Venezuela enfrenta en escasos días un cambio de gobierno, pero no un simple cambio de gobierno. Se trata de desterrar el camino al comunismo al cual tozudamente se ha empeñado Hugo Chávez. Derrotado este, los grandes objetivos de un gobierno de Capriles, parten de una redefinición del régimen económico, de sus reglas y de la restauración de las libertades económicas conculcadas por un proceso político convertido en una emboscada institucional dirigida pese al marco formal democrático de manera autocrática para restringir  y eliminar libertades económicas.

1.   Recomposición del Estado de Derecho en lo económico: protección derechos de propiedad.

En el orden económico constitucional, habrá necesidades de reformas, sin embargo, estas tomaran probablemente un periodo de tiempo mas largo que el periodo constitucional, de todos modos el carro de las reformas debe ponerse en marcha, un buen numero de ellas solo requería del concurso del Poder Legislativo. En consecuencia una densa reforma legal debe ponerse en marcha, y el Presidente electo, HCR, debe a todo evento liderar el proceso de reformas, solo el podrá encabezar un camino de reformas en lo económico que elimine el carácter punitivo que subyace al orden legal económico instituido en los últimos catorce años.

En ese sentido la reforma del régimen legal económico, de la economía política, es vital para que las políticas económicas puedan rendir y colocar el país en una larga senda de crecimiento sustentable. Así el poder legislativo debe adecuar el subyacente legal de la economía hacia un régimen de libertases económicas, y actuar en tándem con la acción de gobierno.

Es necesario devolverle a Venezuela un estado de derecho donde se privilegie la igualdad de todos ante las leyes y se eliminen los controles sobre la actividad económica, los cuales han adosado en estructuras político-mercantiles privilegios basados en la discriminación y control de precios, incluido el mercado cambiario, el que administra CADIVI, administración del control cambiario que debe ser desmontada a la brevedad.

Por lo tanto, la eliminación del SITME, mecanismo que arbitra un ineficiente mercado de valores, canje de bonos públicos denominados en bolívares y dólares, dirigido a obtener divisas off shore operando en la más completa oscuridad y bajo la arbitrariedad de la autoridad monetaria y el ministerio de finanzas que utilizan el mecanismo a discreción entre gallos y media noche sin la controlabilidad y controlaría requerida.

2.    Relaciones económicas y financieras internacionales

Este estado de destrucción institucional y económica que encontrará el nuevo Presidente exige una urgente adecuación y orden de las relaciones económicas y financieras internacionales, especie de desaguadero y corrupción  y compra de voluntades políticas y mercantiles en la región y en el mundo sujeta a afinidades ideológicas y desligadas de normalidad y racionalidad económica que ha corrido para financiar privilegios y acuerdos mercantiles con el exterior se ha basado  en el manejo a espaldas del publico de fondos, sin la controlabilidad institucional requerida del llamado poder público. 

•             Centralización reservas internacionales en el BCV

De esta manera, la proliferación de fondos y sub-fondos y acuerdos financieros sin el control previo de los poderes públicos, tanto por el gobierno (fisco) como por PDVSA debe terminar; las divisas y otros activos financieros en moneda o valuta internacional deben ser centralizadas en el BCV y el “excedente” enviarse directamente al FEM, el cual bajo la administración del BCV actuaria como fondo soberano para cuando lo requerirá el ciclo de negocios de la economía nacional.  Ello traería un ordenamiento monetario y fiscal fuente de la persistente inflación de estos años de derroche fiscal.

PDVSA volvería a un esquema de disciplina financiera disponiendo de los fondos requeridos para su actividad industrial y una urgente reforma de las leyes que rigen las finanzas publicas para eliminar la prerrogativa fiscal de administrar fondos en moneda internacional y dejar esas actividades al BCV,  institución per excelence para administrar las reservas internacionales.

•             Ordenamiento relaciones económicas y financieras internacionales

El ordenamiento de las relaciones económicas y financieras internacionales traería importante ahorro  internacional, al restructurar  acuerdos económicos y mercantilistas cuyo objetivo central  ha sido la eliminación de la producción nacional en virtud de la agenda político del actual gobierno de acabar con la producción privada nacional; el pabellón criollo, debe ser criollo, en todo caso se importara lo que el mercado nacional no puede ofrecer por razones económicas y de competitividad, pero jamás por privilegios otorgados a empresas y grupos rentistas internacionales.

