. Nada más alejado de la
realidad.
El fin de semana, “El
Torito”, conocido bebedero ubicado sobre la avenida Bonampak casi a la entrada de la Zona Hotelera, fue clausurado por inspectores de la Dirección de
Fiscalización del Ayuntamiento del que tanto se benefició el legislador durante
casi tres años. El negocio carecía de permisos y comprobantes del pago de sus
impuestos --como hacen los mortales que no tienen cargos de peso político-- y
salió a relucir que durante la pasada administración fue uno de los antros
intocables.
Disfrutando hasta
empalagarse de las dulces mieles del poder, el dueño de “El Torito”, el diputado Aguilar Osorio, íntimo colaborador
del corrupto y hoy desaparecido ex alcalde Julián Ricalde Magaña, abrió
su negocio sin contar con la licencia de funcionamiento y el permiso para la
venta de alcohol, que seguramente, acumulando violaciones legales de las que
fue afecto, también vendía a menores de edad. Su protector fue otro pillo de
largas y filosas uñas, que también se enriqueció a su paso por el gobierno de BJ como director de Fiscalización: Julio Romero Rodríguez, acusado en
repetidas ocasiones --y solapado por su jefe en igual cantidad de veces-- de
permitir la operación de “giros negros” y de ofrecer permisos ilegales.
Jorge Aguilar Osorio
creyó que por ser diputado podría escapar de la Ley y que su fuero como
ocupante de una curul en el Congreso le alcanzaría para “blindar” sus ilegales
negocios. Sin embargo, luego del operativo del sábado por parte de inspectores
que hasta hace dos meses pasaban de largo frente a su tugurio sin voltearlo a
ver, por “órdenes superiores”, al parecer ya va entendiendo el mensaje que el
presidente municipal, Paul Carrillo de
Cáceres, emitió durante su toma de protesta: “Nada ni nadie estará por
encima de la Ley”. Y mucho menos, claro, un establecimiento ilegal dedicado a
la venta de alcohol sin ningún control ni recato.
Éste no es el único
escándalo legal en el que se ha visto vuelto el legislador perredista.
Independientemente de que la PGR aún
lo mantiene bajo observación por la relación familiar con su primo Carlos
Enrique Osorio Téyer, alias "El Charly", detenido por
delitos contra la salud y delincuencia organizada, al ex funcionario municipal
se le relaciona con la venta ilegal de 600 toneladas de chatarra del corralón
municipal a particulares. Lo de las luminarias, al parecer, fue pecata minuta.
Cabe recordar que hace
aproximadamente un año, cuando Aguilar
Osorio era todavía director de Servicios Públicos, fue señalado por el
entonces diputado José de la Peña Ruíz de Chávez de realizar un “saqueo
hormiga” de partes automotrices del corralón municipal, con el consentimiento,
protección y, ¿por qué no?, con la complicidad del ex alcalde Julián Ricalde.
En esa ocasión, el legislador
verde-ecologista, hoy secretario general de la Comuna benitojuarense, dijo que
lo anterior representaba un negocio mensual de más de 2 millones 400 mil pesos,
de acuerdo a sus cálculos de cuatro pesos el kilo de fierro, sin que para su
venta esta supuesta chatarra nunca se haya desincorporado del Ayuntamiento
mediante una sesión de Cabildo, que era lo que debió proceder.
El Reglamento General del
Patrimonio Municipal de Benito Juárez
señala que los bienes muebles propiedad del municipio que no resulten útiles y
cuyo mantenimiento o reciclaje sea incosteable, podrán ser dados de baja del
patrimonio, previa autorización del Cabildo. Eso, claro, si el ex alcalde
perredista y su voraz pandilla hubiesen sido honestos y respetuosos de las
leyes. Pero como no fue así, uno anda viajando por el mundo y el otro jugándole
al diputadito en lo que se “enfrían” las cosas en Cancún.
