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Siguen firmes los derechos constitucionales de Quintana Roo


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19/11/2013

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En Junio de este mismo año, con el título “en firme los derechos constitucionales de Quintana Roo” en esta columna explicábamos y analizábamos, las estrategias del gobierno del Estado de Campeche respecto del conflicto de límites territoriales, que ambas entidades sostienen.


Desde esa fecha hasta ahora, el gobierno de Campeche ha estado utilizando tácticas mediáticas y políticas que nada tienen que ver con el aspecto jurídico, para difundir dolosamente una versión, mediante la cual Quintana Roo habría perdido sus derechos respecto de dicha controversia.

Sin lugar a dudas la estrategia si bien no tiene ninguna influencia en el proceso jurídico, tampoco se puede negar que es capaz de generar confusión, incluso hasta en la opinión de especialistas en la materia.

Ejemplo de ello el manifiesto que público el Congreso de Campeche la semana pasada en diversos medios de comunicación, donde no solo insiste en el hecho, sino que además pretende justificar el errático comportamiento del Senador Ernesto Cordero en el asunto.

Recupero parte del texto de aquella colaboración, que es una explicación vigente de la situación, porque en términos reales, nada ha cambiado en ese sentido, que explica perfectamente la realidad del momento actual y desmiente los dichos de los poderes campechanos.

Se pretende establecer como motivo de una derrota jurídica,  la imposibilidad de exigir al Senado de la Republica, la devolución de los documentos originales materia de la mencionada controversia.

Sin embargo esa opinión es una versión deformada de un procedimiento, naturalmente por ser así, la intención más que un argumento legal, lo que pretende es generar percepciones.

Como si estas fueran capaces de generar reacciones favorables para su causa, pasando por encima de los preceptos legales y más aun para dar por concluido un proceso, tan solo por expectativas.

El fondo del asunto se deriva de interpretaciones a las reformas constitucionales posteriores a la promoción de la controversia de límites, presentadas en su oportunidad por el Gobierno de Quintana Roo ante la Suprema Corte de Justicia.

Estas reformas otorgaban al Senado, la facultad de conocer del asunto, por lo cual se enviaron a esa cámara los documentos originales que contienen la mencionada controversia.

Pero nuevas reformas de tipo constitucional, devolvieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las facultades originales para conocer y resolver la controversia de límites.

Lo que ocasiono que la Suprema Corte solicitara al Senado la devolución de los documentos respectivos, sin embargo el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Senador panista Ernesto Cordero, contesto al máximo tribunal, que estaba en imposibilidad física y jurídica de retornarlos.

Toda vez que en base a los acuerdos anteriores a los que hacemos referencia, se hubiera decretado la conclusión y resolución de la misma y el archivo de todas las actuaciones.

Evidentemente la respuesta del Senador Cordero se fundamenta en un grave error de apreciación e interpretación jurídica, toda vez que el Senado no ha procesado, ni resuelto bajo ningún procedimiento legal concluyente la controversia.

Independientemente de que el acuerdo dictado por el Senador Cordero, se efectuó cuando ya no tenía las facultades para hacerlo, toda vez que las reformas constitucionales al respecto ya habían entrado en vigor.

Porque estamos hablando en primer lugar de un acuerdo, dictado en el cuaderno de antecedentes de dicha controversia, por tal razón no es una resolución de fondo, ni definitiva. No resuelve ni declara insubsistente la misma.

Pero sobre todo, se circunscribe como un acto, ilegal e infundado, que es carente de competencia y que adicionalmente se constituye en una clara obstrucción de la administración de la justicia.

La ilegalidad e inconstitucionalidad de los actos efectuados por el Senador Ernesto Cordero, sin duda representan un problema procesal, pero no son suficientes como para afectar realmente los derechos constitucionales de las partes en la controversia.

En conclusión, derivado de una resolución incidental dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente relativo a la controversia de límites, en la cual se declara improcedente un recurso de reclamación y se deja a salvo los derechos de Quintana Roo para actuar en defensa de sus intereses, Campeche intenta desvirtuar la situación.

Primero porque como ya lo habíamos explicado hace casi cinco meses atrás, no existe ninguna sentencia, ni resolución que haya resuelto el conflicto limítrofe entre ambas entidades.

Una resolución incidental no constituye pues sentencia, es parte de un proceso que sigue su curso y por lo mismo todavía continua en litigio, de tal suerte que las publicaciones encargadas por los poderes del Estado de Campeche, faltan a la verdad.

Como también ya lo habíamos mencionado anteriormente, estas expresiones solo pueden sugerir nerviosismo, sobre todo ante el hecho de que ha trascendido que la corte se inclina favorablemente hacia los argumentos presentados por Quintana Roo.

Sin embargo los poderes del Estado de Quintana Roo, se han mantenido ajenos a la polémica mediática, toda vez que no es el escenario para dirimir el asunto.

Tanto el ejecutivo como el legislativo quintanarroenses trabajan coordinadamente en la firme defensa de los derechos constitucionales de su causa, gestionando el conflicto únicamente por la vía legal.

Seguramente ambos poderes harán pública una explicación detallada del status legal vigente y sus implicaciones, pero sin caer en la trampa que Campeche intenta establecer, para poner en otro contexto un aspecto que solo es juruidico.

Si la intención es incitar y confundir, no habrá respuesta a la provocación, que evidentemente politizaría la circunstancia, más aun porque la mencionada estrategia, independientemente de que no influye en términos procesales, no será capaz de atentar contra la unidad de la sociedad quintanarroense.

Tanto el Gobernador Roberto Borge, como el líder del Congreso local José Luis Toledo, han rechazado abiertamente participar de una polémica mediática, toda vez que eso no abona a la resolución del procedimiento y es una actitud que en contraste a lo que hacen sus homólogos campechanos, es muy poco seria y profesional.

Más aun cuando no hay argumentos para ello, los derechos de constitucionales de Quintana Roo, continúan firmes y a salvo respecto de la controversia de los límites territoriales.

 

twitter@vazquezhandall





Etiquetas:   Jurídico   ·   Gobierno   ·   Quintana Roo   ·   Conflicto Político   ·   Corte Suprema

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