Es mayo 31 de 2013 y la Jueza Gloria Ana Chevesich está incorporada a la quina que se presenta al Senado para su ascenso a la Corte Suprema. Es la culminación de una carrera impecable, casi heroica, que la enfrentó a los poderes fácticos de mayor peso en nuestra imperfecta democracia, enviudando en el curso de ese derrotero. Este artículo lo escribí y publiqué en julio de 2010.

La jueza Gloria Ana Chevesich Ruiz, Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, una ejemplar servidora pública del Poder Judicial, Magistrada que tuvo a cargo por más de siete años uno de los casos emblemáticos de corrupción en Chile. El Caso MOP GATE, MOP CIADE, en donde altas autoridades de exclusiva confianza del gobierno de Ricardo Lagos, se coludieron con agentes operadores del sector privado para organizar una triangulación de recursos públicos, mediante la sobrevaloración de obras públicas y pagos por servicios ficticios prestados por la propia Universidad de Chile y la Consultora GATE. En definitiva, la sentencia emitida describe como una bien aceitada máquina de defraudación fiscal, que en su momento se quiso justificar como “sobresueldos”, produjo una pérdida por fraude y estafa al Fisco que alcanza los 1200 millones de pesos, cuyo destino final pudo ser, aunque no se logró probar en la causa, el financiamiento de campañas políticas.

Este ardid para robar fondos del Estado habría partido con pagos de sobresueldos siendo Ricardo Lagos Ministro de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Posteriormente, durante su período presidencial, su Ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, fue el principal imputado de esta investigación.

La Ministra Gloria Ana Chevesich dictó una sentencia de 3 años de pena remitida sin privación de libertad para el ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz y de 5 años de presidio remitido para Sergio Cortés, ex jefe de finanzas de esta cartera.

En el aspecto civil se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado y se condena a los acusados a pagar lo siguiente: Carlos Enrique Cruz Lorenzen la suma de $ 799.142.217, Sergio Cortés Castro la suma de $ 777.842.217; Roberto Salinas Briones la suma de $ 133.700.000; Héctor Peña Véliz la suma de $ 777.842.217; Héctor Quiroz Astorga la suma de $ 350.177.717; Ramón Silva Améstica la suma de $ 57.925.617; Luis Antonio Jara Núñez la suma de $ 150.390.000; Eduardo Bartholin Zanetta, Gonzalo Castillo Navasal y Nassir Sapag Chaín la suma de $ 21.300.000; Oscar Araos Guzmán la suma de $ 543.562.836, y María Dolores Rufián Lizana la suma de $ 307.573.953, de manera solidaria.

En el largo camino a esta sentencia, la Ministra Chevesich tuvo que soportar intensas y soterradas presiones, tuvo que conocer del robo artero de un computador clave desde el MOP, enviudó luego que su marido sufriera un ataque cerebral, fruto talvez de las presiones que vivía el matrimonio en el tenso período de formalización de los inculpados; la funaron con paños negros familiares de los imputados y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.

Frente a toda esta presión, la jueza Chevesich, con su característica figura menuda y de lentes, como de recién titulada de Derecho, fue capaz de ejercer su autoridad con apego estricto a la ley, mesurada, pero firme y tenaz al ir abriendo sus cuadernos con las ramificaciones que iba alcanzando el caso. Sabiendo que su actuar establecería un hito en la aplicación de justicia en Chile, ya que, por vez primera,  se dictaría sentencia en un caso de corrupción en el ámbito de las Obras Públicas, con las repercusiones que de ello pueden derivarse a futuro.

El Caso MOP GATE y MOP CIADE debieran integrar la malla  curricular de las carreras de Derecho, Auditoría y de Administración Pública de nuestras universidades, ya que representa un verdadero laboratorio sobre la ingeniería administrativa de un delito de corrupción de marca mayor, cuyos ribetes exceden con creces el alcance mismo de la sentencia y debieran ser analizados y desmenuzados al trasluz de las ciencias políticas, para que, al transparentarse la forma cómo se vertebró esta máquina delictual, se aprenda para evitar a futuro que se reiteren estos riesgos en el aparato público.

Si se recuerda el contexto político de la  época en que estalló este escándalo, se observará que Longueira y Lagos se reunieron para analizar el tema a puertas cerradas, ya que tenía “connotaciones de Estado”. Vinieron luego una serie de normativas que se instalaron con aires fundacionales, pero que en el fondo recrearon las viejas reglas republicanas que enmarcaban en derechos y obligaciones el correcto actuar de los funcionarios públicos, las prohibiciones e inhabilidades que enmarcaban su función pública. Es decir, reiterar con bombo político precisamente las normas del Estatuto Administrativo que se incumplieron para la comisión de los delitos sancionados por la sentencia judicial de la Ministra Chevesich. Sin embargo, desde el punto de vista político un salvataje mediático y un acuerdo político que algún día se conocerá,  entre el líder UDI Pablo Longueira y el Presidente Ricardo Lagos,  quizás un pacto para que las instituciones no colapsaran, con el riesgo que ello implicaba,

La sentencia llegó después de 7 años, habiendo transcurrido el cuarto gobierno de la Concertación y en momentos en que el tema corrupción sigue en primer plano en la contingencia actual, con nuevos casos que hacen presumir que las malas prácticas han seguido  afectando el interés general y el Estado siendo la víctima de acciones dolosas para defraudarlo. Sin ir más lejos, tenemos en plena investigación el escándalo de robos en el GORE de Valparaíso, en donde la acción de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y la acción propia de la Fiscalía, han hecho trascender la existencia de una concertada organización para delinquir, robando fondos públicos con proyectos inexistentes o proyectos sobrevalorados.

Como la amenaza de extensión de la corrupción es una realidad que puede avasallar a las instituciones públicas y privadas, la labor de la Justicia es fundamental. Por ello, la labor abnegada y profesional de jueces como la Magistrada Gloria Ana Chevesich, generan una esperanza de que se podrá arrinconar a los corruptos, provengan de donde provengan, que no habrá impunidad frente a acciones dolosas que hayan perjudicado o perjudicaren el interés general.  Que se terminará el tráfico de influencias y que el Estado podrá fortalecer su capacidad reguladora y fiscalizadora con funcionarios que tienen principios claros y  se comprometen de manera republicana con el sano funcionamiento del Estado.

A la jueza anticorrupción,  Gloria Ana Chevesich, el homenaje ciudadano. Muchas gracias, Ministra.

Atacama, 11 de julio de 2010.