La política fiscal, se entiende como el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno-externo del estado, las operaciones y situación financiera de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto y distribución de la inversión y consumo público como componentes de gasto nacional. En sentido estricto, la política fiscal responde a los cambios de los programas de gasto público y de impuestos, su formulación e implementación reside en el gobierno central, a través del ministerio de hacienda.

La política fiscal que más nos conviene es aquella que permita obtener un financiamiento optimo para los bienes públicos y privados (que sean provistos por el estado) en el tiempo, a partir del crecimiento económico. En este sentido, podemos decir que el índice de gasto púbico siempre se podrá discutir y pertenece a la esencia del presupuesto y a sus fuentes de financiamiento, todo desde la esfera política.

La discusión sobre política fiscal se ve afectada por dos situaciones que se han dado en el tiempo. Por un lado, existen problemas con la interpretación respecto a la orientación y evolución de la política fiscal, dado que se le otorga una dependencia fundamental de los criterios contables utilizados en la construcción de los balances fiscales. Y por otra, el tema de la simultaneidad de los movimientos fiscales originados en decisiones de política con los originados por factores exógenos (como los ingresos que siguen la evolución del ciclo económico y gastos que son la expresión de compromisos legales o contractuales asumidos con anterioridad por el estado), dificulta la interpretación de la voluntad de la política fiscal.

Esta situación se realzo en el tiempo de la vuelta a la democracia.

Es por esto, que el gobierno decide generar un indicador del balance estructural (BESP), que por definición, representa el balance presupuestario que hubiese existido en el Gobierno Central si el producto estuviese en su nivel potencial y el precio del cobre fuese el de mediano plazo, excluyendo por lo tanto los efectos cíclicos y aleatorios de dos factores de principal importancia: la actividad económica y el precio del cobre. Asimismo, el indicador del BESP acerca la contabilidad presupuestaria al concepto de variación patrimonial neta del sector público (VPN), considerando como determinantes del déficit todas aquellas operaciones que modifican la situación patrimonial del sector público y, como financiamiento, las transacciones netas de activos del sector público con el sector privado, aun cuando éstas no constituyan propiamente deuda pública.

En palabras sencillas, el indicador del BESP es un indicador de discrecionalidad de la orientación de la política fiscal, cuyas herramientas son la recaudación y el gasto abstrayendo los factores coyunturales y exógenos de las decisiones de ingresos y gastos.

Pero la contribución del indicador del balance estructural va mucho más allá de proveer información para el análisis de la política fiscal, ya que constituye la herramienta esencial para la formulación de la política fiscal de mediano plazo en Chile. En efecto, a partir del año 2000 la política fiscal comenzó a ser guiada con una regla basada en este indicador, usando la cifra de 1% del producto interno bruto (PIB) como objetivo de superávit estructural.

Por su carácter público y anunciado, esta regla provee de un ancla de credibilidad a la política fiscal, lo que significa que los agentes económicos saben cuál será la reacción de política fiscal ante cambios en el entorno macroeconómico. Esta posibilidad de predicción genera confianza y espacio para aprovechar el carácter contra cíclico de la regla. De otra manera, es muy difícil para los agentes económicos distinguir entre una legítima reacción de política macroeconómica y una expansión de corte más populista. Cabe recordar que una eventual pérdida de credibilidad en la política fiscal puede llegar a ser dramáticamente contractiva a través de la alteración de las tasas de interés de largo plazo y/o del riesgo país.

Por construcción de la regla, la política fiscal es contra cíclica, ya que permite la operación de los estabilizadores automáticos: mientras los ingresos fiscales fluctúan con el ciclo económico, la expansión del gasto es más suave siguiendo la evolución de la capacidad productiva de la economía. Así, la regla implica que en la fase expansiva del ciclo, el fisco tenga un superávit convencional más elevado y en la fase recesiva, uno menor o un moderado déficit. Ésta, justamente, es la razón de la propiedad contra cíclica de la política, y tiene la gran virtud de limitar la necesidad de cambios abruptos de política en los extremos del ciclo. Por ejemplo, disminuye la probabilidad de tener que realizar un ajuste fiscal violento ante un brusco cambio de condiciones externas, ya que los niveles de gasto no se expanden ni contraen excesivamente en tiempos de bonanza o en tiempos recesivos, respectivamente. En comparación a reglas alternativas de política, como la mantención de un balance convencional constante, o la orientación del aumento del gasto de acuerdo con la expansión proyectada del PIB, el objetivo de balance estructural permite que los ciclos económicos sean menos pronunciados. Por otra parte, la meta del superávit estructural de 1% del PIB permite asegurar una dinámica de acumulación de activos que hará posible hacer frente a compromisos futuros del sector público, que crecen a una tasa mayor que los ingresos fiscales y a gastos por pasivos contingentes. Dentro de esta última categoría, los más relevantes son las garantías de ingreso mínimo en concesiones, los originados en demandas judiciales contra el fisco y la garantía de pensiones mínimas en el sistema de pensiones. A éstos deben agregarse posibles pérdidas por parte del Banco Central.

Por lo tanto, De este modo, el BESP eleva tanto la transparencia como la flexibilidad en el manejo coyuntural de las finanzas públicas, contribuyendo a transformar a la política fiscal en un instrumento central para la promoción de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento en el mediano y largo plazo. Ambos objetivos han sido reconocidos como centrales en el manejo de la política macroeconómica de los gobiernos democráticos en Chile desde los ’90.