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Desde esa fecha hasta ahora, el gobierno de Campeche ha
estado utilizando tácticas mediáticas y políticas que nada tienen que ver con
el aspecto jurídico, para difundir dolosamente una versión, mediante la cual
Quintana Roo habría perdido sus derechos respecto de dicha controversia.
Sin lugar a dudas la estrategia si bien no tiene ninguna
influencia en el proceso jurídico, tampoco se puede negar que es capaz de
generar confusión, incluso hasta en la opinión de especialistas en la materia.
Ejemplo de ello el manifiesto que público el Congreso de
Campeche la semana pasada en diversos medios de comunicación, donde no solo
insiste en el hecho, sino que además pretende justificar el errático
comportamiento del Senador Ernesto Cordero en el asunto.
Recupero parte del texto de aquella colaboración, que es una
explicación vigente de la situación, porque en términos reales, nada ha
cambiado en ese sentido, que explica perfectamente la realidad del momento
actual y desmiente los dichos de los poderes campechanos.
Se pretende establecer como motivo de una derrota jurídica, la imposibilidad de exigir al Senado de la
Republica, la devolución de los documentos originales materia de la mencionada
controversia.
Sin embargo esa opinión es una versión deformada de un procedimiento,
naturalmente por ser así, la intención más que un argumento legal, lo que
pretende es generar percepciones.
Como si estas fueran capaces de generar reacciones favorables para su
causa, pasando por encima de los preceptos legales y más aun para dar por
concluido un proceso, tan solo por expectativas.
El fondo del asunto se deriva de interpretaciones a las reformas
constitucionales posteriores a la promoción de la controversia de límites,
presentadas en su oportunidad por el Gobierno de Quintana Roo ante la Suprema
Corte de Justicia.
Estas reformas otorgaban al Senado, la facultad de conocer del asunto,
por lo cual se enviaron a esa cámara los documentos originales que contienen la
mencionada controversia.
Pero nuevas reformas de tipo constitucional, devolvieron a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, las facultades originales para conocer y
resolver la controversia de límites.
Lo que ocasiono que la Suprema Corte solicitara al Senado la devolución
de los documentos respectivos, sin embargo el Presidente de la Mesa Directiva
del Senado, el Senador panista Ernesto Cordero, contesto al máximo tribunal,
que estaba en imposibilidad física y jurídica de retornarlos.
Toda vez que en base a los acuerdos anteriores a los que hacemos
referencia, se hubiera decretado la conclusión y resolución de la misma y el
archivo de todas las actuaciones.
Evidentemente la respuesta del Senador Cordero se fundamenta en un
grave error de apreciación e interpretación jurídica, toda vez que el Senado no
ha procesado, ni resuelto bajo ningún procedimiento legal concluyente la
controversia.
Independientemente de que el acuerdo dictado por el Senador Cordero, se
efectuó cuando ya no tenía las facultades para hacerlo, toda vez que las
reformas constitucionales al respecto ya habían entrado en vigor.
Porque estamos hablando en primer lugar de un acuerdo, dictado en el
cuaderno de antecedentes de dicha controversia, por tal razón no es una
resolución de fondo, ni definitiva. No resuelve ni declara insubsistente la
misma.
Pero sobre todo, se circunscribe como un acto, ilegal e infundado, que
es carente de competencia y que adicionalmente se constituye en una clara
obstrucción de la administración de la justicia.
La ilegalidad e inconstitucionalidad de los actos efectuados por el
Senador Ernesto Cordero, sin duda representan un problema procesal, pero no son
suficientes como para afectar realmente los derechos constitucionales de las
partes en la controversia.
En conclusión, derivado de una resolución incidental dictada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente relativo a la
controversia de límites, en la cual se declara improcedente un recurso de reclamación
y se deja a salvo los derechos de Quintana Roo para actuar en defensa de sus
intereses, Campeche intenta desvirtuar la situación.
Primero porque como ya lo habíamos explicado hace casi cinco
meses atrás, no existe ninguna sentencia, ni resolución que haya resuelto el
conflicto limítrofe entre ambas entidades.
Una resolución incidental no constituye pues sentencia, es
parte de un proceso que sigue su curso y por lo mismo todavía continua en
litigio, de tal suerte que las publicaciones encargadas por los poderes del
Estado de Campeche, faltan a la verdad.
Como también ya lo habíamos mencionado anteriormente, estas
expresiones solo pueden sugerir nerviosismo, sobre todo ante el hecho de que ha
trascendido que la corte se inclina favorablemente hacia los argumentos
presentados por Quintana Roo.
Sin embargo los poderes del Estado de Quintana Roo, se han
mantenido ajenos a la polémica mediática, toda vez que no es el escenario para
dirimir el asunto.
Tanto el ejecutivo como el legislativo quintanarroenses
trabajan coordinadamente en la firme defensa de los derechos constitucionales
de su causa, gestionando el conflicto únicamente por la vía legal.
Seguramente ambos poderes harán pública una explicación
detallada del status legal vigente y sus implicaciones, pero sin caer en la
trampa que Campeche intenta establecer, para poner en otro contexto un aspecto
que solo es juruidico.
Si la intención es incitar y confundir, no habrá respuesta a
la provocación, que evidentemente politizaría la circunstancia, más aun porque
la mencionada estrategia, independientemente de que no influye en términos
procesales, no será capaz de atentar contra la unidad de la sociedad
quintanarroense.
Tanto el Gobernador Roberto Borge, como el líder del
Congreso local José Luis Toledo, han rechazado abiertamente participar de una polémica
mediática, toda vez que eso no abona a la resolución del procedimiento y es una
actitud que en contraste a lo que hacen sus homólogos campechanos, es muy poco
seria y profesional.
Más aun cuando no hay argumentos para ello, los derechos de constitucionales
de Quintana Roo, continúan firmes y a salvo respecto de la controversia de los límites
territoriales.
twitter@vazquezhandall
