuara el
escándalo de lo evidente con un Partido Popular que parece gobernar para todo
menos por la ciudadanía. Dos años de un desgaste democrático que España está
acusando con los criminales en las calles, tras los atriles políticos y
sentados en las mesas de los tribunales. Un descaro de malignidades que impele
a preguntarse sobre la legitimidad de los elementos que nos llevan a la ruina
en todos los sentidos.
Quizá sería el momento de plantear una querella por prevaricación a las
más altas instancias y aprovechar esa desvergüenza generalizada para un
planteamiento jurídico que deje al descubierto los trapos sucios de quienes
gobiernan para los males que el país ha padecido en detrimento de lo honrado y
digno. Tanta indignidad debe ser perseguida con los mismos instrumentos de la
Ley que están siendo usados para vulnerar nuestros derechos.
Vaticino para este gobierno de extrañas marionetas-vayan a saber quién
maneja los hilos- una lluvia de querellas para que ante la sociedad tengan que
explicar tanta incoherencia y perjuicios causados como continuación de los
destrozos de Zapatero.
La realidad del gobierno de Rajoy es la sospecha de una prevaricación
permanente, con el máximo exponente de las sentencias de Estrasburgo que a
conveniencia son acatadas o no en un ejercicio de repulsivo sectarismo que hay
que denunciar.
A ver qué tribunal bajo sospecha
es capaz de equivocar la fácil cuenta jurídica de un dos más dos tan simple
como lo sucedido con la subordinación, o no, de los jueces españoles a las
sentencias de un tribunal europeo. Más desvergüenza no es posible al día de
hoy, aunque aún quedan dos años más para acostumbrarnos a tanta bellaquería
institucional.
El problema es que no hay
alternativa y eso es algo que causa desesperación. No tardaremos en saber
cuánta a medida que el embudo se estreche hasta asfixiar.
