No tengo la menor
duda que una de las reformas más importantes que desde
ahora se apuntala para el siguiente periodo legislativo es la reforma política,
y en ella la férrea idea de transformar al Instituto Federal Electoral (IFE),
en Instituto Nacional Electoral (INE), así como también la eliminación de los
treinta y dos institutos electorales estatales en el país.
Primero fueron
los partidos políticos PAN, PRI y PRD quienes anunciaron (dentro del marco del
Pacto por México), la creación una autoridad electoral de carácter nacional,
que se encargaría de organizar, y vigilar tanto de las elecciones federales,
como estatales y municipales.
Hoy hace unos
días, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), ha manifestado
que hará llegar al órgano rector del Pacto por México, su propuesta de reforma
relativa a sustituir a los treinta y dos
institutos electorales locales por un organismo nacional, “es momento de
sustituirlos” expresó con énfasis su presidente Juan Pablo Castañón.
Al
parecer de un tiempo para acá, a las mudas autoridades electorales locales el
tiempo no les ha favorecido en lo más mínimo, veamos:
En el
informe legislativo que dieran a conocer los diputados y senadores integrantes de la comisión
especial para el seguimiento a los procesos electorales resaltaron por lo menos
tres situaciones preocupantes:
a)
La
sumisión de algunos institutos electorales a los intereses de las
administraciones estatales en estos comicios;
b) La intromisión/injerencia
de los gobernadores y servidores públicos;
c) Institutos
electorales serviles a intereses partidistas (casos Hidalgo, Aguascalientes y
Veracruz);
Es imposible
dejar de mencionar el inoperante programa de resultados
electorales preliminares (PREP), en el estado de Baja California, cuyo costo de
contratación por parte de la autoridad a la empresa PROISI alcanzó los cinco
millones de pesos, para que al final del día nadie haya podido conocer los
resultados preliminares de esa elección,(una rayita más al tigre)
Y
el estudio denominado “Parámetro Estatal 32” ejecutado por Parametría en marzo
de este año, mediante el cual explica que la confianza que los ciudadanos
depositan en estos organismos cambia de estado a estado y que ha venido disminuyendo
a lo largo del tiempo, propiamente desde el año dos mil siete.
El
51% de los entrevistados dijo tener “mucha” o “algo” de confianza en ellos,
para el año en curso las opiniones se muestran invertidas, el 52% dijo tenerles
“nada” o “poca” confianza. Según la carta paramétrica de 2007 a 2013 hubo un
aumento de seis puntos en la desconfianza que tienen los ciudadanos de estos
órganos locales, un elemento de impacto en la imagen de los mismos, es la
elección de los funcionarios que integran los consejos, es decir, los tomadores
de decisiones, los casos de cumplimiento de cuotas por parte de los propios
partidos para integrarlos y no los méritos propios de los aspirantes, lo que
contribuye a la imagen de imparcialidad que estas instituciones deben tener.
El estudio señala que comparando los resultados sobre la confianza
que la ciudadanía tiene del Instituto Federal Electoral (IFE) con los obtenidos
por los institutos locales, podemos observar que el IFE hasta el año 2011
gozaba de mayor confianza, en 2009, el 57% dijo tener mucha o algo de confianza
en esta institución, para 2011 ese porcentaje disminuyó a 49 % y en la más
reciente medición la tendencia se invirtió, 51% dijo tener nada o poca
confianza en el IFE, a lo largo de cuatro años, el Instituto Federal Electoral
ha perdido diez puntos en la confianza que le inspira a los ciudadanos.
El documento concluye que los institutos electorales locales,
presentan grandes retos para su supervivencia, y que llama la atención las
reglas no estandarizadas de los mismos, en cada estado el funcionamiento de
estos órganos se rige por diferentes lógicas, incluso no hay un parámetro para
la duración de los cargos de los consejeros que los integran o el número de
consejeros, el reparto de puestos y la disputa entre partidos y gobiernos
locales por mermar su autonomía, lo que podría representar un problema en la
legitimidad de los “árbitros” electorales.
Por muchos estudios que se hagan y resultados negativos que siga
arrojando cualquier instrumento respecto “del actuar” de estas instituciones,
sigo pensando que no son las instituciones como tal, las que “han dejado de ser
útiles” como se pretende justificar hoy.
No hace mucho, México contó con treinta y dos institutos unidos y
fuertes que levantaron la voz logrando revertir esta misma idea que se había
plasmado en la reforma política constitucional del año 2007. Y hay que decirlo
fuerte y claro, si hay que voltear a ver “a alguien” debido a la situación que
atraviesan los agonizantes institutos electorales y a su inminente desaparición,
indudablemente tendrá que ser a l@s consejer@s electorales del país y a sus
presidentes porque no se han atrevido de una buena vez a levantar la voz para
defender con argumentos sólidos (que sobran), con numeralia, con tenacidad,
astucia, y una buena estrategia nacional a tan noble e importante institución y
porque en algunos casos su conducta ha dejado mucho que desear.
Los consejeros electorales están mal sino hacen nada al respecto,
(como hasta hoy), de hecho van retrasados en cualquier defensa, y no debieran
seguir sentados observando cómo van muriendo, no deben jugar el papel de los
“convidados de piedra” en el tema, al contrario, ellos son candidatos naturales/
actores principales para revirar otra vez
esta idea.
Sería muy grave permitir la desaparición de los institutos
electorales solamente por revanchas políticas, ¿Por qué desaparecerlos? ¿Y si
mejor se pensara en fortalecerlos? Otorgando las verdaderas herramientas para
hacerse obedecer, porque si los legisladores están pensando en la creación de
un INE, con los vicios de origen que actualmente tenemos como el procedimiento
de selección de quienes lo integrarán (bajo cuotas partidistas) el resultado será
exactamente el mismo que tenemos hoy solo que ahora la institución se llamará
diferente.
Uno de los temas medulares en este asunto es, que los partidos
políticos, mejor deberían preocuparse por mantenerse al margen (incluidos los
gobernadores) de la elección/selección y nombramiento de los consejeros
electorales, es decir, consensuar un procedimiento diferente al que se tiene
ahora. Aseguro que con esta reforma tan simple para los ciudadanos, pero tan
difícil para los partidos ganaríamos más que con la idea de desaparecerlos.
Otro tema sería unificar en todo el país criterios de integración,
género, salarios, duración, facultades y competencias como órgano colegiado, ¿Será
necesario borrar la experiencia adquirida para empezar de nuevo? Ojalá que no,
ya hemos visto lo que pasa cuando se toman ese tipo de decisiones.