Como expresión de estos privilegios operan una serie de convenios bilaterales y multilaterales –sin la debida clausula de reciprocidad- con Brasil, Cuba, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Irán, Bielorrusia y otros. En ese sentido es fundamental el retorno de PDVSA –como empresa multinacional- a los estándares institucionales públicos y sobre todo bajo el ojo vigilante del dueño de ese recurso petrolero, los venezolanos. Preferiblemente PDVSA volvería a las instituciones reguladoras financieras de manera que se funde una empresa petrolera bajo la confianza internacional de una empresa manejada con pulcritud.

•             PDVSA internacional

De esta manera PDVSA volvería a los mercados financieros internacionales para recuperar los mecanismos tradicionales de flujo de fondos a precios y costos financieros de bajo riesgo. El actual meno de las finanzas internacionales de PDVSA es opaco y sujeto a mañas y corruptelas, como es del conocimiento público, lo cual ha impuesto elevados costos financieros a la deuda de PDVSA en el mercado internacional, la curva de rendimiento de la deuda de PDVSA promedia 9.75%, algo inaudito para una empresa que controla exportaciones petroleras en 2 millones de dólares a un promedio de 100$ por barril.

Los acuerdos petroleros con Cuba deben revisarse y redefinirlos como parte de la estrategia nacional en materia económica y petrolera, el petróleo venezolano no se puede otorgar al mercado internacional sobre condiciones de oscuridad y ninguna norma de auditabilidad. El intercambio económico internacional se hará bajo las normas del sistema financiero internacional de manera que la economía nacional disponga de la información verídica en torno a costos y beneficios en el intercambio, el petróleo se venderá pronto pago bajo las reglas del mercado petrolero internacional pagadero a 30, 60, 90 días.

Los acuerdos petroleros internacionales no tendrían que afectar la factura petrolera, estos acuerdos se ejecutaría bajos las normas financieras internacionales, respeto de los esquemas internacionales en juego y con la debida reciprocidad con Venezuela por los países que conforman esos acuerdos de suministro petrolero. Es así fundamental retirar del mercado la venta de petróleo por razones ideológicas, prevalecerían las condiciones comerciales básicas, bilaterales, multilaterales, dependiendo del caso, el acuerdo de San Jose, sigue siendo un modelo ideal para comercializar el petróleo a países con los cuales Venezuela acuerde facilidades financieras y económicas.

•             Integración económica internacional: CAN, MERCOSUR, otros

Venezuela debe volver a sus esquemas de integración económica internacional tradicionales como la CAN con sus socios económicos naturales con los cuales el intercambio llegaba a los 8000 millones de dólares, las dos terceras partes en intercambio comercial de empresas privadas venezolanas, y que tan positivo impacto produjo en la balanza comercial impulsando las exportaciones distintas del petróleo. En ese sentido el nuevo gobierno debe revisar los acuerdos firmados para el ingreso al MERCOSUR en virtud del impacto negativo que esa asociación sin las salvaguardas económicas básicas causaría a la producción industrial y agroindustrial nacional.

3.     La situación fiscal y monetaria que Capriles hereda.

Durante esta ultima década, de elevados ingresos petroleros, el gasto publico  ha crecido hasta componer matemáticamente cerca de la mitad del PIB, ese crecimiento  se ha sentido mayormente en políticas redistributivas de reparto final en programas asistenciales ligados a  la nueva estructura de incentivos  estructurados por la nueva constitución, y que fueron diseñados a lograr una relación entre el Estado y el ciudadano, alimentada con esquemas redistributivos de naturaleza populista en virtud del incentivo político ideológico dominante.

Simultaneo a ello se acusa una drástica reducción de la inversión en infraestructura de servicios para atender la demanda educativa, de salud, de seguridad y protección individual y de la propiedad,  de seguridad publica, de vialidad y servicios de electricidad , hidrológicas, etc. Se aprecia curiosamente que el gasto público corriente ha coadyuvado la descapitalización por caída y amortización de la infraestructura, así como el deterioro y colapso de las empresas del conglomerado Guayana. 

•             Lo fiscal

Con un promedio de 110 dólares el barril para los últimos dos años lo que representa un ingreso fiscal petróleo alrededor del 16-18% en términos del PIB, cualquier desequilibrio fiscal podría haber sido ajustado sin sacrificar el gasto publico.

Pese al derroche y al gasto sin fronteras de racionalidad económica o redistributivas, las posibilidades fiscales sin embargo no muestran una situación apremiante, como por ejemplo ocurrieron en las dos últimos cambios de gobierno, en 1989, de Lusinchi a CAP; en 1993, de Velásquez a Caldera, y en 1999 de Caldera a Chávez donde la situación fiscal mostraba un profundo deterioro, lo cual obligo a fuertes devaluaciones en la tasa de cambio. En esta oportunidad la situación fiscal es perfectamente manejable, solo median medidas de tipo administrativa y económicas en el sentido de mejorar la eficiencia del gasto publico.

