Lobbistas y Transparencia

El lobby se define como toda actividad que desplieguen los privados, con o sin fines de lucro, organizados formal o informalmente como grupos de presión o de interés, para influir en las decisiones del Estado en defensa de dichos intereses particulares.

Comúnmente conocidas como gestiones de pasillo, estas acciones se han desarrollado históricamente con máximo sigilo, por lo que siempre han quedado al filo de la legalidad, pues es difícil delimitar una simple exposición de legítimos intereses particulares, de un canje de favores con agentes del Estado, lo cual puede ir desde la burda coima a formas más sutiles de vinculación que configuran el concepto de “tráfico de influencias”, la más clásica forma de corrupción y captura del Estado por parte de intereses privados.

En Estados Unidos la actividad de los lobbistas que trabajan para terceros está regulada por ley. Deben registrarse con una información completa y dejar constancia pública del interés que representan, de la existencia eventual de conflictos de intereses y registro de las reuniones y contactos que realicen, de manera que se sepa públicamente con qué autoridad o funcionario del Estado se reúnen, así como el texto de sus presentaciones.. En la Unión Europea no está tipificada la función de lobbista, pero la Comunidad ha generado pautas para la autorregulación y reglas de transparencia que permiten conocer las posiciones de interés con sus correspondientes argumentaciones de cualquier grupo o persona que ejerza su derecho a opinión y demanda ante las instituciones comunitarias.

Influir es parte del juego democrático.

Peter Drucker nos hablaba de la inteligencia que necesitan desarrollar las organizaciones empresariales, señalando que es la capacidad para cambiar favorablemente su medio ambiente. Y lo tipificaba en tres frentes: el tecnológico, el mercado y el gobierno. En cada uno de estos ámbitos las organizaciones pueden ser pasivas o proactivas, lo que marcará la diferencia en sus resultados. Por ende, una organización, de manera natural, desde la óptica de la administración de negocios, buscará influir en las decisiones públicas para que la favorezcan o, al menos, no la afecten.

La diferencia de tamaño y recursos de las organizaciones empresariales marcará distintas formas de acceso al Estado para influir en él. Las corporaciones multinacionales, en el contexto global, buscan tener un peso determinante en los gobiernos, construyendo lazos con las élites políticas de diversos partidos, captando a los líderes naturales, acogiéndolos en sus think tank, invirtiendo en becas para apoyar a su formación, financiando sus campañas proselitistas. Esto lo hacen en los países centrales, donde radican sus casas matrices, y en los países periféricos donde funcionan sus filiales. Procuran así formar dirigentes políticos que sean sensibles a sus visiones e intereses. Como un hito en esta función de influencia y control del Estado, recordemos como, a iniciativa de David Rockefeller, en 1971, Zbigniew Brzezinski dirigió un grupo de trabajo para fijar las bases ideológicas de una organización privada de planeamiento geopolítico destinada a promover el ideario socialdemócrata a nivel mundial en forma antagónica al imperialismo soviético. Nació así la Comisión Trilateral, Trilateral Commission, fundada en Tokio en Junio de 1973 y que reunió intereses financieros, industriales, y políticos de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. La Trilateral Comisión contaba entre sus fundadores a hombres como Giovanni Agnelli, Director Ejecutivo del Grupo FIAT, James Carter, candidato demócrata por entonces, Henry Kissinger, operador geopolítico del partido republicano, Raymond Barre, ex-premier francés, Akio Morita, fundador de la Sony, el propio Brzezinski y otros 300 personeros de una suerte de supremo gobierno mundial, que sustentó el proceso de globalización una vez desaparecida la URSS. Un club privado de personas poderosas que se conocen entre sí y manejan el mundo corporativo planetario.

Por su parte, las grandes empresas nacionales, tradicionalmente han actuado sobre el Estado a través de sus organizaciones gremiales y los partidos políticos de derecha. Sin embargo también sus lazos de influencia se han modernizado, extendiéndose ahora a políticos de partidos de centro o de izquierda, a quienes han reciclado estratégicamente como miembros de los Directorios de sus empresas, tal como lo hicieran durante el período militar con uniformados de alto rango en retiro.

Las cúpulas gremiales de carácter federativo, consolidan los intereses de numerosos gremios sectoriales y suelen usar, además de sus acciones directas, el concurso de lobbistas que mandatados por los grupos de interés, usan su acceso político a las élites gobernantes para abrir puertas y presentar los petitorios de dichos grupos empresariales, a cambio de remuneración o favores que quedan en la confidencialidad del trato privado. El peso político de las organizaciones gremiales de los grandes grupos económicos es evidente y baste con nombrar como ejemplo a la Confederación de la Producción y el Comercio, la Asociación de Exportadores, la Sociedad de Fomento Fabril o la Cámara de la Construcción.

