Pocos se hubieran imaginado lo difícil que iba a ser el 2012, menos aun después de haber crecido al 9% durante 2011. El freno en la economía se hizo sentir. La restricción a las importaciones, la inflación y el cepo cambiario jugaron un papel nocivo para la actividad económica del país. La caída más notable la tuvo el sector inmobiliario que registró una disminución en la actividad superior al 40% comparada con la performance de 2011.

Lo que sin dudas se llevó todas las miradas fue el billete verde. La diferencia entre el dólar oficial y el paralelo hacia fines de 2011 era casi nula, sin embargo y luego de la prohibición de compra de moneda extranjera, el precio de la divisa norteamericana inició una escalada sin interrupciones en el mercado "negro"  hasta alcanzar hoy en día un precio superior a $7 (una brecha del 45% respecto de la cotización oficial).

En conexión con esto último, la sangría de reservas de la banca central no ha sido un tema menor. La enorme fuga de capitales, los pagos de deuda y el considerable gasto en importación de energía para evitar un colapso energético, han marcado un fuerte descenso en los activos del BCRA. Según fuentes de la entidad, hacia enero de 2012 el nivel de reservas alcanzaba los 46000 millones de dólares, mientras que para diciembre descendieron hacia 43000 millones. Lejos quedó el pico de enero de 2011, cuando el acervo superó la cifra de 52000 millones

La enorme marea de subsidios, el clientelismo político y toda la serie de gastos disparatados e improductivos (teniendo como emblema máximo la transmisión de "Fútbol para Todos") han provocado - lógicamente - un abultado déficit en las cuentas del gobierno. A cualquiera se le ocurriría que la solución pasaría simplemente por incrementar los ingresos fiscales o reducir el gasto, el problema es que ninguna de las dos alternativas parece viable. La presión impositiva sobre la actividad económica ha alcanzado niveles inéditos (alrededor del 40% del PBI), por lo tanto un nuevo aumento de impuestos sería difícil de pagar, y si se hace tendría efectos muy negativos sobre el ingreso disponible de las familias y por supuesto sobre la economía. Tal vez la segunda opción sea el camino más sano, pero esperar un recorte de gastos de un gobierno populista es como pedirle peras al olmo. El despilfarro de recursos estatales parece ser una política de estado. Por consiguiente, es de suponerse que la ANSES siga financiando el gasto corriente del tesoro con dinero de las jubilaciones y el Banco Central siga con la emisión desbocada de pesos (o aumentando el impuesto inflacionario) alimentando cada vez más los riesgos de hiperinflación.

El contexto macroeconómico configura un año por venir complicado y la dirigencia política central no parece tener intenciones de recapacitar, reconocer sus errores y dar un sensato golpe de timón que evite un colapso mayor. El mejor escenario que puede esperarse son condiciones externas más favorables que den un respiro a la economía y a las cuentas del gobierno; pero si el gobierno no enfrenta los factores de riesgo con inteligencia, los problemas se agravarán y la crisis será inevitable.