Una de ellas es la reconsideración del Presupuesto del 2013 para sincerar el flujo de gastos e ingresos y eliminar la discreción totalitaria aplicada por el gobierno de Chave en cuanto al ingreso petrolero como fuente de ingresos fiscales mas allá de los parámetros aprobados en el Presupuesto. La sinceración del Presupuesto es vital para dotar a las gobernaciones y alcaldías con los fondos necesarios para su funcionamiento.  En otras palabras la aplicación del principio de subsidiariedad.

•             La deuda publica y de PDVSA

Las obligaciones fiscales creadas por el endeudamiento publico –incluyendo la deuda de PDVSA- hasta el momento no deberían poner en el peligro la estabilidad fiscal requerida al comienzo de un nuevo gobierno. De hecho la deuda publica documentada, la que esta denominada en dólares ocupa un 24% del PIB, una magnitud perfectamente manejable desde una perspectiva fiscal en una economía creciendo a un 4-5% en el 2013 y un barril de petróleo a 90 dólares.

Otros pasivos –no documentados- como la deuda contingente emanada de las demandas a la cual están sometidas la Republica y PDVSA (para los efectos el mismo ente) podrían ser perfectamente renegociados, entre ellos el llamado crédito chino, la modalidad de hipotecar petróleo a cambio de adelantos en la contribución petrolera. La renegociación de acuerdos de suministro de petróleo y sus finanzas colaterales contribuirían con el ingreso de PDVSA y el cual puede dirigirse a su propia capitalización.

Es en ese sentido importante que el nuevo gobierno considere una restructuración de la curva de rendimientos de la deuda publica tanto de la Republica como de PDVSA, dado que los mercados grises en los cuales esos títulos de deuda fueron emitidos deben ser restructurados para abaratar y extender en el largo plazo esas obligaciones tanto fiscales como de PDVSA.

•             Redimensionamiento administrativo de PDVSA como agente fiscal

Ello traerá en consecuencia  el redimensionamiento de PDVSA como empresa petrolera, porque la reconsideración del Presupuesto trasferirá los fondos que PDVSA actualmente utiliza como  agente suplementario del gasto publico a ser transferidos tanto a la administración central como a la administración descentralizada, sin menoscabo a quienes serian los naturales beneficiarios de esa actividad fiscal ejecutada por PDVSA. Y en particular en lo referente al “gasto fiscal” que ejecuta PDVSA como parte del mecanismo de financiamiento de las misiones.

Es en este sentido fundamental transferir al fisco esas obligaciones “fiscales” de PDVSA para conciliar las cuentas fiscales y PDVSA se dedique a lo suyo, y el fisco pueda atender esas operaciones realizadas por PDVSA sin menoscabo de quienes reciben esas transferencias. El ingreso fiscal petrolero en los próximos años permite crear una barrera macroeconómica que impida el tipo de ajuste fiscal, en términos de crecimiento de la deuda pública para compensar la demanda por gasto publico.

•             Lo cambiario: no devaluar.  Una devaluación es un palo en la rueda!

Consecuencialmente, no habría necesidad de ajustar el tipo de cambio, como en pasillos se le sugiere al nuevo gobierno, para generar recursos fiscales a punta del impuesto inflacionario y así pagar por la supuesta sobrevaluación del tipo de cambio: devaluando el bolívar.  En cabeza del tesoro, habría una posición de activos financieros líquidos internacionales en los 45.000 Millones de dólares, los cuales, junto a otros fondos en moneda extranjera deben ser centralizados de inmediato en el BCV y con ello llevar el volumen de reservas internacionales a niveles mas holgados.

La transferencia de esos activos líquidos en divisas reducirían drásticamente el desequilibrio monetario creado en los últimos tres años, cuando el gobierno sin pudor ninguno decidió utilizar al BCV como caja, financiando monetariamente sus necesidades fiscales, fenómeno que ha impuesto la presión inflacionaria que la gente siente en los mercados, y que el mismo BCV mide ineficientemente en virtud del depredado sistema de formación de precios.

