La situación venezolana representa una de esas contradicciones entre el discurso y los hechos que no deja de generar ruido. Un país rico en recursos naturales, con ingresos petroleros suficientes para convertirse en un modelo de progreso y bienestar, sin embargo parece vivir en medio de burbujas, contrasentidos y poderosas anclas que limitan en forma notable el gran salto. Las bonanzas generadas por el precio internacional del petróleo tienen un olor a coyuntura y beneficio temporal si vemos los resultados en materia educativa, los niveles de competitividad y la situación de pobreza.

Se trata de un país con una larga tradición petrolera que tiene una dependencia muy fuerte de los ingresos por la exportación de combustibles, por lo que los precios internacionales juegan un papel preponderante para oxigenar a toda la economía. El año pasado se logró un crecimiento de 4,2%, tras dos años sin repunte, en tanto para este año se prevé una mejoría de 5%. Las oscilaciones de la economía hacen pensar que hay mucha dependencia de lo externo y que hace falta solidez interna. Veamos algunos datos al respecto.

La inflación venezolana el año pasado fue de 27,6% -con un incremento promedio de 34% en alimentos-, lo que nos habla de que el encarecimiento del costo de vida afecta más a los que menos tienen y que se lleva una buena parte de los ingresos. Las subas de precios en Venezuela son las mayores de América Latina en los últimos años. Esto hay que pensarlo en un contexto donde el desempleo es del 7,9%, la pobreza afecta al 27,8% de la población -según los datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal)- y hay una pérdida del poder adquisitivo debido a los bajos salarios. Un dato importante es la reducción de la pobreza que ha experimentado este país, que hace 13 años era del 49%. Es decir, hubo una reducción de la cantidad de pobres, pero los altos precios, los malos salarios y otros factores hacen que esa reducción sea muy frágil.

Y cuando pensamos en que los millonarios ingresos petroleros deberían transformarse en estabilidad y proyección al futuro, los datos nos ponen en una contradicción: mientras el gobierno de Hugo Chávez asegura que invierte 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, la Ley de Presupuesto establece que se planificó sólo un 2,8% para 2011 y que esto se redujo a 2,4% del PIB en 2012, según los informes del Observatorio Educativo de Venezuela. El discurso oficial y los datos oficiales no coinciden. Esta incongruencia no es nueva: en su libro "Basta de historias", el periodista Andrés Oppenheimer dice que los datos oficiales son desconocidos o refutados por organismos internacionales y que, de acuerdo a cálculos basados en datos oficiales, cada año el gobierno de Chávez destina un promedio de 14.500 millones de dólares para "donaciones políticas" a otros países, en tanto se ha ido reduciendo la inversión en ciencia y tecnología.

Un indicador interesante es que el número de patentes registradas cayó de 794 en 1998 a sólo 98 en 2008. Y, actualmente, Venezuela es el país más atrasado en registro de patentes en toda América Latina y es uno de los últimos a nivel mundial: de un total de 141 países, ocupa el lugar 118, según un ránking realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU. Igualmente, es el país latinoamericano menos competitivo, pues ocupa el lugar 126 de un total de 141 países. Y un dato más duro es que es el país peor posicionado a nivel mundial en cuanto a libertades económicas: está en el sitio 144 de un total de 144 países estudiados por el Fraser Institute de Canadá.

El caso venezolano es representativo de las economías poco planificadas y dependientes de coyunturas: el auge de los ingresos petroleros es una burbuja de oxígeno que, tarde o temprano, se acabará y que por sí misma no es suficiente para mantener beneficios para la gente. Con los millonarios recursos y sin una inversión real que mejore la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología, y la competitividad, no se logrará más que una economía poco sólida y dependiente de dádivas. Los países que se dicen ricos por sus recursos o sus ingresos, en realidad son pobres si no logran que esa riqueza se transforme en beneficio a largo plazo para la gente.