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CADA
VEZ MÁS
remotas sus posibilidades de que el gobernador del estado caiga de nuevo en su
mañosa trampa de sentarse a dialogar con ellos y viendo como su movimiento se
va yendo por el caño ante la desesperanza de sus seguidores y el enorme repudio
social que han conseguido, los revoltosos maestros paristas que durante 48
horas mantuvieron totalmente bloqueada --mas otras 48 parcialmente-- la
carretera federal que comunica el norte con el sur del estado a la altura de Carrillo Puerto, no tuvieron de otra
más que reconocer a la estatal Comisión Interventora para la Reforma Educativa.
Siempre en el entendido de que el
problema de los maestros es asunto de competencia federal y que el gobierno de Quintana Roo les ofrece toda la
interlocución posible para lograr sus acuerdos con la Federación, el primer
mandatario, Roberto Borge Angulo,
viajó el fin de semana a Londres con
una comitiva oficial de alcaldes, funcionarios y empresarios del sector
turismo, para asistir al World Travel
Market, el escaparate mundial más grande e importante del mundo para hacer
negocios y atraer turismo.
Borge se fue a
atender una misión mucho muy provechosa para el estado y los radicales de la
educación se quedaron con un palmo de narices en su bloqueo carretero exigiendo
su atención y presencia. Con ello, vieron como el poco liderazgo que ya les
queda sufría otro fuerte descalabro.
Y como más vale pájaro en mano que cien
volando, o lo que es lo mismo, el miedo no anda en burro, a pesar de que un par
de días antes lo desconocieron el sábado “aceptaron” sentarse a dialogar con el
comisionado interventor para la Reforma Educativa en el estado, Juan Pedro Mercader Rodríguez, a fin de
hallar de “manera conjunta” un fin al bloqueo de la vía federal.
El encuentro de Mercader con el Comité Lucha
Magisterial fue en el poblado Andrés
Quintana Roo y duró de 7 a 10 de la noche, donde los paristas presentaron seis
puntos de solución, entre ellos darle vista pública y jurídica a la minuta del
21 de septiembre firmada con el gobernado, lo cual fue aceptado por el
comisionado para irle dando avances a la negociación.
Las peticiones que se agregan a ese
documento, en su mayoría --como siempre-- ventajosas para los maestros, que
quieren cobrar los días no trabajados y se les dote de impunidad por sus actos,
son:
1.- Publicación en
el Diario Oficial del estado la minuta de acuerdos del 21 de septiembre del
2013.
2.- Elaboración del
oficio por parte de la SEQ a toda la
estructura de autoridades educativas, donde se señale que no habrán sanciones
administrativas para el personal docente y apoyo administrativo de base, de
confianza y de honorarios que hayan participado en el movimiento magisterial.
3.- No ejercicio de
acción penal a los maestros y personal administrativo, demandados por la
autoridad municipal de Benito Juárez.
4.- Realización del
pago de la quincena del 31 de octubre a todo el personal docente y
administrativo.
5.- Continuidad de
la mesa de diálogo para analizar los casos particulares que violentaron los
acuerdos de la minuta del 21 de septiembre, para darles solución a través de la
participación de jefes de área de los diferentes sub-sistemas educativos.
6.- Revisar la
supuesta demanda interpuesta por la maestra Bertha Cobos Villalobos del SNTE
en contra de maestros de Felipe Carrillo
Puerto.
Cabe mencionar que ayer domingo se
llevaría a cabo una segunda reunión y en la zona del bloqueo continuaban con
aperturas parciales e intermitentes para permitir el tránsito vehicular, pero
se mantenía el cierre en lo que fue el quinto de día de tomada esta carretera.
Jorge Castro Noriega, periodista y
analista político. Es director del periódico La Voz de Quintana Roo y conductor
del programa La Voz en Contrapunto.
E-mail: jcastro_noriega@hotmail.com
Twitter: @jcastro_66