Es importante considerar que la perversión de precios relativos, obedece a la estructura de costos del dólar en un mercado cambiario que solo opera por razonamiento vía CADIVI, asistido por dos modalidades financieras, el llamado dólar SITME que es una operación en divisas off shore, -no es un mercado cambiario- y  un precio por un “dólar de sombra”  cuyo impacto en costos se ejecuta a través de un mecanismo que depreda los precios de bienes no transables , aunque también de bienes transables que se ofrecen en el mercado a precios muy encima del precio pagado off shore por un dólar.

•             Desmontaje del control de cambio

El debate sobre que hacer con el control de cambio el bolívar en una próxima administración, fluye sobre conocidos prejuicios dilemáticos en torno al sentido del régimen cambiario, el control y desde luego la fijación del tipo de cambio. Así, la cuestión cambiaria, o la convertibilidad del bolívar, vuelve a sentarse sobre el prejuicio montado en el mal utilizado concepto de la “sobrevaluación” del tipo de cambio. El razonamiento emana en el sentido que el precio del bolívar se ha desviado de su precio real, lo cual implica que el dólar estaría abaratándose frente al bolívar; puesto en términos del precio del dólar, el bolívar estaría, comprando más dólares.

En realidad hay otros factores mas importantes que tienen que ver con severos costos de transacción que han disminuido la capacidad de exportar de la empresa venezolana, de ellos el debilitamiento de los derechos de propiedad, contenido en la fuerza de la Ley en el control de cambio, aparece como la variable que explica claramente la caída de la inversión y la descapitalización de la empresa privada nacional. En este sentido, el entrante gobierno de Capriles no tendría necesidad de devaluar el bolívar como se sugiere en medios de ese silente debate sobre que hacer con el régimen cambiario.

Hay una buena cantidad de medidas para desmontar el control de cambio, me refiero a la administración del régimen, de manera de permitir el acceso libre y garantizar la convertibilidad del bolívar. Previo a ello hay que poner la casa fiscal en orden y devolverle al BCV la independencia requerida para que cumpla sus objetivos de inflación y estabilidad monetaria, es decir, para blindar la balanza de pagos en una economía que no debiera tener –dado el volumen de dividas que produce- controles ni racionamiento, ello es un atentado a los derechos de propiedad y la democracia es consustancial al régimen e libertades económicas.

Además hay que eliminar todas las restricciones políticas e institucionales en decenas de leyes y decretos que han amarrado y descapitalizado al sector privado venezolano para que pueda invertir y producir, es decir, lo que llamamos un shock de oferta para que el productor venezolano se rencuentre nuevamente con el mercado local y pueda ser nuevamente el sector creador de empleo mas dinámico de la economía venezolana

•             Lo monetario: Un régimen bimetálico con cuentas en dólares y bolívares

En primer lugar corregir las distorsiones fiscales y monetarias que medran entre fondos soberanos, FONDEN, etc., instituciones financieras publicas, el Tesoro (Min Finanzas) y el BCV en ese sentido, devolver la liquidez internacional (divisas) en esos fondos e instituciones financieras, incluido el Tesoro al BCV, así se elevara el volumen de reservas internacionales requerido para proteger cada bolívar en circulación. Por cierto un régimen similar le ha dado muy buenos resultados en Brasil, Perú, Chile donde el publico puede obtener dólares desde cualquier cajero automático de cualquier banco. Vean ese ejemplo, pero además esos regímenes bimetálicos son los que existen naturalmente en el mundo desarrollado que se sincroniza por lo general en tres monedas: el dólar, el euro, el yen, y en camino el  renmimbi.

En segundo lugar, autorizar al BCV a que elabore el régimen de circulación monetaria de la divisa internacional, es decir, aperturas de cuentas en divisas en la banca nacional y establecer un régimen monetario que permita contabilidad esos fondos en cuentas en la banca como parte de la liquidez internacional en poder el BCV.

En tercer lugar reordenar el gasto publico para que la economía retorne a un grado de controlabilidad y auditabilidad, es decir, el respeto a las reglas fiscales, de manera que los organismos y empresas que hacen actividad fiscal distinta a su natural actividad económica y financiera transfieran al gobierno central de las coordenadas del gasto publico, el caso de PDVSA. De esta manera, el gobierno central transferirá las obligaciones ad-hoc del gasto público a sus entes naturales, la administración descentralizada, es decir, el respeto a la norma de subsidiariedad que permita un uso racional e inteligente de los fondos públicos.

