El error de calculo del régimen - Política Nacional - Reeditor.com

.
Los Diputados Federales priistas obedecen la línea impuesta desde los Pinos, siendo así aunque argumenten otros aspectos, la determinación y eso queda claro provino desde el epicentro del poder.

La presión impuesta por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mediante los bloqueos a las cámaras de Senadores y Diputados, pero sobre todo al aeropuerto de la ciudad de México la semana pasada, fueron suficientes para cambiar la agenda legislativa.

Sin embargo si esa ley se hubiera votado y aprobado considerando que el gobierno contaba con los votos suficientes para el efecto, de todas maneras hubiera habido los bloqueos, pero con la ley aprobada.

Si las manifestaciones en contra de las reformas propuestas por el gobierno son inevitables, no solo por respeto a la libertad de expresión, sino simple y llanamente porque así funciona la democracia y el ejercicio del poder, entonces lo que importa son los resultados.

Si el gobierno no quiere parecer represor y permite que estas movilizaciones provoquen el caos y atenten contra la convivencia social, tampoco se trata de que se doblegue como lo explicábamos en la columna anterior.

Se entiende que después de la experiencia de San Mateo Atenco, cuando el Presidente Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, el régimen no quiera repetir una circunstancia similar.

Más aun cuando el mandatario viaja en unos días a una gira internacional por Turquía y Rusia, en donde asistirá en este último país a la reunión del G20 y no quiere llegar con un escándalo a cuestas.

Ahora bien, si el gobierno se limitara solamente a hacer lo que la propia ley dice, en este caso la laboral, con cesar a los maestros por no presentarse a trabajar y dejar a más de un millón trescientos mil alumnos sin clases, seguramente las manifestaciones se acabarían de inmediato.

Porque los maestros de la CNTE hoy pueden hacer lo que se les dé la gana, porque no sienten ese riesgo, de otra forma lo pensarían dos veces, ya que es el mismo Estado quien termina por financiar los desmanes que estos provocan. Lo que está en riesgo no es solo el prestigio político, sino la viabilidad del Estado, porque si este no es capaz de mantener una línea definida respecto a sus intenciones reformadoras, quedara irremediablemente secuestrado.

La CNTE no quiere que los maestros sean evaluados, esa es una cuestión particular de intereses, que no puede estar por encima de los intereses nacionales.

Pero por supuesto esto solo es una pequeña parte del todo, porque en términos prácticos la esencia de la reforma educativa se relaciona con la facultad del gobierno en materia de la rectoría en las determinaciones.

Empezando por despedirlos si no se presentan a dar clases, independientemente de permitirles ocasionar el caos en contra de la sociedad civil.

Si se cede ante estas demandas injustificadas se crea un peligroso antecedente, que será argumento en cualquier discusión posterior independientemente del tema que se aborde.

Porque se desnuda la incapacidad del Estado para imponer sus facultades, no estamos hablando de reprimir por la fuerza, solamente de utilizar las herramientas que son parte de sus prerrogativas.

Si la ley se hubiera aprobado, las manifestaciones y bloqueos tendrían que tener un carácter temporal, porque una vez legislada a los maestros no les quedaría más remedio que acatarla a riesgo de perder sus empleos.

Esto además tendría por supuesto un impacto consecuente, mediante el cual los opositores sabrían que el régimen no se doblega ante presiones, que está determinado a consolidar sus iniciativas reformadoras, asumiendo todos los costos que eso conlleva.

En eso se fundamenta la fuerza del Estado, en la imposición de la ley, pero si es el mismo régimen el que no le otorga la categoría correspondiente, nadie más habrá de respetarla.

Tanto el Presidente como Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, insisten en afirmar que la reforma educativa va a caminar tal y como se propuso originalmente y en todos sus términos, pero en la realidad eso no está sucediendo.

No solo se evito la votación de la ley en mención, adicionalmente se establece una mesa de diálogo con los dirigentes sindicales, teóricamente para discutir y convencer.

Lo cual es un despropósito porque no se trata de generar consensos con quien no está dispuesto a negociar, no se puede mercantilizar una intención manifiesta, solo para tratar de aportar una imagen de apertura.

Porque en ese caso lo que se consigue es dejar ver debilidad, la falta de decisión, que tanto limita la potestad gubernamental, lo que a su vez como ya decíamos, se convierte en una herramienta de presión.

Si comparamos los efectos negativos, siempre será preferible tener que soportar las manifestaciones, con todo lo que eso implica, que tener que frenar la dinámica transformadora, que el mismo gobierno ha calificado como inaplazable.

Si ponemos en la balanza los pros y contras, es imposible esperar que una sociedad en efervescencia como la nuestra no se exprese, con todo y que esa manifestación sea minoritaria.

Entonces y retomando la idea principal del análisis, lo que importa son solo los resultados, en este caso el transito completo de la reforma educativa, sin atender a presiones que en todo caso se debieron haber previsto con antelación.

Hay una diferencia fundamental entre el autoritarismo a ultranza y la consecución de una agenda política, el Estado tiene la obligación de mantener la paz social a costa de lo que sea, incluso de la popularidad, que como sabemos es relativa y temporal.

Por tanto se puede concluir que, si el régimen no hace uso de sus facultades legales para imponer el orden, aun permitiendo manifestaciones, se estará limitando así mismo.

En la contradicción no solo pierde porque no puede consolidar lo planeado, pierde mucho más que eso, el respeto y el margen de maniobra mínimo indispensable.

Porque como lo adelantábamos en anteriores colaboraciones, si la reforma educativa se trunca, la energética y la fiscal no pueden esperar tener un mejor resultado.

Es el mismo gobierno el que pone la medición muy baja, eso le puede costar muy caro a lo largo del sexenio, no solo porque eso podría provocar que ninguna de sus iniciativas suceda, sino porque adicionalmente tendrá irremediablemente efectos electorales negativos.

De ser así, de nueva cuenta estaremos ante la posibilidad de perder otro valioso espacio de tiempo en el inmovilismo, en este caso a causa de la falta de determinación, porque los conceptos del cambio están claros y la mayoría de los mexicanos está de acuerdo en la necesidad de impulsarlos.

twitter@vazquezhandall