El área de Justicia Internacional promueve la rendición de cuentas "accountability" y las reparaciones por graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, tales como genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extra-judiciales y desapariciones forzadas. Para que los responsables respondan por dichos crímenes, se impulsa la ratificación e implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asimismo, promueve el uso de la jurisdicción universal y la extradición para procesar a los responsables de graves crímenes del derecho internacional, siempre de acuerdo con las normas de cada proceso.

Los Estados participantes en la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma decidieron unánimemente reconocer la fecha del 17 de julio como el Día de la Justicia Internacional. Esta fecha conmemora la adopción del Estatuto de Roma, tratado por medio del cual se creó la Corte Penal Internacional, y pretende impulsar el compromiso de los Estados en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales.

A pesar de haber desempeños gubernamentales que han sido cuestionados y denunciados ante la Corte de países que han impulsado esta firma, están marcados por el signo ideológico, el tipo de gobierno y los intereses económicos.

La Corte es un referente importante en la comunidad internacional, no sólo para el enjuiciamiento y sanción de los crímenes más graves contra la humanidad, sino para la prevención de conductas de esa naturaleza por parte de gobernantes y funcionarios que tengan la tentación de caer en ellas. Hoy está claro que quien comete tales acciones puede ser sometido a y, condenado por, la justicia internacional. Los retos fundamentales son: alcanzar su universalidad con la inclusión de Estados Unidos, Rusia y China y, lograr la verdadera cooperación de los países para la ejecución de las órdenes de captura.