Con ese arreglo fiscal y monetario, el gobierno podría establecer el timming para el desmontaje cambiario y regresar a la libre convertibilidad. Una moneda libremente convertible, no podrá ser devaluada, el mercado apreciara o depreciara de acuerdo a que el gobierno y el BCV cumplan sus funciones debidamente. Un país no se desarrolla con una moneda en constante depreciación, una moneda fuerte significa que la inflación ha sido alienada del régimen económico, que los ciudadanos tienen confianza en su moneda y su país para invertir y ahorrar y que la economía es capaz de aprovechar eficientemente sus ventajas comparativas y competitivas.

•             La devaluación y el riesgo de una colosal contracción de la economía

Tal cual como en ocasiones anteriores una devaluación “innecesaria” por razones fiscales y monetarias, ni por retraso en ajustarse al ritmo de la inflación, llevaría a una innecesaria contracción de la economía, sin ningún beneficio económico o social a cambio. Nada nuevo en la economía venezolana de los últimos treinta anos. La devaluación de 1983 trajo una contracción severa, lo mismo ocurrió en 1989, en 1996, en 1998, en 2001; las razones las mismas, un cambio brusco de precios cae sobre la demanda contrayendo el poder de compra del bolívar, lo cual induce simultáneamente una caída en la producción y en el empleo.

En otras palabras los movimientos típico en la economía venezolana cuando los gobiernos por razones fiscales imponen un ajuste en el tipo de cambio. En el pasado, sin embargo, algunas de esas medidas de ajuste de precios de bienes y servicios por ajuste en la tasa de cambio ocurrieron por enormes desequilibrios fiscales y de balanza de pagos, esa no es la situación a la fecha de hoy.

En liquidez internacional,  el gobierno, los fondos soberanos diversos y el BCV cuentan con volúmenes cercanos a los 70 mil millones de dólares USA, por reducción, la situación fiscal tampoco es miserable, después de todo un precio del petróleo en 100 dólares el barril, que implica un ingreso fiscal petrolero del 15-17% en términos del PIB durante los últimos dos años, significa un importante ingreso, al cual hay que dotarlo de eficiencia en el gasto, eliminar el derroche notorio observado en estos   anos, y el respeto a reglas básicas de endeudamiento publico, traería las razones fiscales para evitar un impacto contractivo en la economía por una devaluación impuesta por razones de tipo fiscal, como ocurrieron en el pasado.

4.      En la economía política

En resumen, el marco macroeconómico no es fatal, es ampliamente manejable, los grandes problemas están en la economía política, un Estado que ha crecido mas de dos veces y que ha triplicado su nomina en estos anos de revolución, tendrá que ponerse a dieta, y para ello hay privatizar en primer lugar los bancos, algunos de ellos se pueden convertir en cajas ce a ahorro rentables en manos del público y llevarlos al mercado de capitales, abrir el capital a los venezolanos de a pie,  abandonar la liga de los países donde las comunicaciones están en manos del Estado/gobierno.

Lo mismo con la CANTV, el Estado no esta allí para dar servicios telefónicos y comunicacionales; revivir el monopolio de CANTV deterioró y disminuyo la inversión en telecomunicaciones, además de crear otra agencia clientelar para dar empleos. Venezuela ocupa el lugar penúltimo en el mundo por el ancho de su banda, inclusive detrás de Corea y Cuba, y en América Latina Bolivia y Ecuador tienen sistemas de comunicación por intranet más rápidos.  Capriles al ser electo debe acabar el monopolio de comunicaciones de CANTV para que el sector privado invierta y se pueda superar el rezago de 10 anos que Venezuela tiene en ese mercado de las telecomunicaciones.

Hay que regresarle a sus antiguos dueños, además de privatizar la propiedad que en el agro  y en la agroindustria hoy posee el Estado y el gobierno venezolano, esto es de Perogrullo, y desde luego no tiene argumentos impulsar al Estado como productor como lo han expuesto públicamente algunos allegados a la campana de Capriles.

Otro tanto con las empresas en Guayana que deben ser retornadas al sector privado. Lo mismo con el sector inmobiliario y de construcción de vivienda, por décadas el sector privado venezolano ha sido mas eficiente en la producción de viviendas, ese sector debe volver a manos de los inversionistas privados, al mismo tiempo que el gobierno sea el líder una reforma para la creación del mercado hipotecario secundario que permita mayor cantidad de flujos de capital y ahorro para adquirir viviendas.

La reactivación del mercado de capitales requiere de la derogación de la Ley de Valores y de una nueva legislación para que retornen los capitales y pequeños inversionistas tengan donde adquirir capital para sus empresas. Venezuela nunca alcanzara un estadio de desarrollo sustentable cuando el Estado sea dueño de todos los activos rentables, la historia lo confirma. La lista no termina acá.