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A pesar de las buenas intenciones de gran parte del
magisterio quintanarroense y la autoridad, no se puede descartar que persistan
algunas células inconformes, sobre todo por la influencia que ejercen sobre
estas, los enviados de Oaxaca y Michoacán precisamente para evitar esos
acuerdos.
Sin embargo aun persistiendo en su intento, los radicales
son los menos y eso significa una vuelta a la normalidad, lo cual tiene que
verse como un muy buen comienzo en el camino de finiquitar esta controversia,
que al final de cuentas es un deseo mayoritario.
Porque está perfectamente claro que los infiltrados, no solo
no son de aquí y que sus objetivos nada tienen que ver con Quintana Roo, solo persiguen abiertamente la radicalización,
mantener vivo un conflicto que en términos legales y prácticos ya no tiene posibilidad
de subsistencia efectiva.
Sobre todo con la reciente aprobación de las leyes
secundarias correspondientes a la reforma educativa impulsada por el poder
ejecutivo federal.
Una vez consignadas y promulgadas, se hace imposible abrogar
dichas leyes, más aun cuando la herramienta para intentarlo fue sembrar el caos
a través de manifestaciones que en su momento hay que reconocerlo, pusieron en
jaque a las autoridades, principalmente la federal y la de la ciudad de México.
Claro que a pesar del caos causado, de la molestia colectiva
que se origina en los bloqueos y los efectos que estos provocaron en la
sociedad en su conjunto, a pesar de las severas críticas que recibieron ambas
instancias gubernamentales, como debió de ser se impuso la ley.
Siendo así y sin que eso minimice el impacto de las
manifestaciones, estas no lograron su objetivo a través de la presión, lo cual también
tendría que entenderse como un antecedente positivo en lo subsecuente.
Esa tendencia también genero un gran impacto en Quintana
Roo, que si bien resulto tardío en relación a los acontecimientos sucedidos en
la capital del país, no por ello fue menos importante.
Al menos desde una perspectiva eminentemente local, con todo
y que el conflicto se hubiera originado a miles de kilómetros de esta entidad,
tradicionalmente pacifica.
De cualquier forma no se puede negar que en el transcurso
del conflicto en Quintana Roo, existieron elementos de carácter local que
influyeron en el proceso.
Los que aumentaron el nivel de la exigencia, con todo y que
como ya apuntábamos, en ese momento las leyes respectivas ya se habían promulgado,
como la dificultad para poder concluir la negociación.
Afortunadamente prevaleció la razón y ambas instancias tanto
el gobierno del estado en la parte que le corresponde, como el liderazgo
magisterial fueron capaces de solventar sus principales diferencias.
Derivado de estos acuerdos hoy retornaran a las aulas un
gran porcentaje de maestros y alumnos, lo que puede favorecer que la discusión si
es que así fuera, pueda continuar sin lesionar a los alumnos y sus padres.
Porque independientemente de la esencia de las demandas del
magisterio, lo que contrasta sobre manera en estas circunstancias, es el hecho
de que un diferendo laboral, alcance tales magnitudes, al grado incluso de
poder en riesgo la convivencia social y su desarrollo.
Puede ser que la historia de este penoso acontecimiento todavía
no haya terminado del todo, sin embargo es de reconocerse que el seguimiento de
la misma transcurra bajo el predominio de la normalidad y el orden.
Donde las coyunturas tengan una atención particular y específica
sin contaminar los demás aspectos de la vida cotidiana, sin que esto suponga
atentar contra la libertad de expresión en la defensa de intereses.
Claro siempre y cuando en la dinámica de la defensa de esos
intereses, el formato de manifestación no rebase los límites de la cordura, y
como decíamos sobre todo no afecte a terceros.
Porque si por un lado, se tiene que permitir la expresión ciudadana,
en el ámbito de la defensa de sus ideas, también la autoridad tiene la obligación
de conducir estos fenómenos sociales, de forma que no rebasen el orden.
Esa línea por supuesto es muy delgada y cualquier acción de
la autoridad en ese sentido, bien podría ser calificada como represora, lo que
en una sociedad como la nuestra es un tema sumamente peligroso.
En el México de ahora la libertad de la que ahora gozamos, conseguida
a través de la lucha de tantos años, es una facultad ganada, sin embargo su desarrollo
está en pleno proceso de maduración y por tanto se tiene que ser sumamente
responsable en su utilización.
Esto por supuesto infiere un gran reto para la autoridad de
cualquier nivel y sin limitante de su filiación partidista, porque es parte del
desarrollo de ese proceso al que nos referimos.
La ley se tiene que imponer y eso no es un asunto en el cual
tengan que mediar los consensos, en nuestro país el gobierno se obliga a
buscarlos en todo cuanto propone y hace, precisamente por el temor evidente a
no parecer un régimen represor.
Consciente de que esa represión es la semilla desde donde
puede germinar un malestar social incontrolable, porque este no necesariamente
se traduce en los costos políticos y como estos influyen en los temas
electorales, que es el tema prioritario de interés de las fuerzas políticas.
Peor aún, esa insatisfacción es el antecedente natural de la
descomposición social que conlleva la falta de respeto al marco legal y las
instituciones, que hoy parece ser un argumento muy atractivo para quienes
buscan protagonismo en el desorden.
Bajo estas consideraciones, con absoluto respeto de las
posiciones en conflicto, hay que saludar y acompañar positivamente el acuerdo
mediante el cual, los docentes retornaran a las aulas.
Reconocer la voluntad de las partes, que aun sin concluir todavía
sus negociaciones dan un paso responsable hacia la normalidad, esta como piedra
angular de la convivencia social.
twitter@vazquezhandall
