Practican
la violencia sin sentido, son vándalos por mal formación o naturaleza.
Canalizan fobias frente a todo lo que huela a orden o institucionalidad. Si se
esgrimen las causas para explicar su origen, ellas son múltiples.
Quizá la drogadicción ocupe un mayor
sitial, como también la mala calidad del núcleo familiar en que han crecido.
Han sido seguramente jóvenes vulnerables, criados en un ambiente materialista,
quizás provenientes de hogares destruidos por la droga, de padres que no han
comprometido tiempo en formarlos. Muchos provienen de barrios sumidos en el
terror urbano, por ende son fruto de una convivencia de barrio destrozada por
las pandillas, por los carteles de la droga. Así se explica en parte la
violencia de estos inadaptados sociales. Ellos son carne de cañón para las
mafias y sicarios potenciales para el crimen organizado. Su desapego a los
principios de la vida en sociedad les hace actuar al margen de las
reglas.
Pese a las apariencias y slogans, no son
jóvenes revolucionarios que busquen espacios de poder para una propuesta
programática, sino, más bien, personas que guardan profundos resentimientos
sociales por ser marginales en la sociedad de consumo en la que quisieran estar.
Cuando los miembros de esos grupos no
han tenido límites en sus hogares, quieren y se sienten con derecho a tenerlo
todo sin ganárselo, estamos frente a situaciones casi sin retorno, con semillas
de delincuencia germinando es la tierra fértil de ese resentimiento y
violencia. Un puñado de estos vándalos encapuchados puede convulsionar la vida
de toda una organización. Y como no creen en la democracia disfrazan su
autoritarismo en un asambleísmo manipulador, en donde no hay votaciones
transparentes, con registros ni urnas, sino un levantar la mano o pegar una
arenga y la masa debe seguir esas orientaciones. En una reunión, para boicotear
una propuesta que no vaya en su línea, basta con unos dos o tres de estos
elementos ubicados en diversos sectores de la audiencia y pidan la palabra y se
respalden unos a otros para que descalifiquen con vehemencia al que piense
diferente o terminen expulsándolo de la mesa. Ese ha sido el actuar de esos
grupos de agitación, cuando las elecciones no les son favorables se roban las
urnas, un raro estilo de uso de la fuerza, más cercana al nazismo o al
stalinismo que a la participación democrática efectiva.
En el clima confrontacional que se ha
venido desarrollando, donde se han perdido las confianzas, donde no existe una
instancia de diálogo y de negociación, nada mejor para descalificar el
movimiento estudiantil que sumirlo en la anarquía violentista, sin jerarquías
claras ni líderes que impongan un orden interno y una disciplina a sus bases.
Es probable que en esa dialéctica de no negociación, tanto a la autoridad como
a los políticos, les convenga que el movimiento se desgaste y pierda respaldo y
credibilidad en la opinión pública.
En ese sentido, las acciones de
violencia y caos que han venido provocando los encapuchados, cada vez con más
violencia, le resultan funcionales a gobierno y oposición, frente a un
movimiento que se niega a negociar y fijar compromisos de avance en la solución
del problema.
La racionalidad, en definitiva, ha
perdido espacios dentro del movimiento estudiantil y en este escenario de no
comunicación, la autoridad ha emprendido el camino institucional para
lograr las leyes que le permitan financiar las mejoras que se ha hecho o se han
comprometido para el sector educación, las que no dejan de ser un avance y un
logro para el movimiento social.
Pero, el peso de los sectores
anarquistas sobre la dirigencia del movimiento estudiantil ha ido
desperfilando
la mística del mismo, toda vez que la
tozudez demostrada parece un capricho de niños malcriados y no una actitud de
gente seria. En el seno de las familias, padres y apoderados de los estudiantes
que perdieron el año 2011, la sensación es de rechazo creciente a esta actitud
obcecada de los dirigentes, que han alejado al movimiento de propuestas sobre
las cuales se pueda avanzar y han postulado el “todo o nada” en sus petitorios,
lo cual, además, han contenido la descalificación total y permanente de la
autoridad de gobierno, la no aceptación de su investidura, de su legalidad y su
legitimidad, derivada de un genuino triunfo electoral.
Por lo tanto, la posición anarquista ha
sido panfletaria, pues ha buscado derrotar al gobierno como si fuera una
dictadura y, más que interesarse en lograr la mejora sectorial de la educación
y avanzar en la eliminación objetiva de las malas prácticas que han llevado al
lucro ilegal a un gran número de universidades, se ha enfrascado en lograr una
desestabilización de la institucionalidad para cambiar el sistema desde sus
cimientos constitucionales. La paradoja es que esos anarquistas se niegan a
votar y niegan al sufragio como herramienta de soberanía popular. Es también
una hipótesis plausible pensar en que esos grupos estén infiltrados por
intereses de diverso signo, que quieran sacar réditos del desorden y el caos.
Es por ello que los encapuchados son el
peor cuchillo del movimiento estudiantil, la quinta columna que destruye su
mística y su amplia convocatoria. Una
pobre señal ha dado la justicia respecto a estos encapuchados. La sentencia en
el caso Pitronello ha sido patética. Declarar la colocación de bombas como no
terrorista es un aberración conceptual, porque si andar colocando bombas de
madrugada en un lugar concurrido como lo es un cajero automático, no es sembrar
terror, entonces qué puede serlo. El sistema garantista de la justicia actual
amarra a las fiscalías a demostrar la culpabilidad del inculpado, pesando la
presunción de inocencia. Y, si en delitos de terrorismo individual es ello algo
difícil, en acciones de turbas que practican saqueos, destrucción de propiedad
pública, lo es aún más. La impunidad se evidencia en el rápido retorno a las
calles de delincuentes que van sumando currículum frente a sus pares y eso les
debe representar algún beneficio personal.
¿Quiénes ganan con el caos? En la
dialéctica rupturista de estos sectores nihilistas, aparece el rechazo
dogmático al orden y legalidad establecidos, un cierre de los espacios de
negociación y la imposición por la fuerza de una propuesta de demolición, para
que supuestamente surja el nuevo orden. Esto genera la reacción natural del
sistema en contra de esa amenaza y es allí donde tal reacción puede llegar a
una escalada de violencia que pasa a violar las libertades públicas y anular el
respeto que debe existir a las decisiones de la ciudadanía en uso legal de los
resortes democráticos como vía para cambiar un estado de cosas e incorporar
reformas de acuerdo a lo que dictamine la soberanía popular. Y finalmente, como
consecuencia de la barbarie, aparece el miedo visceral y la indefensión que
afecta a las personas de a pie, cuando la violencia llega a su barrios y
trabajos. Eso va carcomiendo la convivencia y favorece las nostalgias
trasnochadas de quienes siguen mirando los cuarteles para asegurar el
orden. Seria amenaza a la convivencia democrática.
Periodismo Independiente, 17 de Agosto de 2012.