En la base productiva, finalmente, con una débil capacidad de influir en las decisiones políticas, encontramos un amplio y heterogéneo sector de medianas y pequeñas empresas productivas, que no han logrado imponer sus intereses en el ámbito tecnocrático del gobierno, como para lograr que se implementen políticas públicas adecuadas a su realidad y problemas. Para estos sectores medios bregar en el contexto de un sistema económico que está concebido con criterios concentradores, que se contraponen a sus intereses de asociatividad, cooperación, facilitación crediticia, les ha significado ser marginales en la agenda de los gobiernos y no ser priorizados en las políticas públicas financieras, tributarias ni de promoción. Quizás sea el sector que más requiere y con la mayor urgencia un plan que integre sus intereses, que aportarían a la economía un efectivo crecimiento, superando el estancamiento actual. Pero, para ello serían necesarias medidas que les ayudaran a superar algunas debilidades estructurales que constituyen barreras para participar en la economía en términos equitativos. La asesoría experta en esta materia, perfilada luego como lobby técnico-político, para presentar proyectos sólidos ante las autoridades, podría ser el camino técnico que estos sectores necesitan para sensibilizar a parlamentarios y autoridades de gobierno, sobre soluciones adecuadas a la realidad de estos sectores productivos medios.

En definitiva, transparentar las acciones de lobby para que dejen de estar enmarcadas en el secretismo, es una condición indispensable para mejorar el sistema democrático y prevenir situaciones de corrupción. Asimilando la experiencia internacional es necesario asegurar el expedito acceso a la información y ejercicio del derecho constitucional de petición, sin ningún tipo de discriminación.

Reglamentar el lobby en Chile

El proyecto de ley sobre el lobby contempla el que se realiza a través de terceros y, al respecto, pretende crear una categoría de “lobbistas profesionales”, la que se adquiriría por el sólo hecho de haber representado a dos personas o empresas al año, y registrarse ante el Congreso.

En el proyecto sobre el lobby que se ha discutido en el Senado, se ha pretendido incorporar como una actividad de intermediación el lobbying. La acción de lobby, independiente de quien la realice, debiera ser transparentada con un registro público de los documentos y gestiones que presente ante las comisiones del Congreso o los gabinetes de los parlamentarios, cualquier persona o grupo de interés. Además, el grupo de interés o persona se debería identificar y podría ser ubicado por categorías como con o sin fines de lucro, ciudadano, gremial, profesional, nacional o internacional.

Más que tipificar un “lobbismo profesional” que crearía artificialmente esta suerte de gestores oficiales registrados ante el Congreso, sería necesario exigir que quien desee ser lobbista acredite una experiencia comprobada en el tema que se le encomienda presentar, ya que, de lo contrario, cualquiera, sin mayores méritos que el conocimiento del ambiente político y de los laberintos del entramado burocrático, podría adquirir esta seudo profesión de lobbista, sin tener las competencias efectivas para presentar ante la autoridad un proyecto o propuesta por cuenta de terceros.

En realidad, lo conveniente es que sea el propio grupo de interés el que haga la presentación y que, en caso de recurrir a la asistencia técnica de un Consultor externo, éste deba cumplir con todos los requisitos de funcionamiento legal y tributario, como persona física o jurídica.

Para complementar una ley sobre lobby es primordial que se haga efectivo el libre y expedito acceso a la información sobre los actos administrativos; que se establezca la declaración de patrimonio y de intereses y relaciones de funcionarios hasta tercer nivel y de parlamentarios, sus cónyuges y parientes, de manera que la ciudadanía pueda ejercer una fiscalización de los organismos públicos con toda la información a disposición.

Finalmente, frente a los lobbistas profesionales de diferentes profesiones, es necesario que se recupere el rol de control ético de los colegios profesionales, de manera que profesionales médicos, ingenieros, administradores, que ejerzan este rol de intermediación ante las autoridades en representación de terceros, lo hagan cumpliendo con reglas éticas y sean de alguna manera supervisados por sus pares, a efectos de que no se falte a la fe pública ni se invadan los ámbitos profesionales de cada especialidad. En este sentido, es más conveniente que en vez de pretender regular el lobby, se fijen pautas de autorregulación, tal como se estila en la Unión Europea.

Desde la visión de Estado, es importante que todo contacto de funcionarios, autoridades o parlamentarios con privados quede archivado en un registro instalado en la web, que informe los motivos del contacto, temas presentados y documentación de respaldo.

El tema de transparentar significa eliminar el secretismo y poner a disposición del público lo que cualquier persona presente como argumento de defensa de sus posiciones o intereses. Toda persona u organización, con o sin fines de lucro, tiene el derecho a conocer lo que otras opinen en relación a los temas que le interesan o que puedan afectarlos. Así, la reglamentación del lobby es parte de la participación ciudadana y no se debería descontextualizar de ella.

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7 diciembre 2006, Periodismo Independiente @hnarbona en Twitter

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