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El aeropuerto de la Riviera Maya una solucion de estado


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07/06/2011


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Confesiones.


 

Después de que el gobierno federal, a través de la secretaría de comunicaciones y transportes, declarara sorpresivamente desierta la licitación para la construcción y operación del aeropuerto de la Riviera Maya, debido fundamentalmente a las presiones para evitar la competencia que significa la inserción de otros grupos en la región, que el empresario Fernando Chico Pardo y sus poderosos socios ejercieron ante la autoridad, se hace prioritaria la  búsqueda de una solución congruente y de corto plazo, una medida de estado, solución al fin.

 

Por cierto Fernando Chico Pardo, dejo de ser la cara visible de ASUR, que opera las principales terminales aéreas de la península de Yucatán, incluidas las de Cancún y Cozumel, en parte por las negociaciones que llevo a cabo, vinculadas precisamente a su expuesta,  influyente y negativa a todas luces, participación en esta decisión oficial.

 

Fallo  mediante el cual Chico Pardo, logra el de forma extra oficial, a pesar del carácter legal del veredicto, salirse con la suya y detener el proceso de asignación descalificando con pretextos a las otras empresas participantes, toda vez que su firma ASUR, no pudo formar parte de esta, en base a la normatividad que limita la creación de monopolios.

 

Circunstancia que establece una pausa indeterminada que afecta considerablemente la estrategia de crecimiento de Quintana Roo, por tanto quedan solamente dos caminos, reiniciar el proceso de licitación o que el gobierno del estado de Quintana Roo, en uso de la facultad que le confiere el artículo 14 de la ley de aeropuertos solicite la concesión sin tener que pasar por el procedimiento del concurso, como ha sucedido en otras importantes ciudades del país, cuando así fue necesario, esquema que priva actualmente en las terminales aéreas de Querétaro, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Toluca, Cuernavaca y Coahuila.

 

La experiencia señala que la participación del estado en el sector privado no ha sido eficiente, que la estatización promueve la corrupción, que precisamente limita la competencia, sin embargo cuando las circunstancias lo exigen como en este caso, en que la intervención oficial es probablemente la única alternativa para que las cosas sucedan y pueda llevarse a cabo la construcción y operación de dicho aeropuerto, el asunto no puede verse solamente desde la óptica de esa connotación, porque también es obligación del gobierno promover las acciones que consoliden el beneficio colectivo y no hay ninguna duda de que el aeropuerto de la Riviera Maya es una pieza crucial para el desarrollo de la entidad.

 

Es un hecho que para el gobierno federal esta obra de infraestructura no es prioritaria, hoy su agenda privilegia los temas electorales previos a la sucesión presidencial, razón que fundamenta que el gobierno de Quintana Roo, asuma en su carácter de principal interesado,  el compromiso de pugnar por su consecución, en cualquiera de las vías que sea posible en lo inmediato.

 

Considerando que el estado cuenta con el amparo de la ley y que adicionalmente y con la debida anticipación, argumento que expusimos en este espacio con anterioridad, creo la herramienta para el propósito, en la  que un operador certificado, como lo exige la norma correspondiente forme parte del esquema, el  24 de octubre de 2003, conformo con la concurrencia del secretario de comunicaciones y transportes, una sociedad mercantil, en donde su participación es mayoritaria, denominada “aeropuerto internacional de la Riviera maya s.a. de c.v”  en la que está incluida como socia, aeropuertos y servicios auxiliares, ASA por sus siglas, que es la dependencia del gobierno federal encargada de la operación aeroportuaria y a la que evidentemente sería inverosímil descalificar, el estado está en la posición y la obligación de impulsar una solución.

 

En principio las gestiones se han orientado al dialogo, a efecto de que el proceso de licitación se reinicie cuanto antes, con la idea de que sea un grupo privado quien reciba la concesión y no hubiera la necesidad de una participación directa de la administración estatal.

 

La cámara de diputados del estado, aprobó recientemente un punto de acuerdo para solicitar a la secretaría de comunicaciones y transportes la nueva e inmediata licitación y adicionalmente una convocatoria dirigida a todas las legislaturas del país y la asamblea del Distrito Federal, para que estas se sumen a la petición, que habría que entenderla más como un reclamo.

 

Sin embargo y entendiendo que es un paso que hay que seguir, es muy probable que esta medida no tenga los efectos esperados, ya sea porque no se logre la participación mayoritaria de los congresos estatales, varios de ellos afines al gobierno federal y sobre todo aunque así fuera, por considerar que el llamado no logre la fuerza necesaria, que sumado a la falta de sensibilidad que ha caracterizado al gobierno de la república en temas similares, significaría solamente una pérdida de tiempo, que no aporte resultados tangibles, lo cual como apuntábamos, obligara al gobierno de Roberto Borge Angulo a tomar acciones más determinadas.

 

Cuando la gestión que se basa en las ideas y los argumentos no encuentra eco y las posiciones son diametralmente opuestas porque los intereses difieren, no queda más que actuar en consecuencia.

 

Finalmente no se trata de un asunto puramente local, el hecho de que la construcción del aeropuerto beneficie en primera instancia a Quintana Roo, por ser sede de su asiento, no limita el impacto económico que su operación aporta en la economía regional, en la nacional incluso, mas aun  cuando se supone que el gobierno federal por fin había entendido la trascendencia del turismo en la economía nacional.

 

La indefinición del destino del aeropuerto de la Riviera Maya, manoseado por intereses privados, capaces de cambiar una decisión oficial por poderosos que puedan resultar, no es más que una posición de incongruencia oficial, cuando todavía está fresca sobre el papel, la tinta que signo el acuerdo nacional por el turismo, que visto como un pacto de voluntades es un fracaso rotundo.

 

Seguramente que el estado construya y opere el aeropuerto de la Riviera Maya, no es lo más deseable desde el punto de vista más puro, doctrinal,  de la teoría de una economía de mercado que impulsa la competencia entre particulares y la transparencia, sin embargo como hemos explicado, puede llegar a ser esta la única opción viable, porque lo que importa, lo único que importa es que haya aeropuerto y que sea cuanto antes.

 

guillermovazquez991@msn.com

Twitter@vazquezhandall



Etiquetas:   Política

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