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La imputación no es igual para todas


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06/07/2013

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A instancias de un medio de comunicación, una mayoría absoluta (rozando la unanimidad) de catedráticos de derecho penal, de universidades repartidas por todo el territorio español, han corroborado que la justicia no es igual para todos —la justicia "de hecho", que no la "de derecho"—. Conclusión a la que ya hemos llegado los ciudadanos hace mucho tiempo, y que tiene un vaso comunicante con la existencia de una justicia para ricos y poderosos y otra para humildes y desheredados.


Algún político (del PP, por cierto) se ha salido del guión —"la justicia es igual para todos"—, y no ha respondido obviamente cuando los periodistas le han planteado la cuestión en relación a casos de corrupción; contestando que "la ley es igual para todos". Eso sí, vivimos en el país de la "ley de la unidad de mercado"; también este proyecto de ley, recién aprobado en el Consejo de Ministros, es para todos.

El monarca Borbón intentó despistarnos un poco en su discurso de Nochebuena de 2011, pronunciando solemnemente la consabida y rimbombante frasecita: "La justicia es igual para todos". Dicen que dirigida a su yerno Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca. Se ve que el Rey le tiene más aprecio a su hija eximputada, la infanta Cristina de Borbón, que a su yerno imputado. Quizá por ello ha puesto a disposición de su hija todo el aparato del Estado: Fiscalía General del Estado; Abogacía General del Estado; Agencia Tributaria; a sumar al conocido y caro bufete de abogados Roca Junyent —del expolítico catalán Miquel Roca Junyent—, en colaboración con el reputado penalista Jesús María Silva. Ya ven, ayuda al alcance de la mano de cualquiera. De momento la artillería institucional ha funcionado, ya que la imputación de la Infanta fue suspendida por la Audiencia Provincial de Palma —dicen las malas lenguas que por presiones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears—.

A los sufridos ciudadanos, empobrecidos y recortados, no nos convencen las continuas y peregrinas excusas de gobernantes, políticos y poderosos. No nos sirve "la convicción" de la Casa Real de que se tributara por los 2,25 millones de euros percibidos por Juan Carlos I, correspondientes a la herencia suiza de su padre, Juan de Borbón. Queremos ver los documentos oficiales que lo prueben (aunque sean de hace veinte años).

La Zarzuela tiene la desfachatez y el cinismo de afirmar que el "caso Urdangarin" lo viven como "un martirio"; y que abuchear a miembros de la Familia Real es de mala educación. De mala educación es impedir el aterrizaje del avión en el que viajaba el presidente de un país soberano, Bolivia. De mala educación es tirar piedras verbales a los ciudadanos, y no pronunciar las palabras "golpe de Estado" para referirse a lo sucedido en Egipto —y no soy partidario de los regímenes políticos religiosos—. El pueblo —¿o prefieren Sus Altezas "la plebe"?—, el verdaderamente atormentado y torturado pueblo, demasiada educación tiene para con el poder canalizando sus protestas en abucheos, manifestaciones y concentraciones.

La infanta Cristina, pese a ser copropietaria (junto a su marido) de Aizoon, una de las empresas del "caso Nóos", no es responsable de la actividad mercantil de la misma. Tampoco sabía de las actividades que constituían el "comportamiento poco ejemplar" —Casa Real 'dixit'— de su marido. Ni de dónde salían los millones de euros para comprar (y reformar) el palacete y otras muchas propiedades inmobiliarias. Ana María Tejeiro, esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, no ha corrido la misma suerte; hace tiempo que está imputada.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, tampoco hacía preguntas a su exmarido Jesús Sepúlveda (exalcalde de Pozuelo de Alarcón e imputado en el "caso Gürtel"). Era normal tener aparcados coches de lujo; o gastar miles de euros en unos globos de fiesta de cumpleaños. También muy común no preguntar quién pagaba un caro viaje a Disneyland París —a sumar a múltiples viajes, vacaciones y vuelos—. Y si se nos ocurre cuestionarnos —por una insana curiosidad ciudadana de saber en qué juergas y bolsillos se dilapida nuestro dinero público— por qué la ministra no se hacía esas y otras preguntas, nos tachan de machistas: eran los maridos los que manejaban las cuentas de todas estas pobres y sufridas amas de casa.

A este excelso y extraño club de "no imputadas" se ha unido recientemente Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular recientemente encarcelado. Tampoco sabía nada de las decenas de millones de euros "negros" que manejaba su cónyuge. Ni de dónde salía el dinero para mantener su tren de vida. Esposas obedientes; de buen vivir y poco preguntar y preguntarse. Machismo de la opulencia.



Etiquetas:   Corrupción   ·   Política   ·   PP   ·   Sociedad   ·   Justicia   ·   Monarquía   ·   Derecho

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