. La tendencia venía desde el inicio de la década del sesenta, y hacia finales del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-70) ésta se agudizó. Tanto desde la izquierda como de la derecha tensionaron la democracia.
Por una parte, entre los partidos de
izquierda existía la tendencia a radicalizar el proceso de cambios políticos,
sociales y económicos iniciados por la administración Frei, como el Partido
Comunista o el Partido Socialista -este último en el XXII Congreso de Chillán de 1967,
había legitimado el uso de la ‘lucha armada’ para llegar al poder-[1],
como también en algunos sectores de la Democracia Cristiana que terminaron conformando
el MAPU. Al mismo tiempo, la derecha a través del Partido Nacional conformado
en 1966 por la fusión de los partidos
Liberal, Conservador Unido y Acción Nacional, pasó a desconfiar cada vez más de
una democracia que se percibía como incapaz de ser baluarte del orden y del bienestar
social.
La elección de Salvador Allende el 4 de
septiembre de 1970 con apenas el 36,3% de los votos, radicalizó aún más el
ambiente político y social enrarecido. Con su triunfo Allende se transformó en
el primer presidente socialista elegido por la vía democrática en el mundo. El
gobierno de la Unidad Popular (UP) intentó desarrollar su programa político agrupado
bajo el concepto ‘vía chilena al socialismo’, sin embrago, no contaba con la
mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo su programa revolucionario.
Al mismo tiempo, la llegada de Allende al
poder dividió al país en dos bandos irreconciliables. Por un lado estaban los partidos que
conformaban la UP, liderados por el PS y el PC, versus la Democracia Cristiana
y el Partido Nacional -los que junto a otros partidos conformarían la
Confederación de la Democracia (CODE) en 1972 -. Donde la confrontación política entre ambos sectores,
se desarrolló bajo la lógica de la lucha por la derrota del bando contrario.
Al interior de la UP, sectores encabezados
por el PC eran partidarios de la vía constitucional a la revolución, y estaban
por operar dentro de la legalidad de la constitución mediante la utilizando de
los llamados “resquicios legales”, que permitían superar algunas barreras constitucionales
a su acción y el programa de gobierno. Mientras el PS radicalizó su postura,
optando por la vía directa y violenta, que se traducían en tomas de terreno,
fábricas, y la formación de milicias paramilitares, agudizando la crisis
política y social del país.
Si bien hasta 1971 los resultados del
manejo económico del gobierno de Allende fueron buenos en materia de
crecimiento, control inflacionario, reducción del desempleo y aumento de los
salarios, sin embargo, a partir de 1972 las cosas en materia económica cambiaron
drásticamente producto del estancamiento de la economía, la hiperinflación, la
fijación de precios, la escasez de alimentos -‘las colas interminables’- y el
crecimiento del ‘mercado negro’.
El carácter precipitado de las reformas
contendidas en el programa político de la Unidad Popular, el uso abusivo de los
“resquicios legales”, los conflictos internos entre los partidos que
constituían la coalición de gobierno, la falta de una mayoría política y
parlamentaria por parte del gobierno de Allende, y la pérdida de un consenso
básico, provocó finalmente una paralización del Estado que conspiró contra la
capacidad de liderazgo de Allende y el éxito de su gobierno.
Hacia mediados de 1972 Chile era un país
dividido e hiperpolitizado. El 8 de octubre de ese año, se desarrolló un Paro
Nacional liderado por la Agrupación de Dueños de Camiones, que contó con el
respaldo de trabajadores, estudiantes, profesionales, el PN, la DC y los
sectores empresariales. El que también contó con el apoyo la CIA bajo la atenta
mirada de Richard Nixon –según lo aclaran hoy archivos abiertos-. Éste claro intento por desestabilizar al gobierno
de la UP fue contenido con el ingreso de las Fuerzas Armadas al gabinete a solicitud
del propio Allende. Sin embargo, esto
último no detuvo el proceso de deterioro del régimen, y hacia fines de ese año
el país se encontraba prácticamente paralizado, con una hiperinflación y
desabastecimiento generalizado, y una economía al borde del colapso.
Pese a que la Iglesia Católica liderada por
el Cardenal Raúl Silva Henríquez intentó encontrar una salida a la crisis
política y social que vivía el país a mediados de 1973, estableciendo un
diálogo entre el presidente Allende y el entonces presidente de la DC, Patricio
Aylwin, lamentablemente la falta de acuerdo en los temas fundamentales
imposibilitó darle una salida al conflicto.
Tras el fracaso de la mediación de la
Iglesia y la salida de los comandantes en jefe leales a Allende en agosto del ‘73,
la suerte de su gobierno parecía estar echada.
La enorme crisis política, económica y social que afectaba al país
provocó el colapsó nuestra democracia y pavimentó el camino para el Golpe de
Estado el 11 de septiembre de 1973.
El Golpe de Estado no sólo puso término al
régimen socialista de Allende, también cerró un capítulo importante de la
historia política del país desnudando toda las falencias de nuestra democracia.
Ésta viviría un largo receso de 17 años tras una dolorosa y extensa dictadura militar
liderada por Augusto Pinochet, hasta el
11 de marzo de 1990. De todas formas nada justifica las violaciones a los
derechos humanos cometidas durante ésta.
Hoy a 40 años del Golpe, para una parte
importante de nuestra sociedad las heridas aún permanecen abiertas, principalmente
y justificadamente por la falta de verdad y justicia por la muerte o
desaparición de sus seres queridos. Sin
embargo, también hay ciertos sectores que lamentablemente han lucrado
políticamente con este tema desde el retorno a la democracia y que en época
electoral intentan seguir exprimiéndolo, como lo hicieron en años anteriores como
los posibles falsos exonerados políticos, por ejemplo.
Con todo, durante los
últimos días hemos sido testigos de una serie de gestos de ‘perdón’ por parte
de figuras políticas de todos los sectores en relación su responsabilidad
política en los hechos acontecidos antes y después del Golpe de Estado. Como por
ejemplo Hernán Larraín (UDI) o Camilo Escalona (PS). Sin embargo, la gran
pregunta es ¿de qué sirven estos gestos de perdón, si el del frente no perdona?
Desgraciadamente, la sensación que queda es que tendrán que pasar dos o tres
generaciones más para que el país logre una plena reconciliación.
[1] El punto 2 de la posición política
del Partido Socialista en el XXII Congreso en Chillán de 1967 señalaba lo
siguiente: “La violencia revolucionaria
es inevitable y legítima”.
